La Carpa pide la intervención del Defensor del Pueblo para garantizar los derechos de las trabajadoras de Surexport accidentadas en Almonte

Personal de la empresa y mediadores de la Junta de Andalucía impiden a los colectivos sociales el contacto con las víctimas

Viernes, 5 de mayo de 2023. La Carpa de Sevilla, una de las cinco asociaciones y colectivos a los que en los últimos días se les ha impedido entrar en contacto con las victimas del accidente laboral in itinere sufrido por un autobús de la empresa Surexport el pasado lunes (en el que falleció una trabajadora y otras 38 resultaron heridas), ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, «a la mayor brevedad posible», ante la «falta de transparencia» y el «hermetismo» con relación al suceso, y «dadas las condiciones a las que están sometidas las convalecientes».

En un escrito registrado este viernes, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, el presidente de La Carpa Sonríe, la vida es bella, Alfonso Romera, explica como el pasado miércoles, 3 de mayo, se desplazó junto a otros colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos y de las personas trabajadoras y migrantes (Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación Multicultural de Mazagón, y Mujeres 24 H) al Hostal Don Diego en San Juan del Puerto, en el que las mujeres heridas comparten alojamiento con otras trabajadoras marroquíes de «contrato en origen», y donde se constató que «la verja se encontraba trabada con una cadena y un candado» y «custodiada por un responsable de la empresa SUREXPORT que de malos modos nos impidió contactar con las convalecientes en el accidente, alegando que era una propiedad particular».

Romera destaca en su solicitud «urgente» al Defensor que el día antes también se denegó el acceso a Fatima Ezzohayri Eddriouch, de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción  (AMIA), quien en un vídeo difundido en las redes sociales relató cómo le fue impedida la entrada a pesar de haber recibido llamadas de las propias víctimas solicitando ayuda y denunciando la situación en la que se encontraban dentro de los alojamientos de la empresa.

Asimismo, el presidente de La Carpa denuncia que, por contra, sí se está permitiendo el paso a «entidades gubernamentales de carácter puramente asistencialista o de la propia empresa» mientras se impide el contacto con las afectadas a aquellas entidades «cuya misión es asesorarles jurídica y laboralmente, así como «facilitarles la comunicación mediante interpretes propios».  En este sentido, Romera destaca que, «por nuestro carácter sanitario», el interés de su organización  «también era comprobar que en el proceso asistencial desde el hospital hasta la atención ambulatoria no habían encontrado trabas administrativas».

Hasta el momento, las únicas personas que han podido contactar con las víctimas del accidente sin impedimentos de la empresa Surexport son los propios mediadores de empresa y los que representan a la Junta de Andalucía a través de una contrata con la Cruz Roja de Huelva, cuya actuación viene siendo cuestionada por las asociaciones y colectivos preocupados por el estado de las víctimas del accidente de Almonte y la imposibilidad de poder tratar directamente con ellas su situación y necesidades.

«Opacidad de las informaciones»

En el escrito registrado este viernes ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el presidente de La carpa denuncia la «opacidad de las informaciones que llegan a nuestra asociación» y manifiesta «serias dudas de que las pacientes estén recibiendo una correcta información sobre su proceso hasta la completa sanación». En este sentido, Romera destaca que las víctimas del accidente son atendidas en los tres niveles asistenciales» (hospitalario, centros periféricos de especialidad y medicina primaria) y las trabas que deben enfrentar por las «dificultades del idioma, aislamiento de los lugares de convalecencia, dificultad de transporte a los centros sanitarios, incomunicación familiar, difícil acceso a recursos jurídicos…».

«Es por ello que manifestamos nuestra preocupación», finaliza el escrito en el que se ruega «encarecidamente y con la mayor urgencia» la intervención del Defensor del Pueblo investigando los hechos que denunciamos».