El historiador Omar Romero de la Osa ha destacado en varios trabajos la importancia de los mecanismos de control y represión de la población del bando perdedor de la Guerra Civil. En un estudio recientemente publicado, recoge el papel de la cárcel de Aracena en esta tarea, en la que se emplearon arduamente los franquistas desde 1936.
La investigación está recogida en las actas del IX Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo, celebrado en Granada en 2016. Su comunicación ‘Mapeando la represión franquista en el suroeste peninsular. La cárcel del Partido Judicial de Aracena (Huelva) como caso de estudio’, se expuso dentro del ‘Taller 13: La guerra civil y el nacimiento del franquismo’, y ahora se ha incluido en el libro final.
Según Romero de la Osa, a partir del verano de 1936 nadie quedó al margen de los terribles sucesos que marcarían la vida de los españoles. Un trauma como el acontecido durante la guerra civil y posterior postguerra sería asumido por todas las esferas y mecanismos. Un elemento central en la construcción del franquismo fue la represión, el control y la coerción social.
Los mecanismos para ejercer la obediencia fueron la gestión de poblaciones y las culturas disciplinarias que ejercieron un poder desde el ámbito más privado, el del domicilio, a lo más público, de tal manera que las circunstancias vivenciales en consonancia con los discursos permitían la división social entre vencedores y vencidos.
La comarca de la Sierra no tuvo más interés militar que el paso de las tropas rebeldes por la vía de la Plata a su paso hacia Extremadura, quedando prontamente como zona de retaguardia como demuestra los problemas de ocupación militar tras el paso de la Columna Redondo.
La reciente investigación de Romero de la Osa en los archivos del Tribunal Territorial Militar de Sevilla y en el Municipal de Aracena le han permitido “desarrollar la mirada desde la cárcel, que permite relacionar varios aspectos como la legislación, los discursos y las relaciones entre los sujetos implicados en el confinamiento, introduciendo un elemento novedoso como es la perspectiva espacial que permite hacer visible su experiencia”.
Todas las acciones represivas y coercitivas tuvieron como objeto “crear una nueva identidad nacional legitimado en la exclusión del vencido y creando un dispositivo disciplinario que regularon la vida de las familias, del trabajo o de cualquier aspecto de la vida cotidiana”. Desde este punto de vista, la cárcel servía no solo para reorientar al confinado sino también a su familia. La cárcel del Partido Judicial de Aracena vivió tres fases; la del terror caliente desde la llegada de las tropas rebeldes hasta 1937; una segunda, entre mediados de 1937 hasta el final de la guerra en 1939, donde la cárcel sirve como administradora de las penas de los tribunales militares; y una tercera cuando la justicia ordinaria recupera su poder bajo la nueva legislación franquista.
Durante la primera fase, dentro de los muros de la cárcel de Aracena se produjeron varios asesinatos como los de José Román de la Torre, así como también los de Manuel Nevado y Crispín Domínguez en agosto de 1937. A falta de unos datos definitivos para los fusilamientos en Aracena, pueden tomarse los datos de la Quinta de 1937, en la que el 40% de la población joven en edad militar aparece como fusilada. Otro dato significativo será la nula representación de los poderes penitenciarios como demuestra que el alcalde de Aracena se niegue informar a finales de 1936 al director de la Prisión Provincial de Huelva o le envíe datos falsos, actuando de forma autónoma a favor de los sublevados.
Desde luego la eliminación física del contrario en espacios de retaguardia no era suficiente para controlar eficazmente a la población. Por ello, según el estudio, “la segunda fase del sistema penitenciario será la gestión de la población mediante la presencia policial-militar, esencial para mantener el ideario del enemigo y su Derecho Penal, por el cual se diferenciaba entre buenos y malos españoles”. Los mecanismos para llevar a cabo el control disciplinario fueron la denuncia, que podía hacerla cualquier persona, en un claro efecto de tirar la piedra y esconder la mano pues se podía denunciar sin consecuencia alguna, y la detención, que podía ser realizada de oficio por las fuerzas de orden público sin necesidad del concurso de un juez.
De entre estas personas denunciadas, el investigador entresaca algunas muestras que ilustran el efecto del sistema disciplinario en diferentes esferas. Un ejemplo de funcionamiento del dispositivo represivo a través del mecanismo de la denuncia en la intimidad del domicilio fue el de Salomé Roncero Sánchez, una trabajadora de hogar denunciada en agosto de 1937 por el niño de la familia que cuidaba. La denuncia verbal a un guarda municipal, que realizaba su ronda en la calle, fue tramitada aunque el niño fuera menor de edad por ir acompañado de tal autoridad. Todo porque el niño oyó escuchar acerca de los rojos, hecho que dio lugar a abrir diligencias de oficio, concluyendo “es muy peligrosa y tendente a la ratería cuando la dominación roja”.
Desde la esfera pública también se realizaron pesquisas y detenciones como el caso del Presidente de la Comisión Gestora en agosto de 1936 solicitando información de las personas huidas a la entrada de los rebeldes, como fue el caso de los serranos huidos por Valencia del Mombuey (Badajoz) y apresados en Barrancos (Portugal), cuya figura más sobresaliente fuese Luis Morón Moreno, Delegado del Gobierno de la República en la Sierra y ejecutado poco después. Además fue frecuente la presión sobre aquellos que no habiendo tenido protagonismo durante la República eran desafectos al Nuevo Régimen; tales serán los casos de Francisco Marín, huido de su casa y encontrado muerto en un finca cercana, o los de María Aguilera García y José María Martín Alcaide el 13 de abril de 1937; Trinidad Chaves muerta a causa de lesiones en Higuera de la Sierra el 17 de mayo de 1937; de Tomás González González, “encontrado muerto” en la finca de ‘Las Encinillas’ de Aracena el 16 de junio de 1937; en Galaroza se encontró el cadáver de José Romero Arteaga, de Jabugo, el 1 de agosto de 1937, o de Manuel Iglesias Martín, hallado muerto el 20 de agosto de 1938 por suicidio.
La tercera etapa, entre 1939 y 1944, transcurrió bajo la promulgación de la nueva legislación franquista, basada en principios de jerarquía, propiedad, familia y orden. Se perseguía el sometimiento de la población a una rígida disciplina, más que cualquier tipo de reinserción o arrepentimiento. La definición de la delincuencia franquista y su persecución fue clave en la consecución del edificio franquista.
Se produjeron muchos delitos en la comarca serrana contra la propiedad consistentes en robos de comida, entendibles en una época de carestías y control alimentaria por parte de la Comisión de Abastecimiento y la Fiscalía de Tasas. Se recurría al robo de alimentos o de elementos de subsistencia, como el cisco; por esta razón la mayoría de detenidos son del mismo pueblo obligados por la carestía, siendo significativo que muchas de los robos los cometían varios miembros de una misma familia. En la distribución espacial de procesados sigue la constante de personas de Aracena, Santa Olalla, Aroche o Almonaster.
Capítulo aparte constituye las condiciones del edificio en sí. La cárcel significaba, según Romero de la Osa, “un pilar fundamental en la quiebra de la personalidad del procesado, primero porque el espacio mismo era muy reducido, insoportable para el gran número de procesados en una instalaciones anticuadas, donde se ha podido documentar la ausencia de colchones, menajes de cocina y toda falta de intimidad; y en segundo lugar porque era un lugar donde se procedía a la resignificación social del procesado obligado a escuchar en el patio la lectura del periódico ‘Redención’ o la política de premios para crear enemistades entre los reclusos”.
En definitiva, esta investigación de Omar Romero de la Osa pretende un estudio del franquismo a través del estudio de los mecanismos disciplinarios generados por los rebeldes a través de la cárcel, así como de la propia institución penitenciaria desde la legislación y el espacio.
Se constata, pues, que se generan dos mecanismos de control: la denuncia y la detención que se realizaba sin ninguna garantía judicial. A partir de aquí se establece una cultura de diferenciación entre vencedores y vencidos en los que participan no solo militares sino también gente de a pie. Con ello, se produce un control de la población a través del delito, no se busca reinserción sino disciplina para una población que mayoritariamente roba para subsistir.
El investigador serrano también ha redactado otros trabajos sobre esta institución penitenciaria de Aracena, incluso ha levantado digitalmente sus muros y estructura a partir de una fotografía y la descripción de varias personas que conocieron la cárcel.
