Frutos rojos: «abusos, mentiras y ofertas de empleo»

Huelva, 19 de enero de 2019. El alcalde de uno de los pueblos de Huelva en los que -hoy mismo- hay trabajadores agrícolas en paro que no han sido llamados aún para trabajar en la recolecta de frutos rojos (prematuramente comenzada a consecuencia del Cambio Climático), contaba ayer a esta revista que el PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) queda “en suspenso” en su Consistorio durante campañas agrícolas como las de la aceituna, en las que los trabajadores del campo disfrutan de un salario diario de 55 euros, frente a los apenas 40 euros netos (por debajo del Salario Mínimo Interprofesional) que estipula -con la incomprensible aquiescencia de las Administraciones Públicas y de los jueces- el Convenio Colectivo del Campo de Huelva.

No es una cuestión baladí, pues muestra que ante condiciones laborales más dignas, los desempleados agrícolas onubenses no dudan emigrar a otras provincias para realizar trabajos igual de duros que recoger fresas en Huelva. Corrobora también que, como se quejaban el viernes en nuestro reportaje de Portada, es falso que los desempleados agrícolas de Huelva no quieran trabajar en la recolecta de frutos rojos. Una mentira que no parece inocente, y que a quienes más ofende, es a decenas de trabajadores de poblaciones pequeñas, para las que el jornal del campo (provenga de la aceituna jiennense, de la vendimia francesa, o de la fresa onubense) es el único sustento real.

Cuando este año la patronal fresera se volvió a mostrar ante la opinión pública apesadumbrada por una supuesta “falta de interés”, de consideración, de los jornaleros onubenses ante su enorme necesidad de mano de obra, porque apenas habían recibido 200 solicitudes para su generosa oferta de 10.000 puestos de trabajo, olvidó contar a la opinión pública que la oferta se había tramitado a través de la herramienta GEA del Servicio Andaluz de Empleo, una aplicación informática que requiere darse de alta a través de Internet para recibir notificaciones de las ofertas empleo, y en la que sólo hay inscritos 560 trabajadores de la provincia de Huelva. Es decir, sólo 560 trabajadores recibieron la oferta. El 46 % de ellos, no obstante, y no son pocos, respondió positivamente a la llamada de los empresarios.

Cuando el 11 de noviembre del pasado año, José Luis García Palacios, presidente de la FOE, de la Caja Rural del Sur, de Asaja, de Interfresa… lamentaba la presunta indolencia de los jornaleros de Huelva, la oferta realizada a través del GEA -además- ya había sido cerrada. Fuera de la plataforma, sólo podía encontrarse entonces una oferta de empleo en el sector agrícola onubense a través de la web general del SAE. De una empresa de Almonte, demandando dos personas para “atención en idioma búlgaro a clientes internos y externos» (sic), a las que se exigía, con carácter imprescindible, “dominio demostrable del idioma búlgaro-nativo y buen nivel en español», disponibilidad para viajar y automóvil propio; y, con carácter valorable, “conocimientos de ofimática a nivel de usuario». La oferta contempla «contrato temporal a jornada completa de 1 mes prorrogable a indefinido», jornada laboral de seis horas y media librando, «por turnos», un día a la semana, y con un salario (bruto) de 44.14 €/día.

Llama la atención que hoy mismo, en enero de 2020 y mientras los empresarios claman por mano de obra para no verse obligados a importarla, si hacemos uso de la web del SAE y aplicamos criterios como Huelva o frutos rojos para buscar ofertas de empleos gestionadas por la Junta, esta sigue siendo la única oferta accesible.

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Sí puede encontrarse, desde el pasado 4 de octubre, (como también recogía el viernes esta revista), otra oferta, esta de 10.250 empleos (los mismos que se habían ofrecido a través del fallido GEA de la Junta de Andalucía), que está publicada en la web del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), pero en la que, como denuncian atónitos los parados onubenses “pocos interesados en trabajar” (Jesús Vigorra dixit),  se explicita con toda claridad que la oferta de empleo será gestionada por el Equipo de Agentes del Servicio de Intermediación del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva, “quienes harán las labores de recepción, filtrado y envío de candidaturas a las distintas empresas agrícolas”. Y, lo más llamativo, que “las personas interesadas deberán saber que las empresas agrícolas empezarán a hacer los llamamientos de las personas que reúnan el perfil a partir de marzo del 2020”.

Contrataciones en origen (regladas y no regladas) y empobrecimiento de la calidad del empleo

Un «comunicado conjunto» de los gobiernos de España y Marruecos acerca de la pasada campaña de frutos rojos, cifraba en 14.583 las mujeres contratadas en origen que trabajaron en Huelva entre febrero y mayo de 2019. En total fueron contratadas 20.686 trabajadoras marroquíes (hombres y mujeres), y 5.732 procedentes de Mali y otros países del Norte de África. En su mayoría residentes en España, muchos de ellos en asentamientos chabolistas (la otra realidad que también enturbia la «atacada» reputación del sector de los berries).

La temporada 2019 también dio trabajo a 21.894 trabajadores “comunitarios”, rumanos  y búlgaros,  principalmente. Son los otros contratados en origen, si bien estos lo son al “amparo” del libre flujo de trabajadores entre los países de Unión derivados del Tratado de Schengen. Los traen Empresas de Trabajo Temporal y compatriotas afincados en España. A los empresarios les gusta destacar el elevado de número trabajadores de la Unión Europea “encantados” de venir a trabajar a España a cambio de algo menos de 40 euros diarios netos. No es inocente que insistan en ese dato, sobre todo cuando recalcan que en España “no hay interés en trabajar”. Conviene, pues, destacar también que Polonia, Rumania y Bulgaria son países cuya moneda aún no se han integrado en la Euro, y en los que el coste de la vida es sensiblemente inferior al de España. Por decirlo de otra forma, para esos otros contratados en origen, el salario del campo onubense es -al cambio- un sueldazo, incluso en las duras exigencias del trabajo agrícola. No se conocen jornaleros franceses u holandeses o belgas, comunitarios, interesados por la oferta laboral en los campos de Huelva.

Por último, en sus meses más álgidos, la campaña de los frutos rojos llegó a contratar en 2019 a 42.979 trabajadores españoles, según los datos facilitados esta redacción por el Ministerio de Trabajo y Migraciones.

Lo que sorprende, pues, ahora que ya ha comenzado la campaña de 2020, es que el Estado español haya autorizado ya la importación de trabajadoras marroquíes (cabe recordar que para contratar en origen a polacos, rumanos o búlgaros, los empresarios no necesitan un permiso especial, como con las marroquinas), y se mantengan “congelados” hasta marzo los 10.250 empleos ofertados en España.

Si observamos los datos de las contrataciones en origen del pasado año, llama la atención cómo se produjo la llegada de las temporeras del vecino Marruecos, y qué organizaciones empresariales son las que más jornaleras importaron la pasada campaña. Como muestra el gráfico facilitado a LaMardeOnuba.es por la Dirección General de Políticas Migratorias del Ministerio de Trabajo, dos de las asociaciones (UPA y COAG) aplazaron la contratación en origen hasta el bien entrado el mes de marzo. En el caso de COAG, las marroquinas contratadas fueron sólo 26 en toda la campaña. Las grandes patronales como Asaja (presidida por José Luis García Palacios) o Freshuelva (a la que pertenecen explotaciones como Doñana 1998, Las Posadillas o Agrícolas El Bosque), empero, ya habían solicitado visados para que 1.723 mujeres se incorporaran al tajo el 1 de febrero, con las primeras fresas. Los jornaleros consultados explican que, como viene siendo habitual desde que la «contratación en origen» autorizada por el Gobierno se adelanta y crece cada año (de 2.280 en 2013, a 16.391 en 2019), el pasado también tuvieron que esperae al mes de marzo para que las empresas empezaran a llamarles -“con urgencia”- para que se incorporaran al tajo.

No debe extrañar, pues, que a muchos trabajadores agrícolas de Huelva les indigne que televisiones, radios y periódicos lleven varios días ilustrando sus espacios informativos y divulgativos con noticias sobre la llegada de las centenares de trabajadoras marroquíes (hasta 20.000 “en las próximas semanas”) que poco menos que vienen a “salvar” el campo onubense de la empresarialmente argumentada  “falta de interés” de los jornaleros locales.

“Mientras uno sólo de nosotros esté esperando a que nos llamen para trabajar, no tiene ningún sentido que el Gobierno permita que estén llegando ya las marroquinas, los rumanos o los búlgaros”. 

Coinciden en esto todas y todos los parados agrícolas consultados por LaMardeOnuba.es el pasado viernes. Todos ellos viven en pueblos (Escacena del Campo, Paterna del Campo, Chucena, Manzanilla…) más o menos cercanos a fincas en las que se cultivan frutos rojos, los tardíos. Hasta marzo no esperan ser «llamados». Ni los productores de la profusa y temprana fresa ni el SAE (servicio del que los consultados dicen  que “ni ellos mismos saben el cacao que tienen montado con el empleo agrícola”), parecen querer contar con ellos, y prefieren tirar ya de contratados en origen.

Es fácil verificar el aumento de estos trabajadores en torno a las fincas de berries; sólo hay que recorrer en coche los caminos que las circundan y mirar el trasiego de personas. Centenares de jornaleros y jornaleras traídos ex profeso desde miles de kilómetros de distancia (rumanos y búlgaros), o de otro continente (las mujeres marroquíes). “Nosotros estamos más cerca”, recuerdan. “A sólo unos kilómetros de las fincas, pero el SAE no nos ha llamado, diga lo que diga la Consejera”, sostienen.

Mientras, la producción de berries aumenta cada año que pasa. En el caso de los arándanos, la superficie plantada creció de 1.150 hectáreas en la campaña 2014, a 3.059 Ha en 2018. Un crecimiento paralelo al que se está produciendo en países como Marruecos, México, China, Chile, Perú o Estados Unidos, y que está generando una saturación del mercado que los intermediarios aprovechan para imponer precios muy bajos a los productores a granel, que en Huelva, y salvo honrosas excepciones, son la mayoría. Precios que apenas cubren los gastos de producción. Según claman los agricultores onubenses, los distribuidores no están dispuestos a pagarles más de 4 € por kilo de arándano. Un fruto rojo considerado selecto, y cuyo precio de venta al público llega a superar los 20 € / Kg. El aumento las hectáreas de explotación y de toneladas cosechadas ha sido parejo a la bajada de su precio en origen. En 2015 se recogieron 20.815 toneladas de arándanos en una superficie total de 1,150 Has; se vendieron a un precio medio de 4,58 €. En 2019, la recolecta llegó a las 51.569 Tm pero su precio disminuyó hasta los 3,45 €.

No le ha ido mucho mejor a la deliciosa fresa onubense; aunque en su caso el aumento de la producción (de 303.215 Tm en 2013, a 341.556 Tm en 2019) ha corrido paralelo a una ligera disminución de la superficie cultivada (7569 Ha en 2013 y 6.843 Ha en 2019). Como ligero –liviano- ha sido el aumento de los «precios en origen»; apenas 16 cents en seis años (de 0,92 €/Kg en 2013, a 1,08 €/Kg en 2019 para la fruta de “primera categoría”). En esa tesitura, los agricultores regalaban el pasado 13 de mayo 2.000 tarrinas en las calles de Huelva para exigir del Estado (y/o de las instituciones europeas) -en resumen- intervencionismo y regulación en el libre mercado que obligue a los intermediarios a pagar más por su producto.

En ese escenario de lamento sin consuelo empresarial, pensar en una subida salarial que equipare el jornal de Huelva al de otras provincias es impensable para el sector. A muchos de los productores ya se les hace muy cuesta arriba asumir el gasto que llevan implícitas las condiciones pactadas con los sindicatos en el Convenio Colectivo del Campo de Huelva.

Quienes trabajan la tierra con sus manos saben que muy pocos propietarios pagan las horas extraordinarias al 175 % de su valor, como exige la tabla salarial aprobada y publicada. Eso supondría un salario extra de 12,25 € brutos por cada hora en el tajo más allá de la jornada de seis horas y media. Supondría, porque, en la práctica, eso no ocurre. Todos los jornaleros y jornaleras consultadas coinciden en que en el mejor de los casos, las “horas” se pagan a 5 ó 6 euros. Tampoco son desconocidas las fincas en las que se obliga a los jornaleros a firmar una renuncia expresa a la vivienda supuestamente ofrecida por el empresario, quien con esta triquiñuela se considera a sí mismo exonerado de pagar los gastos de la llamada “indemnización por camino” (0,21 € por kilómetro cuando la finca esté a más de dos del domicilio del trabajador). Los pluses por herramientas y ropa de trabajo (0,29 €/día), ayudas al estudio (entre 67 y 93 euros /año) o las indemnizaciones por enfermedad y accidente (4,44 €/día) son conceptos inéditos en la mayoría de las explotaciones, según los testimonios recabados por esta revista (algunos de ellos de los propios empresarios).

Hablar de vacaciones, días de descanso remunerados, garantías de estabilidad… es ya entrar en terreno de lo desconocido. Ni siquiera los consultados que han logrado que se les reconozca la condición laboral de fijos discontinuos disfrutan de esos “privilegios”. Carmen Jiménez, despedida tras 16 años trabajando en la empresa Agrícolas El Bosque SL (una de las mayores productoras de moras, con una facturación anual cercana a los 10 millones de euros), aseguraba en una entrevista con LaMardeOnuba.es que “a mí me decían que me pagaban mis vacaciones en nómina, pero yo seguía cobrando siempre lo mismo; unos ochocientos euros. Yo nunca he cogido vacaciones. Por ejemplo, si tenía que ir un día al médico… pues ese día me lo quitaban de mis vacaciones. Tenían un problema mis hijos… pues me lo quitaban de mis vacaciones”. De las decenas de trabajadores con la que esta revista ha podido hablar en los últimos 18 meses, la redacción no ha sido capaz de dar con uno que haya cobrado su nómina un mes que no haya ido a trabajar. Las vacaciones pagadas no existen en el campo onubense. Para los trabajadores contratados por obra y servicio, tampoco existen los días de descansos remunerados. El día que no se trabaja, no se cobra. Punto.

Todos estos problemas, advierten los consultados, no los tienen con los trabajadores contratados en origen. Los españoles aseguran que aquellos no reclaman el cobro de un par de horas extraordinarias (más de 24 euros) por “miedo a ser despedidos”, o aceptan trabajar «a destajo», alargando la jornada laboral hasta llegar a la cifra de kilos exigida por los empresarios. Una media que cambia diariamente, y que se calcula entre los trabajadores que más y menos cajas han recolectado cada jornada. “Cuando no se alcanza, los trabajadores son sancionados sin trabajar durante o dos días”, aseguran testigos presenciales de este tipo de prácticas. Un conocido empresario, a cuya empresa de la reconocen las mejores prácticas laborales, reconocía esta práctica, que él mismo definía como un «arresto psicológico«. Tampoco reclaman días de descanso, (24 horas sin trabajar y remuneradas por cada 39 horas semanales de faena), y «ni siquiera se quejan cuando los empresarios les cobran hasta dos euros diarios por el alojamiento al que tienen derecho por Convenio Colectivo«.

En la práctica, la convivencia entre trabajadores españoles y extranjeros ha devaluado la calidad del trabajo en el campo, al tiempo que ha debilitado «la lucha de los jornaleros» por obtener mejores condiciones laborales y salariales. Empezando, si cabe, por poder disfrutar (o reclamar sin consecuencias) las que ya les pertenecen por Derecho.

Inspección de Trabajo, sindicatos y otros animales fantásticos

Tampoco ha encontrado esta redacción ningún trabajador que haya visto una urna en los campos de frutos rojos. “Los enlaces [Nota para millenials y generaciones posteriores: los enlaces eran ‘Representantes de los Trabajadores’ que antaño contaban con un fuerte respaldo Legislativo y Judicial, y poder efectivo hasta para paralizar la producción de las empresas en casos de flagrante violación de los Derechos Laborales], cuando los hay, se pactan entre la empresa y los propios sindicatos, y se eligen entre trabajadores de confianza, en muchas ocasiones personas de administración que desconocen la realidad del tajo, o no lo han visto nunca”.

Esta revista ha pedido tanto a CCOO como a UGT datos sobre elecciones sindicales celebradas en el sector agrícola en los últimos 20 años. Ninguno de los dos sindicatos ha sabido responder. El Secretario General de UGT, Sebastián Donaire, aseguró a esta redacción que esa información “está protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos”. La misma semana que Donaire decía eso (directamente y vía WhatsApp) a quien esto firma, su propia organización enviaba notas de prensa informando de los buenos resultados obtenidos en las elecciones sindicales celebradas en la Administración Pública. Se ve que en ese caso, la LOPD no afecta al éxito del “sindicalismo de clase”.

Sin embargo, cuando este mismo año, 17 trabajadores vieron rechazada su candidatura en las elecciones sindicales que ellos mismos habían promovido (al ver que nadie más lo hacía), apareció en el campo CCOO, cuya candidatura, sin rival en las urnas y “montada sobre la marcha por la propia empresa” (que factura casi 10 millones de euros anuales) no tuvo problemas en hacerse con todos los delegados a elegir. Cuando los trabajadores pidieron explicaciones a CCOO, Juan Díaz, secretario general “del campo”, eludió defender a los trabajadores excluidos del proceso electoral, y argumentó – falsamente- que los únicos sindicatos legitimados para promover las elecciones son UGT y CCOO. Los 17 “rechazados” -legítimamente, según Díaz- habían concurrido bajo las siglas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Todos han sido despedidos de la empresa. Carmen asegura que su jefe le dijo que no podía “permitir un sindicato comunista y revolucionario” en la empresa.

A falta de enlaces sindicales, siempre quedará la Inspección de Trabajo, cabe imaginar. Pero también las actuaciones de esta son cuestionadas por diversas fuentes consultadas. En el caso de las Temporeras contra la esclavitud (ampliamente seguido por LaMardeOnuba.es), se ha conocido un extravagante informe que, en una farragosa redacción, viene a reconocer buena parte de los hechos denunciados y que dieron lugar a su elaboración, pero los justifica (ausencia de contratos), les resta importancia (ausencia de nóminas o recibos de cobro), o asegura desconocer si realmente hay infracción por parte del empresario (cobro por el alojamiento). Ese Informe sirvió a la titular del Juzgado número 2 de lo Social de Huelva para desestimar la demanda de las trabajadoras, al considerar la jueza Mª Inmaculada Liñán que “nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud” (sic). En el caso de los 17 despedidos por ejercer sus derechos sindicales en La Canastita, la Inspección aún no ha atendido la solicitud de cita que los afectados registraron en abril del pasado año, ni se ha pronunciado sobre la limpieza del proceso electoral de la empresa.

Sueldos por debajo del salario mínimo, incumplimientos de convenio, persecución sindical, indolencia (¿o complicidad?) de la Administración Pública … Con esos mimbres, decir que el sector ofrece “un trabajo digno con un salario justo”, como dijo el otro día la Consejera Rocío Blanco, y como defienden con ahínco los empresarios, es proyectar un escenario idílico y complaciente que se aprecia en los publirreportajes promovidos por el eficaz y poderoso lobby Interfresa, pero que en poco o nada se compadece con el que ven, sufren y cuentan los jornaleros que LaMardeOnuba.es ha consultado. Estos hablan de necesidad, vulnerabilidad, y sobre, todo de hipocresía. Aun así, quieren trabajar, y esperan una llamada en sus propios pueblos de la Provincia de Huelva. En origen.