Al grupo de países latinoamericanos que en los últimos meses han vivido oleadas masivas de protesta social acaba de sumarse Colombia con sus jornadas del 21, 22 y 23 de noviembre. ¿Se viene una coyuntura crítica a la ecuatoriana, a la boliviana, o a la chilena? Si bien existen algunos parecidos a los levantamientos en los otros países, lo cierto es que el trasfondo, detonantes y motivos de la movilización colombiana son distintos y tienen que ver con los dividendos truncados de la paz.
En la jornada nacional de paro del #21N convergió un popurrí de motivos alrededor de la insatisfacción con el gobierno del presidente Iván Duque, que lleva un año y medio de mandato. Se protestó contra la reforma laboral y pensional, el neoliberalismo, la no implementación de los acuerdos de paz, por la defensa de los animales, el medio ambiente y repudio de la violencia, el machismo y la corrupción. Se movilizaron los sectores sociales organizados que tradicionalmente protestan, pero también ciudadanos de a pie.
¿Qué propició este salpicón –o sancocho– de sectores y motivos? Dos aspectos: primero, la errática respuesta del gobierno al llamado a paro, que al estigmatizarlo y subestimarlo acabó sumando más sectores a la protesta. Y segundo, las tensiones que emanan del post-acuerdo con las FARC que, por un lado, permiten la expresión de nuevos reclamos, pero, por otro, producen mucha frustración, puesto que los viejos problemas de violencia aún no se han superado.
El trasfondo de las protestas masivas
Los paros son comunes en Colombia. Todos los años, sindicatos, estudiantes, movimientos indígenas y algunos gremios convocan a varias jornadas de paro nacional. Generalmente se protesta contra medidas del gobierno, el “neoliberalismo”, los impuestos, el servicio de salud y la caída de la financiación educativa. En los últimos años (2018, 2017) los paros han transcurrido con normalidad y no suelen ser masivos. La pasada semana esto cambió. ¿Por qué?
Porque el gobierno puso en marcha un efecto de bola de nieve que le sumó gente y motivos a las protestas. El 30 de octubre los sindicatos y “sectores sociales” anunciaron su intención de convocar a un paro, en contra de proyectos legislativos de reforma pensional y laboral que han estado en discusión desde hace meses. Hasta ahí la convocatoria se limitaba a los mismos de siempre: sindicatos, maestros y estudiantes de universidades públicas.
Pero días después el partido de gobierno Centro Democrático, encabezado por el ex presidente Álvaro Uribe, dijo que el paro del 21 de noviembre hacía “parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo”, y estaba organizado por “anarquistas internacionales” y “violentos”. Con esta lectura del paro, el uribismo desestimó los motivos de los convocantes. Mucha gente se sumó ahí a la iniciativa, denunciando esa lectura equívoca y en defensa del derecho a la protesta.
En los días siguientes el gobierno caldeó los ánimos aún más al negar que estuvieran en construcción reformas laborales y de pensiones. La confusión generó malestar, al tiempo que mostraba un gobierno débil, incapaz de defender propuestas ante la oposición de sectores organizados. El día anterior al paro, la Policía Nacional realizó una serie de allanamientos a las sedes de colectivos culturales y medios alternativos. Estos operativos fueron vistos como actos de censura e intimidación en contra del paro.
La cereza del pastel fue la violencia. Las dos masacres contra líderes indígenas en el Cauca cometidas a fines de octubre produjeron desazón y llevaron a la convocatoria de una moción de censura contra el Ministro de Defensa. En la sesión en el Congreso se denunció que en un bombardeo militar contra un grupo criminal de un ex miembro de las FARC murieron 8 menores de edad que habían sido reclutados forzosamente. Estas revelaciones le costaron el puesto al ministro y sumaron otros grupos sociales al paro.
El 21 de noviembre
Así, lo que iba a ser un paro rutinario terminó siendo una manifestación de grandes proporciones por cuenta del propio gobierno.
La jornada de protesta del 21N se desarrolló, en su mayoría, de forma pacífica. Se reportaron marchas masivas en todas las ciudades principales (como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Maicao y Manizales) y en muchas poblaciones colombianas.
A lo largo del 21, pero particularmente al caer la tarde, brotes de vandalismo, violencia y uso desmedido de la fuerza por parte de la policía empañaron la jornada.
En Bogotá y Medellín cerraron las principales universidades públicas y en la capital hubo daños a varias estaciones de transporte público, así como enfrentamientos entre el ESMAD (fuerza antidisturbios) y manifestantes. Cali tuvo disturbios y cerró el día con toque de queda.
En paralelo se gestó una manifestación pacífica, espontánea y novedosa: un cacerolazo. Aquí sí, parece se aprendió de Chile. Según Linterna Verde, la convocatoria al cacerolazo tuvo su origen en Cali, y creció en redes sociales a partir de las 6 pm, hasta hacerse realidad en diferentes ciudades.
El contraste entre las manifestaciones pacíficas (marchas y cacerolazos) con la violencia (estatal y ciudadana) marcaría el 22N.
Mientras Cali recobró la calma, los disturbios se apoderaron desde temprano de algunas zonas de Bogotá. Saqueos, violencia policial, enfrentamientos entre fuerza pública y ciudadanos culminaron en el cierre del transporte público en varias zonas de la ciudad. El alcalde de la capital decretó el toque de queda total, el primero desde 1977. En la noche, las cacerolas se hicieron sentir nuevamente en Bogotá, Medellín, Manizales y otras ciudades.
El 23 de noviembre las marchas pacíficas continuaron, a pesar de ser reprimidas por la policía antidisturbios en Bogotá. El día cerró con cacerolazos masivos en varias ciudades y un joven de 18 años gravemente herido (y finalmente fallecido) por un agente del ESMAD mientras participaba en una marcha pacífica en Bogotá.
¿Qué es el sancocho?
¿Lo que está pasando en Colombia es equiparable a lo que sucedió en Chile?
Hasta el momento no parece que el motor central de estas protestas colombianas sea la desigualdad. A pesar de que objetivamente Colombia tiene niveles similares o mayores de desigualdad de ingreso que los chilenos (ver Gráfico 1), no fue ésta la bandera de la convocatoria al paro ni fue un tema recurrente de las movilizaciones el 21N y días siguientes.
Otro asunto importante en las movilizaciones chilenas fue el reclamo por una nueva constitución. Modificar la constitución no es un reclamo -aún- de quienes se movilizaron en Colombia.
Fuente: elaboración propia con datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
En cambio, las protestas en Colombia reflejan un choque entre los dividendos del proceso de paz y la desilusión por la no materialización de los acuerdos. Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC disminuyó drásticamente la intensidad del conflicto, teniendo un efecto poderoso sobre la agenda política: por primera vez en décadas el conflicto armado interno pasó a un segundo plano, y el país empezó a hablar de corrupción, pobreza, desigualdad, salud y educación.
El argumento con el que los gobiernos solían descalificar la protesta, acusarla de estar infiltrada por la guerrilla y el terrorismo, perdió vigencia con el proceso de paz. Al mismo tiempo, la reducción del conflicto también creó la posibilidad de que sectores y líderes sociales que antes no podían organizarse y expresarse por amenazas de los diferentes actores armados, lo hicieran con mayor libertad. En consecuencia, las movilizaciones sociales aumentaron significativamente tras el inicio de las negociaciones en 2012, tal y como lo demuestra el gráfico 2.
Los ciudadanos canjearon parte de los dividendos de la paz con la apertura de la agenda política y el desgaste de la criminalización de la protesta. Esto explica la diversidad de motivos y sectores que se han sumado a las movilizaciones.
Pero muchos ciudadanos sienten que cambiaron el cheque con los dividendos de la paz por dinero en efectivo, y al salir del banco les robaron la plata.
Al mismo tiempo que se da este ensanchamiento de la agenda política, el último año y medio ha visto un recrudecimiento de la violencia y una reedición de los problemas del conflicto armado.
La llegada de Duque a la presidencia trajo consigo al gobierno un partido (el Centro Democrático) que estuvo en oposición abierta a los acuerdos de paz. Aunque el gobierno declara apoyar los acuerdos, lo cierto es que hay incumplimientos en varios puntos. El número de asesinatos contra líderes sociales aumentó, y las últimas elecciones locales vieron altas cifras de violencia.
Nuevamente parecen estar en jaque los derechos civiles, políticos, y la vida de muchos colombianos. Esto genera incomodidad y frustración en un sector importante de la ciudadanía que apoyó el proceso de paz.
A esta circunstancia se le suma la inconformidad con el gobierno: el presidente Duque tiene el índice de popularidad más bajo de cualquier presidente desde 1998. El gobierno no ha tenido éxitos legislativos y el balance de su primer año no fue positivo. Lo critican sus opositores y sectores más radicales de su propio partido (los uribistas purasangre) porque su gestión no está mostrando resultados y no tiene una agenda definida.
Los cacerolazos nocturnos que sumaron personas que no habían participado en la jornada del día expresan muy bien este descontento con el gobierno, incluso de personas que votaron por el presidente.
En conclusión, lo que era un paro rutinario se convirtió en una masiva movilización por cuenta de la estigmatización de la protesta, la desestimación de sus motivos y la desilusión por el retorno de la violencia.
Los dividendos truncados de la paz, con un gobierno débil, nos llevan a una mezcla de movilizaciones (pacíficas, violentas, pequeñas, masivas), que ventilan múltiples descontentos, desbordan los liderazgos tradicionales y no están articuladas.
No está claro si se sostendrán en el tiempo y se cohesionarán, como en Chile. En cualquier caso, al responder con toque de queda y militarización, Duque parece estar siguiendo la receta de su homólogo, Piñera.
Están por verse el alcance y norte de la conversación que prometió para los próximos días.
La versión original de este artículo fue publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile.
Silvia Otero Bahamón, Profesora de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad de Rosario y Sandra Botero, Profesora, Universidad de Rosario.
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