Jueves, 31 de octubre de 2024. Con el voto de calidad —irónico epíteto para quienes sufrirán este incremento— de la alcaldesa Pilar Miranda, el PP de Huelva ha consolidado este miércoles la aprobación definitiva de un aumento del 15 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Huelva. Este incremento, que se aplicará a partir de 2025, es defendido por el equipo de gobierno del Partido Popular como una medida necesaria tras años de congelación del impuesto, argumentando que el IBI estaba “desactualizado respecto a la inflación acumulada” en los últimos años.
Si durante la campaña electoral, Miranda insistía en que los onubenses estaban “asfixiados” por tasas e impuestos municipales que ella prometía aliviar desde la alcaldía, ya en el poder la narrativa ha dado un giro sorprendente: ahora es el Ayuntamiento el que, según el equipo de gobierno, necesita “alivio” ante una situación económica “crítica” atribuida -sin pruebas y en contra de los informes preceptivos del Ministerio de Hacienda- a la gestión del PSOE entre 2015 y 2023.
Así, son ahora los ciudadanos quienes deben “aliviar” las finanzas municipales con más impuestos y tasas. En menos de un año, las y los vecinos de Huelva han visto cómo las promesas Miranda se desmoronaban, con una serie de aumentos que abarcan desde el agua hasta la Plusvalía. La “asfixia fiscal” que Miranda prometió mitigar se ha convertido en una carga adicional, traicionando las expectativas de quienes depositaron en ella su confianza.
“Voto de calidad” de Pilar Miranda
La importancia de el voto de calidad”de Pilar Miranda en la votación de este miércoles no puede ser ignorada. Este mecanismo, exclusivo de la alcaldesa en caso de empate, ha resultado determinante para lograr imponer la subida auspiciada por el PP de Huelva en un pleno donde la oposición mayoritaria, representada por el Grupo Socialista, se ve reducida por la inevitable ausencia de su portavoz, Gabriel Cruz, obligado a compatibilizar su doble su rol, por elección en las urnas, de edil en el Ayuntamiento y representante de la provincia onubense en el Congreso de los Diputados. Con Cruz presente o pudiendo votar telemáticamente, esta medida no habría prosperado, y el impacto de una subida del 15 % en el IBI, una carga directa al bolsillo de los onubenses, no se habría hecho efectivo.
Para justificar esta marcha atrás, el equipo de gobierno recurre al viejo recurso de la “herencia recibida”, insinuando que el Ayuntamiento arrastraba una situación de inestabilidad fiscal,hasta deslizando vagamente fabulaciones populares sobre “facturas en los cajones”. Al hablar de “herencia recibida”, empero, sería honestamente conveniente que el equipo de Miranda recordara la situación económica con la que se encontró el PSOE en 2015, tras más de veinte años de gobierno municipal del Partido Popular. Entonces, el Ayuntamiento acumulaba una deuda superior a los 400 millones de euros —una de las mayores de España— y se encontraba bajo un plan de ajuste solicitado por el propio equipo de gobierno popular de entonces al Ministerio de Hacienda, debido a la incapacidad de cubrir los compromisos financieros municipales y abdicando la gestión directa de la economía local.
Esa fue la “herencia” que la propia Miranda, entonces Primera Teniente de Alcalde, y el también responsable económico, Felipe Arias, dejaron a los socialistas en 2015, obligando a someter las finanzas de Huelva al control directo del Gobierno central. Tras tres años de esfuerzos, en 2018, el equipo socialista logró salir de este “plan de ajuste”, devolviendo al Ayuntamiento la capacidad de gestionar sus recursos sin la tutela constante de Hacienda.
Frente a la situación de ruina económica heredada por el PSOE en 2015, el PP alega hoy una “herencia desfavorable” que no se corresponde con los informes de Hacienda. Y… si Miranda y su equipo realmente han encontrado “irregularidades” en la gestión saliente, ¿a qué esperan para acudir a los tribunales en lugar de ofrecer insinuaciones en plenos y ruedas de prensa?
El “voto de calidad” de Pilar Miranda en ausencia de Cruz ha sacado adelante la subida del IBI y otros impuestos y tasas municipales. No es un “desempate” en cifras: es el símbolo de una política que, lejos de representar el alivio fiscal prometido, se convierte en una carga adicional para los ciudadanos.
Más que recurrir a mayor presión fiscal sobre los onubenses, Huelva necesita una administración que aborde la gestión económica con transparencia y sentido de responsabilidad, donde el discurso y la acción respondan a los compromisos asumidos en campaña y a la voluntad de sus votantes.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba
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