Domingo, 6 de octubre de 2024. La derecha política y mediática deriva sistemáticamente el debate sobre presupuestos y financiación pública al agravio y la confrontación territorial.
Como en tantos otros temas, se trata de una estrategia engañosa. En primer lugar, porque las contribuciones a la caja común las llevan a cabo las personas físicas y jurídicas, no los territorios. Y, en segundo lugar, porque las prestaciones que reciben esas personas dependen más de las decisiones que adoptan las propias administraciones territoriales que de los mecanismos estatales de financiación.
Aún más claro. Las comunidades gobernadas por la derecha intentan achacar a la supuesta financiación estatal agraviante los problemas que padece la ciudadanía en materias de su competencia, como la sanidad, la educación y la vivienda. Cuando, en realidad, tales problemas son fruto de las políticas de regalos fiscales a las grandes fortunas y de privatización de servicios públicos que llevan a cabo los propios gobiernos derechistas.
Si en Andalucía hay listas de espera desesperantes en la sanidad pública no es por culpa de un acuerdo entre PSC y ERC en Cataluña, que ni siquiera está en vigor, sino por la gestión del PP en esa comunidad. Si en la comunidad valenciana hay necesidades sin atender en la educación pública no es porque Sánchez lo haya pactado así con Puigdemont, falso de toda falsedad, sino por la gestión del PP en esa comunidad.
Y si en la Comunidad de Madrid es extraordinariamente difícil acceder a una vivienda no es porque el Gobierno no convoque el Consejo de Política Fiscal, cuyas votaciones obvia el PP en el Parlamento, sino por la gestión del PP esa comunidad.
Por tanto, el auténtico debate acerca de la financiación de las políticas públicas no es un debate de agravios territoriales populistas o de confrontación populista entre territorios, sino de modelos ideológicos y políticos, en lo fiscal, en lo social, y en lo territorial también.
Porque hay diferentes modelos de fiscalidad. Ayuso rebaja impuestos a las grandes rentas y suprime impuestos a las grandes fortunas. El Gobierno de España aplica una fiscalidad progresiva, para que paguen más quienes más ganan, más tienen y más esconden.
Porque hay diferentes modelos de políticas públicas. Moreno privatiza la enseñanza superior, para que cada persona acceda a la educación que su familia le pueda pagar. El Gobierno de España apuesta por los servicios públicos que ofrecen igualdad de oportunidades.
Porque hay diferentes modelos de organización territorial. El Gobierno de España trabaja para perfeccionar el Estado de las Autonomías en clave federal, respetando las identidades libres, descentralizando la gestión cuando se gana eficiencia y asegurando la igualdad de derechos. Feijóo carece de más modelo territorial que el oportunismo de atacar al Gobierno cuando centraliza y atacar al Gobierno cuando descentraliza.
Los debates sobre financiación estatal a corto plazo tienen tres citas: la senda de estabilidad, los presupuestos generales para 2025 y la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica.
Se trata de debates de interés general, para los que todos los actores políticos deben y pueden procurar acuerdos. Esos acuerdos deben y pueden llegar de la aplicación de grandes principios incontestables, como la transparencia, la suficiencia, la progresividad o justicia fiscal, la solidaridad, la igualdad… y la corresponsabilidad.
Es más fácil señalar qué no es corresponsabilidad. No lo es bloquear cualquier posibilidad de acuerdo, porque el país lo necesita. No lo es aducir excusas falsas para imposibilitar el acuerdo, como el falso “cupo separatista”. No lo es votar a favor de las soluciones en el Consejo de Política Fiscal y votar en contra de las mismas soluciones en el Congreso de los Diputados.
No lo es anunciando nuevas rebajas de impuestos que merman recursos públicos y exigir al Gobierno de España aumento de recursos públicos para tapar el agujero. No lo es practicar el discurso del falso agravio territorial para, a continuación, renunciar por mandato de partido a la condonación de deuda territorial y a la financiación extra que te toca en los 12.000 millones de la nueva senda fiscal del Estado.
Ojalá todos recapaciten y tomen la mano tendida por la Vicepresidenta Montero para llegar a grandes acuerdos en la senda de estabilidad, en los presupuestos y en la reforma del sistema de financiación autonómica. Es responsabilidad de todos alcanzar esos acuerdos.
Mientras tanto, seguiremos denunciando las engañifas con que algunos y algunas tratan de ocultar los resultados injustos e ineficientes de su propia gestión.
Rafael Simancas es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y diputado en el Congreso por Madrid
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