El Parque Nacional de Doñana ha sufrido los mismos males que el resto de humedales españoles, lo que lo llevará a su desaparición si no se toman medidas urgentes
Doñana cuenta con todas las figuras de protección ambiental posibles, que no han sido respetadas, y ha sufrido robos de agua, arranque sistemático de árboles, modificación de cauces, turismo, etc.
Jueves, 2 de febrero de 2023. Se celebra el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas mixtos (terrestre-acuáticos) imprescindibles para la biodiversidad y el ser humano, dado que son una fuente de agua y alimentos, permiten la recarga de acuíferos y son excelentes sumideros de CO2 que permiten mitigar el cambio climático. A pesar de ello, España ha demostrado ser un país que ha despreciado estas joyas de la biodiversidad: Ya han desaparecido más del 60%.
La organización medioambiental Greenpeace ha denunciado que en Andalucía se encuentra uno de los peores casos: El Parque Nacional de Doñana ha sufrido como el resto de humedales españoles los mismos males que le llevarán a su desaparición si no se toman medidas urgentes y a pesar de contar con todas las figuras de protección ambiental posibles. Una larga historia de impunidad en la que, junto al regadío legal, prosperó otro completamente ilegal basado en el arranque sistemático de árboles de zonas forestales para plantar fresa en invernadero (luego mora, arándano, frambuesa…) para cuyo riego se abrían pozos igualmente ilegales, se construían balsas, se modificaban cauces y se tendían canalizaciones kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea. A esto se sumaban extracciones ilegales para el riego de arroz, maíz, remolacha… El fruto rojo era y es altamente rentable. Y nadie lo paró. La Junta de Andalucía lo subvencionaba, ayuntamientos como el de Almonte cedían fincas forestales públicas para el cultivo, políticos en gobiernos y oposición lo han apoyado.
Junto al poder creciente de los invernaderos, Doñana sufrió otro intocable en España: el turismo. Una urbanización turística, Matalascañas, surgida de los años del desarrollismo, fomentada como Centro de Interés Turístico Nacional y florecida después por los atractivos del entorno abrió sondeos para abastecer a su población fuertemente estacionalizada que fueron afectando a las aguas subterráneas que alimentan las lagunas peridunares de Doñana, uno de sus grandes valores. El pasado verano se secó Santa Olalla, la mayor de ellas, considerada laguna permanente.
Por fin el 24 de junio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba: “El Reino de España ha incumplido sus obligaciones” al “no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano [del núcleo turístico de Matalascañas] en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana” y “al no haber previsto (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos (…)”.
Sentencia que de momento no parece esté frenando la sobreexplotación de los recursos hídricos del entorno de Doñana. Al contrario parece estar siendo alentada por el actual gobierno de la Junta de Andalucía, que anunció su intención de legalizar más de 1.000 hectáreas de regadíos ilegales. Esta Iniciativa se ha visto paralizada recientemente tras la creación de una comisión bilateral técnica entre el Estado y la Junta de Andalucía con un acuerdo entre el Estado y la Junta.
“La actividad humana junto con el cambio climático están poniendo en peligro el futuro de estos humedales icónicos. El aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar y el descenso de las precipitaciones son presiones suficientemente importantes para poner en riesgo la supervivencia de estos ecosistemas. Además, a ello se suma la presión del ser humano que sobreexplota los recursos hídricos del entorno de los humedales, especialmente vinculada a un modelo agroindustrial e intensivo que hace totalmente inviable el mantenimiento de estos enclaves a corto-largo plazo”, ha declarado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
Las demandas de Greenpeace para salvar los humedales españoles y también garantizar que en el futuro tanto las personas como los ecosistemas tengan agua en calidad y en calidad pasa por:
-Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras.
-Luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras).
-Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
-Cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos por todo el territorio.
-Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
-Aumentar el presupuesto de gestión forestal que tenga como centro de la planificación la protección de los recursos hídricos (ecohidrológica) como medida efectiva de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, para la protección de suelo y agua.
-Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima.
-Reconvertir el regadío intensivo y superintensivo en explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.
-Prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
-Reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.
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