En Hong Kong el conflicto se encuentra en punto muerto. Ya han pasado casi siete meses desde las primeras manifestaciones, los días 9 y 16 de junio de 2019, en protesta por el proyecto de ley que introducía en el código penal las extradiciones de delincuentes a China continental; un proyecto impulsado por el gobierno de Pekín, aunque sus portavoces lo hayan desmentido.
A pesar de que el proyecto fue retirado en los primeros días de septiembre, una mayoría de la población se agrupa en torno a las principales reivindicaciones esgrimidas por los estudiantes y los jóvenes en general: elecciones democráticas, que se produzca una investigación independiente sobre la violencia policial y una amnistía para todas las personas detenidas en estos siete meses, que sobrepasan el número de cuatro mil.
Las manifestaciones se han repetido todos los fines de semana desde entonces y otra vez acabaron con actos violentos en las organizadas los pasados días 24 y 25 de diciembre en centros comerciales de los barrios más frecuentados, y en las cercanías de algunos almacenes que los manifestantes consideran alineados con las tesis del gobierno del Partido Comunista Chino. La policía detuvo a 310 manifestantes a quienes la gobernadora Carrie Lam, manifiestamente a las órdenes de las autoridades de Pekín, ha acusado de “arruinar las celebraciones navideñas”.
Para el próximo 1 de enero de 2020, el Frente Cívico de Derechos Humanos ha organizado una gran concentración en Victoria Park, el lugar donde tradicionalmente se reúne un número importante de opositores.
En el territorio semiautónomo de 7,4 millones de habitantes, donde rige la fórmula “Un país, dos sistemas” desde la retrocesión inglesa de la isla a China del 1 de julio de 1997, las autoridades chinas presionan a la gobernadora Carrie Lam para que aplique el artículo 123, relativo a seguridad nacional, de una Constitución que nunca ha entrado en vigor, y que permitiría a la policía intensificar la represión y prohibir cualquier apoyo de las ONG extranjeras a los manifestantes.
Una policía, según la información de la agencia Notimex reproducida en el diario mexicano Pulso, ha admitido que durante la represión en los enfrentamientos de las jornadas navideñas puso en peligro la seguridad de los manifestantes, reconociendo que fue inapropiado mostrar la identificación de un reportero frente a una cámara que transmitía en directo desde dentro de un centro comercial en el distrito de Tai Po.
El periodista, Ronson Chan, del Stand News, fue acorralado por hombres encapuchados, mientras cubría los acontecimientos, quienes mostraron a las cámaras su nombre, tarjeta de identificación y fecha de nacimiento, lo que ha motivado la protesta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong y la Asociación de Fotógrafos, convencidos de que la policía actuó deliberadamente “al hacer pública la información personal del reportero”.
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