Los fondos deberán destinarse a facturas de agua, alimentos, y material de aseo para los jornaleros chabolistas de Huelva y Almería.
También se financiarán labores de recogida de basuras en los asentamientos.
La Junta cifra en 2.100 los trabajadores que viven en infraviviendas en la provincia de Huelva, la mitad de los que calculan otros colectivos y ONG.
Colectiva de Trabajadores Africanos: «Las ayudas de la Junta de Andalucía se quedan en asistencialismo y limosnas».
16 de Abril de 2020. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a la tramitación de un “decreto ley de Políticas Migratorias para ayudas extraordinarias a ayuntamientos en cuyos municipios existan asentamientos conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivos bajo plástico, por el que se destina un montante de 2.297.160 euros a las provincias de Almería y de Huelva”.
Según la información facilitada por la Junta, las ayudas para la provincia de Huelva, que se incluirán en el «decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del Covid-19», ascenderán a 1.138.599 euros, cantidad de la que los ayuntamientos podrán detraer el dinero gastado por el municipio en los asentamientos desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19.
El restante se distribuirá “tomando como referencia los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el INFOCA y Cruz Roja”, que “han sido verificados a su vez por los municipios interesados”, según la nota de prensa de la Junta. Según dichos mapas, los asentamientos de trabajadores agrícola se hallan en cinco localidades onubenses: “Moguer, con 8 asentamientos y una población migrada de más de 480 personas, Palos de la Frontera con un asentamiento y una población de más de 360 personas, Huelva, un asentamiento y una quincena de personas migrantes; Lucena del Puerto, con 13 asentamientos y una población de 815 personas), y Lepe, con 9 asentamientos y más de 495 personas”.
La distribución de los fondos será coordinada por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, y contempla gastos de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno; adquisición y distribución de alimentos y material de higiene y sanitario; además de otros productos básicos y actividades esenciales.
Cifras discordantes
La partida de la Junta de Andalucía supondría un gasto aproximado de 550 euros por cada persona afincada en un asentamiento chabolista, tomando como referencia las cifras ofrecidas por el propio ejecutivo andaluz.
Cifras que en absoluto concuerdan con las que manejan otros colectivos y organizaciones que trabajan sobre el terreno en los asentamientos. Así, en un recuento reciente realizado por el Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA) contabilizaba, sólo en Lepe, en 945 los trabajadores que viven en infraviviendas en el municipio costero. Otro cómputo, realizado por Cáritas Huelva también hace unas semanas (antes de comenzar el estado de alarma), elevaba esa cantidad hasta los 1.050 chabolistas. Lo mismo ocurre en otras localidades. Todos los colectivos consultados coinciden en asegurar que la Junta se ha quedado «muy corta» a la hora de calcular los beneficiarios de la ayuda a los asentamientos.
"Es de agradecer la ayuda, pero seamos conscientes y abramos de una vez los ojos de las administraciones que siguen sin reconocer una realidad evidente". En un post publicado en las redes sociales este miércoles, el Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA) ha criticado que las ayudas de la Junta de Andalucía se quedan en asistencialismo y limosnas, algo de ropa y comida proporcionados por colectivos sociales sobre los que las administraciones lavan su conciencia y su imagen".
El CTA ha recordado que tras el incendio del pasado martes en uno de los asentamiento de Palos de la Frontera, "esta gente ha tenido que buscarse la vida para dormir, y como única alternativa empezar a construir sus chabolas de nuevo sobre las cenizas aún humeantes de las calcinadas ayer".
El colectivo considera que decreto anunciado por la Junta llega un mes tarde, y se pregunta "a ver cuánto tardamos en ver sobre el terreno alguna mejora funcionando". El CTA reclama puntos de agua, contenedores para basuras y módulos sanitarios. "Servicios a los que cualquier persona tiene acceso y derecho en situación normal" y que, para el colectivo "aquí se instalarán, tarde, en un estado de emergencia grave".
"Estos asentamientos no deben existir en ningún caso", destaca el colectivo de trabajadores chabolistas, que achaca la existencia de los asentamientos a que "miles de personas en situación irregular no pueden tener acceso a un contrato de alquiler, ni a una cuenta bancaria, ni a un contrato de trabajo". Este sentido, el CTA considera necesaria la regularización urgente "para que estas personas, estos trabajadores que además están sosteniendo las economías de esta zona, puedan tener acceso por si mismos a alcanzar una vida digna sin necesitar limosnas de nadie".
"Aquí el problema no es la comida, es la vivienda y tener papeles", apostilla el CTA.
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