La cantidad de dinero que ha recibido cada central y cada compañía eléctrica es confidencial.
Greenpeace ha hecho públicos los datos una investigación que analiza uno de los costes regulados que suman en la factura de la luz en España, muy por encima del coste real: los pagos por capacidad.
Se trata de unas subvenciones a las centrales de generación eléctrica que aprueban los gobiernos con la excusa de garantizar el suministro. Sin embargo, se han instalado y mantenido muchas más centrales de generación eléctrica de las que se necesitan y todo un sistema eléctrico contaminante, en manos de las grandes eléctricas.
Es una de las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo la organización ecologista y que evidencia que España es el país de Europa que más tipos de estos pagos por capacidad otorga, el que más dinero ha dado a través de estas subvenciones y el que antes empezó a concederlas, alcanzando cerca de 18 000 millones de euros, que se recaudan a través de la factura de la luz.
Greenpeace recuerda que la Comisión Europea (CE), en una investigación de 2015, ya cuestionó este tipo de subvenciones al sector eléctrico español. El año pasado, la CE incluso abrió un expediente a España por uno de sus pagos por capacidad, el de ‘inversión medioambiental’, por el que el Gobierno había concedido, desde 2007, unos 440 millones de euros a las centrales de carbón.
Subvenciones como estas, sostiene Greenpeace, muestran que en España la premisa de “quien contamina paga”, se vuelve “quien contamina cobra”, y en consecuencia España es el país del mundo donde más creció el consumo de carbón el año pasado y el país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2 desde 1990.
“La posición del Gobierno de España debe ser firme para que las subvenciones a las energías sucias desaparezcan, o como mínimo que los pagos por capacidad se regulen de manera más estricta”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña contra el Cambio climático de Greenpeace: “No se puede admitir que se siga obligando al usuario a subvencionar a las compañías eléctricas por mantener unas centrales sucias e innecesarias, y menos sin justificación, criterio ambiental, ni transparencia”.
Para esta investigación, la organización ecologista ha solicitado información a entidades como la Comisión Europea, Red Eléctrica de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el ministerio de Transición Ecológica sin haber obtenido respuesta concreta a las preguntas y los datos que facilitan públicamente son prácticamente incomprensibles para el público.
Datos europeos sobre subvenciones a las eléctricas
Greenpeace ha llevado a cabo la investigación también a nivel europeo y los datos recogidos desvelan que España no solo ha sido el país que más pagos por capacidad ha concedido sino que más de la mitad de todos los que se han concedido hasta la fecha en todos los países comunitarios han sido en España.
Greenpeace recopiló y analizó datos disponibles públicamente sobre los pagos de capacidad pasados, actuales y previstos en Europa. En algo menos de la mitad de los casos fue posible identificar la fuente de combustible que recibió el pago. De éstas, el 98% de las subvenciones se destinaron a los combustibles fósiles y a la energía nuclear.
Momento político
En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó varias medidas con las que legislar la adaptación a la transición energética y el cumplimiento de los objetivos climáticos, a través del paquete de energía limpia para toda la ciudadanía europea. De todos esos paquetes negociados entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, falta por cerrar el conocido como “Diseño del mercado eléctrico” que regulará, entre otras cosas, estos pagos por capacidad.
Los ministros de Energía se reunirán este 18 de septiembre de 2018 para debatir el Reglamento y la Directiva de la UE sobre el mercado de la electricidad. Las negociaciones entre el Parlamento Europeo, los gobiernos de la UE y la Comisión Europea continuarán hasta finales de año, para cuando se espera un acuerdo final que permita poner fin a este sinsentido.
Greenpeace pide que los pagos por capacidad sean el último recurso y que haya una evaluación europea para comprobar si realmente hay un problema de seguridad de suministro. Las normas deberían obligar que los mercados de capacidad estén abiertos a todo tipo de sistemas de energía, incluyendo fuentes renovables, gestión de la demanda y almacenamiento. Cuando una central de generación eléctrica opte a recibir pagos por capacidad, deberá tener unas emisiones por debajo de un límite, que la Comisión Europea propone de 550 gramos de CO2 por cada kilovatio-hora producido, lo que es imposible de cumplir para las centrales de carbón.
“Tenemos que actuar con urgencia para evitar los peores impactos del cambio climático y acelerar la transición energética renovable, eficiente, inteligente y en manos de las personas, eliminando cualquier subvención que bloquee esta transición”, concluye Nuño.
