Lunes, 5 de julio de 2021. Al presidentísimo José Luis García Palacios le parece “un despropósito” (sic) que toda una ministra del Gobierno de España haya tenido a bien recibir y escuchar en su despacho de La Moncloa al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha y la cooperativa La Laboratoria, organizaciones de las que -él sabrá por qué- asevera que «no están reconocidas” y que “viven (sic) de subvenciones oficiales». Spoiler, García Palacios no dice verdad. Y pregunta, ¿cuánta veracidad pierden los testimonios de aquellas personas y organizaciones que reciben subvenciones oficiales? ¿Cómo cotizan, por ejemplo, los millonarios fondos de la PAC las subvenciones para la contratación en origen en ese «barómetro de la credibilidad»?
Al presidente de la patronal Asaja, del lobby Interfresa, de la Federación Onubense de Empresarios, de la Caja Rural del Sur y del Consejo Social Universitario, entre otras distinguidas referencias del who’s who de la provincia de Huelva, le resulta “inaudito” (sic) que la Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España haya, además, leído de forma previa a la reunión, el informe jurídico elaborado por la autodenominada Brigada de Observación Feminista. Ya les vale, diría nuestro cuñado de ayer, de hoy… de siempre.
¿Cuánta veracidad pierden los testimonios de personas y organizaciones que reciben «subvenciones oficiales»? ¿Cómo cotizan, por ejemplo, los millonarios fondos de la PAC en ese barómetro de la credibilidad?
Un sobrenombre oficioso para describir la acción de investigación desarrollada en Huelva por un equipo de juristas especializadas en derecho laboral y Derechos Humanos, y bregadas sobre el terreno en diferentes países de varios continentes. Estuvieron acompañadas, para dar fe del trabajo realizado, de periodistas, realizadoras, documentalistas, y reporteros gráficos de reconocido prestigio. El prestigio, la buena fama u opinión de una colectividad sobre una persona o cosa, es siempre cualidad subjetiva condicionada por el contexto humano en el que se reconoce.
Para más inri, parece ser que Yolanda Díaz, no solo ha leído el informe, sino que ha querido escuchar de sus redactoras el proceso en el que ha sido elaborado, motivo por el que las citó en su despacho de La Moncloa. “Atender a estos colectivos», sostiene García Palacios, supone «un exceso de todo tipo por parte de la ministra”. El presidente de presidentes define, él puede, como «absoluta locura» (sic) que la titular responsable en la materia del Gobierno de España “tenga en cuenta sus planteamientos”.
Hechos documentados vs. «planteamientos y posturas»
¿Cuáles son los “planteamientos” que José Luis García Palacios atribuye a Jornaleras de Huelva en Lucha y La Laboratoria para considerar «una absoluta locura” que el Gobierno de España haya accedido a leerlos y escucharlos? En las acepciones que vienen al caso, plantear es “pensar o exponer esquemáticamente la manera de solucionar un problema o de llevar a cabo algo”, o “exponer un asunto, dificultad, problema, etc., para tratar sobre él o hallar su solución”.
«Si alguien piensa que se hacen las cosas que dicen, que se vaya a los Juzgados en un ejercicio de responsabilidad». Es precisamente lo que han hecho las juristas de la brigada, como ayer mismo dio a conocer la letrada y activista Pastori Filigrana en el evento #AbramosLasCancelas
El informe incluye abundante material audiovisual y testimonios. Denuncia casos de «explotación» y la «agravación de la situación para las mujeres que trabajan en la recogida del fruto rojo». Entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos. Denuncian, además, incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, descansos, horas extras, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos. Documenta hechos -vivencias- que el texto sitúa con precisión en el contexto jurídico, geográfico y social que afecta a sus protagonistas, y que, al margen de la calificación que “plantean” las letradas de la brigada, resultan en algunos casos conmovedores. Desgarradores. Decepcionantes.
Tanto, que García Palacios considera «intolerable» que “se tenga en cuenta esa postura respecto al campo onubense”. Y añade: «Si alguien piensa que se hacen las cosas que dicen, que se vaya a los Juzgados en un ejercicio de responsabilidad». Es precisamente lo que han hecho las juristas de la brigada, como ayer mismo dio a conocer la letrada y activista Pastori Filigrana en el evento #AbramosLasCancelas, celebrado en el salón de actos del Museo Reina Sofía de Madrid. Filigrana ha interpuesto durante esta campaña de frutos rojos varias demandas por vulneración de derechos fundamentales. Pero no nos engañemos. Los tiempos judiciales son los que son. Avalan el relato alternativo.
Aunque la conocida activista también destaca que uno de los “planteamientos” de la Brigada de Observación Feminista es, también, la necesidad de acometer reformas legales para «garantizar el acceso a los tribunales, o la constitución de tribunales móviles que faciliten a las jornaleras la interposición de las denuncias”. Queda en la inteligencia intuir las dificultades añadidas que emprender acciones judiciales en la España de 2021 supone para las temporeras. Más para las mujeres marroquíes de la contratación en origen, cuya estancia en nuestro país se limita a unas pocas semanas, y cuyo visado está condicionado a la vigencia de sus contratos. Si causan baja en la Seguridad Social, están obligadas a regresar a Marruecos en un plazo máximo de tres días, so pena de no poder volver a ser contratadas en campañas posteriores.
En cualquier caso, si lo “planteado”, sostiene García Palacios, “está alejado de la realidad y es una ficción», bien podría el presidente, que parece considerar que estamos ante testimonios falsos fabricados y publicitados con el fin de dañar al sector agrícola onubense, aplicarse su propia medicina y “plantear” una demanda de amparo ante los tribunales. En pleno siglo XXI, al ‘mensajero’ cuando miente, mejor que matarlo, es ajusticiarlo.
Proclama el patrón de patrones onubenses que dar pábulo a los testimonio de las trabajadoras recogidos en el informe sitúa como damnificados (?) “a todo aquel que viva en Huelva, porque os están colocando en un escenario donde todos somos esclavistas”.
Audio: José Luis García Palacios
Pero no. José Luis García Palacios, presidente, ha informado este miércoles que “desde ayer, incluso esta mañana», ha estado en contacto con «dirigentes del Partido Socialista, del Gobierno en la Provincia, y del Partido Popular” [Nota interna para la redacción: chupito]. “Evidentemente, esto es algo intolerable e inadmisible”, sentencia quien advierte, además, de que dar pábulo a los testimonios de las trabajadoras recogidos en el informe, así como a los “planteamientos” -las propuestas- de la brigada, sitúa como damnificados (?) “a todo aquel que viva en Huelva, porque os están colocando en un escenario donde todos somos esclavistas”.
Todos no, presidente. Solo aquellos que abusan y hacen pasar a sus trabajadores por vivencias como las que ayer escuchó la Vicepresidenta Tercera del Gobierno. Opino.
Huelva, 30 de junio de 2021.
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Bajo la consigna “¡Abramos las cancelas!” e impulsado por el Museo Reina Sofía y la cooperativa La Laboratoria, la Brigada de Observación Feminista reunió en Huelva durante tres días del mes pasado a un equipo multidisciplinar de mujeres juristas, periodistas y realizadoras independientes, cuyo objetivo es "dar a conocer y explicar las condiciones en las que viven las trabajadoras de la fresa en Huelva", e instar a los ministerio de Trabajo y de Igualdad "a que actúen para mejorar su situación y evitar abusos".
Las juristas de la brigada son autoras del informe La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva, en el que se ofrece una visión de la situación de las temporeras que trabajan cada año en las campañas de recolecta de frutos rojos, desde una óptica feminista y reivindicativa, y con especial énfasis en las miles de mujeres marroquíes contratadas en origen al amparo de la vapuleada Orden Gecco, auténtico papel mojado en algunas explotaciones agrícolas ante la falta de medios -unas veces- o la desidia -otras- de las Administraciones que deben velar por su estricto cumplimento.
La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva es el resultado de los testimonios directos recabados durante una investigación desarrollada in situ en tres intensas jornadas, y aborda la discriminación que se produce desde el propio proceso de selección "en origen", que prima el estado civil y la situación familiar (solo pueden ser seleccionadas mujeres que tengan cargas familiares, hijos menores de 15 años) para asegurar el regreso de las mujeres, graves incumplimientos del convenio colectivo en materia salarial, jornada laboral, descansos retribuidos y otros beneficios. También se destacan las quejas sobre el trato recibido de manijeros y personas responsables de las cuadrillas, o por el control de las salidas y entradas de las fincas en las que son alojadas las temporeras marroquíes.
Por otra parte, el informe llama la atención sobre las "escasas actuaciones" de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva, la "falta de apoyo suficiente" por parte de los agentes sociales, la "dejación de funciones de las administraciones competentes", o las también escasas actuaciones de la Fiscalía para investigar posibles infracciones o casos de discriminación por razón de sexo, acoso sexual o trata laboral.
El informe de la Brigada de Observación Feminista también "plantea" una serie de propuestas de reformas legales y normativas:
- Modificar el modelo de contratación de las temporeras en origen.
- Un plan específico para la Inspección de Trabajo durante la duración de la campaña de los frutos rojos.
- Cambios en el modelo de sanciones que eliminen los castigos por incumplimientos.
- Generalización de campañas informativas sobre sus derechos entre las trabajadoras.
- Garantía de acceso a los tribunales o la constitución de tribunales móviles que faciliten a las jornaleras la interposición de las denuncias sin necesidad de tener que transitar largas distancias.
- Ampliar las visitas de la policía o la guardia civil a las fincas y naves de manipulado.
- Fomentar la actuación de la fiscalía y los juzgados de violencia contra la mujer para prevenir casos de abuso.
- Impartir formación sobre derechos de las mujeres a jueces, abogados, funcionarios y líderes tradicionales en zonas rurales.
Son los "planteamientos" de la Brigada de Observación Feminista.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba.
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