«Estamos viviendo una situación de indefensión y acoso por parte del Servicio Andaluz de Salud y, en concreto, por parte del Departamento de Cargos a Terceros del Juan Ramón Jiménez», denuncia P. V. M. en EL LIBRE. Ella es trabajadora del SAS en Huelva.
Martes, 17 de diciembre de 2024. Noviembre de 2020. Pandemia declarada por la OMS, cientos de muertos todos los días, no hay vacunas… En ese contexto, el funcionario del Ayuntamiento de Huelva A. J. B. Z. coge la covid. «En ningún momento mi marido recibe un protocolo para la covid. Sólo teníamos la referencia de cómo las autoridades se estaban haciendo cargo de la pandemia», puntualiza P. V. M., esposa del paciente.
El empleado municipal, que sólo contaba con cobertura sanitaria privada al ser funcionario del consistorio, comunicó a un médico de Asisa que estaba contagiado y, consecuentemente, recibió la baja laboral.
«Cuando vi la evolución de mi marido, no se me pasó por la cabeza llevarlo a la Clínica Los Naranjos (Asisa), sino que hablé con un internista del Infanta Elena, que me dijo: «A Urgencias sí o sí». Le hicieron el test, la analítica y la radiografía y había una neumonía bilateral, por lo que se quedó ingresado. «A pesar de trabajar en el Infanta, no lo pude acompañar porque el protocolo decía que no podía haber ningún acompañante en la habitación», recuerda P. V. M.
Este paciente ha usado el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para la covid, nada más. No tenía antecedentes en la sanidad pública hasta ese momento.
Asisa se desentiende
«Me vienen solicitando el pago de esta asistencia sanitaria desde que mi marido estaba ingresado, desde hace cuatro años. Cuando recibo la primera carta de que Asisa tiene que autorizar el ingreso, estaba todavía mi marido ingresado (estuvo en el hospital desde el 26 de noviembre de 2020 al 9 de diciembre de 2020, fecha en la que obtuvo el alta). Asisa me dice que ellos no van a pagar esa factura porque ellos no son competentes en pandemia», subraya.
De esta manera, la compañía -propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia– se acogió a la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, denominada Extensión del contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que dice así: «En materia de salud pública, se exceptúan de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de dichas mutualidades las actuaciones de vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la seguridad alimentaria, protección y promoción de la sanidad ambiental, vigilancia y control de los riesgos derivados de la importación y tránsito de bienes y viajeros, y las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes».
«Estricto celo»
A principios de 2021, la esposa de A. J. B. Z. llamó al Departamento de Cargos a Terceros y pidió hablar con la responsable. «A partir de ese momento, no he sido tratada en ningún momento como una compañera del SAS. Me dijo la cuantía (6.442,67 euros) y me advirtió de que, si Asisa se inhibe del pago, la factura se emitiría a nombre de mi marido». Y así fue.
El «estricto celo» del Departamento de Cargos a Terceros del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (HUJRJ) «es lo que me levanta las orejas». «Le pregunté a la responsable si ese celo lo tenía también con el belga, con el austriaco, con el turismo en definitiva», añadió. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Huelva ha empezado a negociar una solución de este conflicto con Asisa sin éxito por ahora.
«Situación de indefensión y acoso»
Asimismo, P. V. M. recibió llamadas a su teléfono corporativo del SAS en su día por parte de la responsable de ese área, además de correos electrónicos, a los que dejó de contestar. «Me han mandado las cartas por correo certificado, un total de tres comunicaciones -la última hace pocos días-solicitándome el pago de la factura. Y me avisan de que, si no pago, intervendrá Hacienda y me harán un embargo«, denuncia.
«Estamos viviendo una situación de indefensión y acoso por parte del Servicio Andaluz de Salud y, en concreto, del Departamento de Cargos a Terceros del Juan Ramón Jiménez», confiesa.
Esta trabajadora del Hospital Infanta Elena lo puso en conocimiento del director económico del hospital, del consejero de aquel entonces, Jesús Aguirre, y del gerente del SAS en aquel momento, Diego Vargas. «Sólo me contestó el jefe de Planificación Asistencial de Huelva, en la que me recordaba el protocolo que tenía que haber seguido mi marido antes de ingresar», asevera.
«Lo último que haré será pagarle al SAS»
Un capítulo de esta historia que llama la atención es que la responsable de perseguir el pago de las facturas se dirija de manera reiterada a P. V. M. y no a A. J. B. Z, que fue el paciente al que el SAS atendió y curó. «Ese expediente no ha estado identificado con el nombre de mi marido sino con el mío. De todas formas, lo último que haré será pagarle al SAS«.
«¿Dónde queda la asistencia sanitaria universal para mi marido? Porque, en el momento en el que Asisa se inhibe de pagar esa factura, la sanidad pública debería asumirla», apostilla P. V. M.
@Francisconuba
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