Lunes, 5 de julio de 2021. El PCA en Huelva ha condenado en un comunicado el derribo de chabolas en el asentamiento de “Las Madres”, por parte del Ayuntamiento de Moguer, así como el corte del suministro de agua a los asentamientos de Lucena, por parte de su Ayuntamiento. Además, la formación ha denunciado que «estas prácticas existen porque es lo que convienen a algunos empresarios y a algunos alcaldes cómplices de estos intereses».
«Estas situaciones de agresión y acoso a los derechos más básicos de la gente se suman a otras muchas que ya conocemos», sostienen los comunistas onubenses del PCA. «Entre las más graves, negarse a empadronar a las personas que viven en los asentamientos, o negarse a intermediar para garantizar el acceso a alquileres o a poner en marcha los albergues municipales para población temporera. En realidad, las diversas soluciones a la existencia de los asentamientos chabolistas están sobre la mesa desde hace muchos años, sin embargo no existe voluntad, por parte de estos ayuntamientos, para hacerlo».
El PCA de Huelva asevera que el chabolismo existe en muchos municipios agrícolas de España «porque es lo que le interesa a determinadas empresas», y que esta situación no sería posible «sin la complicidad de algunos alcaldes que actúan como caciques, manteniendo a la gente en chabolas para obligarlas a aceptar cualquier condición de trabajo para sobrevivir».
«Estas prácticas, que atentan contra los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras sí son las que perjudican a la imagen del sector, de nuestro país y de nuestros municipios, y no la exigencia de que se cumplan los más elementales derechos humanos y las denuncias de indolencia de las administraciones ante su evidente incumplimiento».
«Por estos motivos», finaliza el comunicado del PCA de Huelva, «venimos exigiendo voluntad para garantizar el derecho a acceder a una vivienda a las personas que actualmente viven en asentamientos, para acabar de una vez por todas con la vulnerabilidad extrema de miles de personas. Mientras tanto, seguiremos apoyando a las personas que residen en los asentamientos, a las entidades que les prestan ayuda y presionando a las distintas administraciones».
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