Greenpeace denuncia «impunidad» en la venta de armas españolas a países en conflicto

La organización se declara preocupada por la escalada de violencia y guerra en el mundo, en algunos casos con la colaboración española, por lo que una de las prioridades de su trabajo para este año 2018 será la defensa de la paz y de la democracia. Según los datos analizados, el sistema de autorización de exportaciones español ha permitido que entre 2008 y 2016 se hayan vendido material de defensa y productos y tecnologías de doble uso por valor de 6181 millones de euros a 50 países preocupantes o potencialmente preocupantes, un 27,34 % del total.

Por ejemplo, desde el año 2014 y hasta 2016 más de un tercio del material de defensa exportado desde España, el 36,4 %, ha llegado a un único país, Arabia Saudí, que junto a las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos hacen un total de 995 millones. Estos dos países participan en una coalición involucrada en la guerra civil del Yemen, donde ambas partes del conflicto han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, lo que según estimaciones a la baja, y hasta finales de 2017 le ha costado la vida a cerca de 10 000 personas y herido a más de 50 000. Además, más de 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de una población que no llega a 30 millones.

Normas oscuras y a medida

Según el informe, la transparencia que pretendía garantizar la aplicación de la ley de control de comercio de armas española de 2007, está muy lejos de alcanzarse. La realidad ha demostrado que resulta imposible verificar si se están aplicando correctamente los principios adoptados que establece la propia ley para autorizar una exportación de armas.

Greenpeace cita el ejemplo de la Junta Interministerial Reguladora para el Comercio Exterior y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDDU), un opaco organismo surgido al amparo de la Ley de Comercio de Armas, que autoriza la venta exterior de armamento y cuyas actas son secretas. La decisión de clasificar las actas de este organismo se tomó en Consejo de Ministros en 1987 haciendo uso del poder que le otorgaba una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Desde aquel momento es imposible para la sociedad o el propio poder Legislativo, conocer en qué se basa este órgano interministerial para dar el visto bueno o no a la venta de armamento a otro país, lo que hace imposible la rendición de cuentas en caso de aplicación irregular.

La oenegé denuncia que esta situación es el caldo de cultivo para la connivencia entre el sector armamentístico y el Gobierno, las puertas giratorias y la total impunidad de quienes incumplen la ley priorizando los beneficios de las empresas frente al cumplimiento del derecho internacional y el respeto a las derechos humanos.

“Exigimos al Gobierno de España que sea estricto en el cumplimiento de la legislación y que paralice la exportación de armas a países en conflicto donde existe el riesgo de que estas armas sean utilizadas para masacrar a la población”, ha declarado Sara del Río, responsable de la campaña de Armas de Greenpeace. “El Gobierno no puede continuar autorizando ilegalmente exportaciones al margen de la normativa nacional e internacional sobre comercio de armas y ocultarse tras la ley de Secretos Oficiales. Los más básicos estándares democráticos no pueden mantener esta situación de falta de transparencia e impunidad. Es necesario un cambio legislativo acorde a los nuevos tiempos”, ha concluido del Río.

El bombero que dijo NO

Greenpeace destaca la ejemplaridad y el civismo de un bombero vizcaíno que se negó a ser cómplice de todo este sistema, y en 2017 se negó a colaborar en la exportación de armas a través del puerto de Bilbao. Ignacio Robles descubrió durante un servicio de prevención en el puerto de Bilbao que lo que se estaba cargando en un barco con rumbo a Arabia Saudí eran armas que podrían ser usadas en el conflicto del Yemen. Tras su negativa a participar en la operación le abrieron un expediente que aún está por resolver.

Solo en 2017 salieron desde Bilbao 2900 toneladas con armamento rumbo a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos entre los que se encontraban bombas, proyectiles, granadas, torpedos y minas. Un material cuyo uso final desconoce el Gobierno de España y del que existen indicios de que pueda ser utilizado sobre población civil.