Piden que se paralicen las oposiciones de estabilización convocadas y lamentan que Bendodo incumpla su palabra de esperar a que la ILP se tramite en el Parlamento.
El portavoz de los interinos en fraude de ley de la Junta, David Núñez, ha lamentado que “se nos eche a la calle sacando nuestras plazas a oposición libre mientras la Junta hace miles de contratos exprés en el que solo se mira el orden de llegada” y ha pedido la paralización de las oposiciones que afectan a este colectivo y que se retomarán en octubre.
Los miembros de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los 30.000 interinos de la Junta en fraude de Ley, encabezados por Núñez, han acudido hoy a San Telmo para pedir al Gobierno andaluz que suspenda las oposiciones extraordinarias de estabilización convocadas y se espere a que el Parlamento andaluz tramite la ILP en este periodo de sesiones.
Convocando las oposiciones “se les está quitando el derecho a solucionar su situación de fraude de ley antes de echarlos a la calle” cuando la vía para hacerlo “existe y está tramitándose en el Parlamento autonómico”, ha advertido.
Núñez ha lamentado que “profesionales con hasta 27 años de antigüedad y unas oposiciones aprobadas sin plaza puedan quedar en el paro mientras entran interinos sin ningún tipo de oposición ni proceso selectivo con el contrato exprés”. “Si ésta es la excelencia que prometía el Gobierno del cambio, más vale que no cambien nada y dejen las cosas como estaban”.
Asimismo, ha denunciado que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, “está incumpliendo su palabra porque no quiere esperar a que se pronuncie el Parlamento, algo que dijo que haría en Comisión Parlamentaria.
En este sentido, se preguntó “qué prisa tiene por mandar al paro a los interinos” cuando es posible retrasar los exámenes. Precisamente el Gobierno central amplió el plazo hasta finales de 2021 para que se abordaran los procesos de estabilización del personal interino en fraude de ley por abuso de la temporalidad.
El impulsor de la ILP ha explicado que el Gobierno andaluz “podría perfectamente” suspender las oposiciones ateniéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2020 donde se desaprueban las oposiciones libres para cubrir las plazas ocupadas por los funcionarios interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad.
Núñez ha defendido que la vía de la Iniciativa Legislativa Popular es la solución legal para poner en orden la situación de 30.000 personas “que han trabajado durante esta pandemia para sostener los servicios públicos andaluces. El Gobierno andaluz no puede volvernos la espalda”.
Ha recordado asimismo que ya hay una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidiendo la suspensión cautelar de las oposiciones de estabilización, que son las que mantiene la Junta para cubrir las plazas de los funcionarios interinos en fraude de ley. Y que “se están presentando cientos de denuncias individuales a raíz de la sentencia del TJUE”.
Iniciativa Legislativa
La ILP es la primera proposición de ley nacida de una iniciativa ciudadana que llega al Parlamento en 31 años. Plantea que las oposiciones de estabilización sean exclusivamente por concurso de méritos, sin examen, dado que los funcionarios interinos ya aprobaron oposiciones aunque sin plaza.
La vía del concurso de méritos está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como una medida extraordinaria y siempre que se apruebe mediante una ley. De ahí que pusieran en marcha el proceso para llevar ante el Parlamento Andaluz una proposición de Ley promovida desde la ciudadanía, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La petición de los interinos andaluces fue admitida a trámite por el Parlamento Andaluz el 15 de mayo de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera entrar en la Cámara andaluza. Se presentaron un total de 51.630 firmas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para afrontar su primera votación, sobre si la ley debía tramitarse.
El 25 de septiembre se aprobaba en el Pleno su toma en consideración con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox. Se convertía así en la primera ILP que se tramite en el Parlamento, dado que las anteriores no superaron la barrera de la primera votación parlamentaria.
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