Prevaricación, fraude, soborno, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral. Son algunos de los delitos a lo que ya no tendrán que enfrentarse los 34 acusados en la pieza separada del denominado caso Brugal por el contrato de basuras de Orihuela (Alicante).
Han sido absueltos por la sección séptima de la Audiencia de Alicante por un tecnicismo. En concreto, el Tribunal tumba las escuchas iniciales que realizó el empresario Ángel Fenoll y de las que emanaron los pinchazos telefónicos posteriores y el resto de las pruebas documentales.
El auto señalaba que las intervenciones telefónicas anuladas, acordadas en 2008, vulneraron derechos fundamentales, por lo que las mismas se debían dejar sin efecto y por extensión todas las pesquisas realizadas posteriormente.
De esta forma, al haberse anulado las grabaciones del empresario por una vulneración del secreto de las comunicaciones, todas las pruebas conseguidas posteriormente han sido declaradas «ilícitas«. Ya no importa lo que dijeron, los abogados defensores han hecho su trabajo: evitar que se imparta justicia con sus clientes.
El cierre del caso hace que salgan indemnes, entre otros, los ex alcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, y el empresario Ángel Fenoll, a quien la Fiscalía atribuía la máxima responsabilidad.
La presunta trama de corrupción giraba alrededor de la adjudicación del servicio de basura de Orihuela (el Baix Segura), una de las 17 piezas separadas del caso Brugal que abiertas en toda la provincia de Alicante. La investigación arrancó el 2006 por la posible adjudicación irregular del contrato local de la basura durante la etapa del alcalde José Manuel Medina, del PP.
De las 34 personas que han pasado por el banquillo de los acusados, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o de funcionario público, como los mencionados alcaldes, y siete ex concejales del Ayuntamiento de Orihuela.
Todos ellos quedan ahora libres de toda culpa. La Fiscalía pedía para Medina 12 años de prisión por prevaricación, fraude y soborno; para su sucesora, Lorente, 8 años por fraude, y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, soborno, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.
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