WWF exige a la Junta de Andalucía administración competente en la gestión de Doñana, el cierre «con carácter urgente» de todas las fincas ilegales.
El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea da la razón a WWF y sentencia que las administraciones responsables de cuidar Doñana incumplen las leyes europeas, provocando un grave daño a la biodiversidad de este espacio natural único en el planeta.
WWF: «Doñana es un ecosistema cada vez más débil, asediado por antiguas y nuevas amenazas y por la realidad del cambio climático. Esta sentencia recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar antes de cruzar el punto de no retorno»
Jueves, 24 de junio de 2021. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública este semana su sentencia en relación a Doñana, en la que concluye que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que ha condenado al estado español.
Esta sentencia histórica confirma las reiteradas denuncias que la organización de defensa de la naturaleza y el medio ambiente WWF viene efectuando desde hace décadas ante todo tipo de instituciones, alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua, la impunidad que impera en el entorno y la inacción y falta de medidas efectivas para evitarlo por parte de la Junta de Andalucía y el Estado Central.
Según la sentencia dada a conocer en Luxemburgo, resulta claro que las extracciones de agua están dañando de forma grave el Espacio Natural de Doñana y sus valores naturales. Asimismo, la sentencia también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.
Un largo proceso judicial de 10 años en la UE
Con esta histórica sentencia culmina un proceso que se inició hace diez años tras la queja presentada por WWF ante la Comisión Europea (CE), en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. Todo ello, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el gobierno central.
Durante más de diez años, WWF ha venido realizando un seguimiento exhaustivo a la situación de los acuíferos y ha aportado al proceso legal informes propios elaborados por expertos y organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos. Esto hizo que, finalmente, la CE el 24 de enero del 2019 decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- Siguen sin cerrarse los regadíos ilegales en la zona del Condado, al tiempo que su superficie sigue creciendo sin parar todos los años.
- Aparecen nuevas presiones, como el avance de la agricultura intensiva al norte de Doñana que está transformando rápidamente la marisma de Aznalcázar usando todo el agua del río Guadiamar.
- La falta de lluvias y aportes superficiales en cantidad suficiente provocan que la marisma norte dentro del Parque Nacional de Doñana lleve dos años prácticamente seca; las lagunas peridunares del espacio natural pierden superficie de forma continua e incrementan su temporalidad
- El deterioro del acuífero, en cantidad y calidad de sus aguas, no cesa; y otras presiones sobre Doñana que se multiplican por el impacto evidente del cambio climático.
Ante esta situación, WWF exige al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que afronten sus responsabilidades y competencias, a fin de impedir mayores perjuicios a Doñana. En concreto:
- La Junta de Andalucía -con competencias en la gestión de Doñana, agricultura y ordenación del territorio- debe cerrar con carácter urgente todas las fincas ilegales, que no se pueden regularizar en ningún caso. De igual forma, debe recuperar los montes públicos ocupados por la agricultura ilegal. Así, es imprescindible que haya voluntad política y recursos para ejecutar el Plan de la Corona Forestal que languidece deliberadamente sin medios ni personal suficientes. Para ello se ha de crear una Oficina Técnica, con una figura de Coordinador del Plan con dedicación plena, y un equipo de trabajo que permita el correcto desarrollo de sus medidas.
- Por su parte, aunque se reconoce que en esta legislatura se han producido algunos avances en el cierre de pozos y el acuífero ha sido declarado “en riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales”, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe cerrar de forma inmediata todas las captaciones ilegales que están robando el agua a Doñana. Asimismo, también debe implementar urgentemente las medidas planificadas para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva y que provocarán la transformación irreversible de las valiosas marismas de Aznalcázar.
- También se considera imprescindible garantizar que los nuevos Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia no se utilizan para financiar nuevas infraestructuras hidráulicas que dañen Doñana con la excusa de su recuperación. Igualmente, que no se usen para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de restauración hidrológica de Doñana a gran escala que incluya, al menos y de forma prioritaria, la recuperación del Caño Guadiamar, los Garridos y Veta Alí, asegurando la llegada de los caudales superficiales históricos que inundaban la marisma a través de la cuenca del Guadiamar.
"Hemos luchado por Doñana desde hace 50 años y estamos convencidos de que se encuentra en la situación más grave de su historia", sostiene WWF en un comunicado. "Doñana es un ecosistema cada vez más débil, asediado por antiguas y nuevas amenazas y por la realidad del cambio climático. Esta sentencia recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar antes de cruzar el punto de no retorno".
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