Lunes, 30 de enero de 2023. El gobierno del PP impuso en el año 2015 la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que de inmediato pasó a ser conocida como “ley mordaza”, por el recorte de derechos y libertades civiles que implicó para la ciudadanía desde su entrada en vigor.
Desde el año 2018, a pesar de la vigencia de esta ley, los gobiernos progresistas han llevado a cabo una gestión respetuosa con aquellos derechos y libertades, que consideramos consustanciales a la propia convivencia democrática.
No obstante, los grupos y formaciones progresistas que hoy conforman una mayoría en las Cortes Generales tenemos la responsabilidad de derogar aquella ley injusta, y promulgar un marco normativo en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de libertad, seguridad y respeto escrupuloso a los derechos humanos.
Desde el año 2020, a partir de la toma en consideración de una Proposición de Ley registrada inicialmente por el PNV, los grupos progresistas del Congreso han venido trabajando con esfuerzo y rigor en un conjunto muy ambicioso de enmiendas que reforman y derogan de facto la ley mordaza.
El acuerdo que persiguen y trabajan desde hace meses estos grupos persigue dos fines, necesaria y perfectamente compatibles: mejorar las garantías para el libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía, y perfeccionar la seguridad jurídica en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los consensos ya alcanzados en el seno de la ponencia legislativa contienen avances muy significativos en la consecución de estos fines, desde una perspectiva claramente progresista. Se trata de avances que acaban de hecho con los recortes de derechos y libertades que dieron nombre a la ley “mordaza”.
El tiempo máximo para la identificación de personas en dependencias policiales se reduce de seis a dos horas, salvo causas excepcionales y justificadas. Asimismo, tales personas tendrán derecho a que se facilite su retorno al lugar donde no pudo realizarse la identificación inicial, si se trata de un municipio distinto y las condiciones del servicio lo permiten.
En los registros corporales externos no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros.
Las autoridades deberán desarrollar protocolos específicos sobre el uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables.
No constituirá infracción la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. Solo habrá infracción cuando se ponga en peligro la seguridad de los agentes. Se acaba así con las sanciones inaceptables aplicadas a ciudadanos, por el mero hecho de grabar el desarrollo de manifestaciones.
Serán responsables de infracción quienes comuniquen una reunión o manifestación con un objeto o finalidad diferente al realmente pretendido, a fin de prevenir movilizaciones neonazis como la que tuvo lugar en Madrid en septiembre de 2021.
La falta de comunicación previa en una manifestación no determinará la comision de infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión, ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.
La regulación de las infracciones por desobediencia, resistencia o falta de respeto a la autoridad gana en objetividad, ofreciendo seguridad jurídica y efectividad a la actuación de los agentes y asegurando al tiempo la vigencia de las libertades cívicas.
La ejecución de sanciones por multa se ponderará según la capacidad económica del responsable, incluidas reducciones y fraccionamientos de pago. Es decir, por vez primera en nuestro Estado de Derecho, la cuantía de las multas será proporcional a la renta del sancionado.
Se incorporan en el diseño del DNI las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante.
Se incorpora a los animales, además de las personas y las cosas, en los casos de evitación de daños como causa legítima para entradas en domicilios y edificios.
La mejor prueba del carácter avanzado y progresista de estas iniciativas está en la respuesta en forma de declaraciones altisonantes y movilizaciones que reciben periódicamente por parte de algunos colectivos ultraderechistas.
En defensa de su lamentable ley mordaza, el PP intenta manipular a algunos de esos colectivos con claros fines electoralistas, falseando de manera flagrante tanto los propósitos como la literalidad de las reformas emprendidas en el Parlamento.
Desde estos grupos progresistas se manifiesta, sin embargo, una confianza plena en las convicciones plenamente democráticas y respetuosas con los derechos humanos de los integrantes de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ha sido precisamente el gobierno progresista de España el que ha recuperado para tales Fuerzas y Cuerpos los efectivos personales, medios e instrumentos jurídicos que le negó la penosa gestión de los gobiernos del PP.
Los siete años de gobiernos derechistas restaron más de 13.000 efectivos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que han sido repuestos gracias al esfuerzo presupuestario y de gestión desplegado desde el año 2018. Además del bochorno que aún arrastra nuestro Estado de Derecho por la utilización de los recursos del Ministerio del Interior para tratar de ocultar la corrupción del PP.
Es seguro que quedan aún retos por resolver en la protección de la seguridad ciudadana en nuestro país. Y es seguro también que los acuerdos alcanzados ya en la ponencia legislativa del Congreso no colman todas y cada una de las legítimas y fundadas aspiraciones de los grupos progresistas que forman mayoría en el Pleno.
Pero hay otras tres certezas, al menos, a tener en cuenta por esos grupos ante estos meses finales de legislatura: que la ciudadanía espera y merece de nosotros la derogación de la ley mordaza; que los acuerdos ya alcanzados son de una relevancia, un alcance y un interés innegable para las mayorías sociales; y que ningún propósito o interés parcial, por legítimo que sea, justificaría que terminara esta legislatura sin derogar la ley mordaza.
Confiemos en que el buen trabajo y las mejores intenciones que los grupos progresistas están desarrollando en el Parlamento desemboque en un final feliz, en interés de la seguridad ciudadana y de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Rafael Simancas es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales
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