Del 2 al 13 de diciembre, más de 20 000 personas asisten en Madrid a la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (la COP25). Allí se discutirán y acordarán los compromisos de los países para implementar medidas mitigadoras del cambio climático.
A una escala más pequeña, las universidades también han asumido su responsabilidad en este sentido. En la actualidad, es raro encontrar una institución académica que no haya incorporado en su estrategia el desarrollo sostenible. En sus titulaciones, en la investigación, en sus políticas de comunicación y transparencia… y también en la forma en que gestiona sus recursos.
Los retos del cambio climático no solo se investigan o se enseñan en las aulas universitarias. La responsabilidad de la Universidad va más allá. Guarda relación con sus comportamientos como empresa y su propia cadena de valor.
Gestión de los recursos y reducción de emisiones
La manera en que las universidades gestionan sus recursos e implementan medidas de eficiencia en áreas clave como la energía, el agua o los residuos –incluidos los de sus laboratorios– prepara a las generaciones futuras para abordar el reto de contribuir a desarrollar una economía más sostenible, inclusiva y baja en carbono.
Muchas de las iniciativas de las universidades en términos de eficiencia energética y reducción de emisiones se ven condicionadas por restricciones financieras y regulatorias. Pero pueden ser impulsadas por las políticas internacionales, nacionales y regionales y por los equipos directivos de las universidades dentro de sus programas de responsabilidad social universitaria.
La Universidad, en su gestión diaria, tiene un efecto demostración muy potente sobre el conocimiento y la percepción del profesorado, del personal de administración y servicios y del estudiantado. Estos son aspectos cruciales en el éxito de las intervenciones que pueden mitigar el cambio climático: la eficiencia energética, la reducción de emisiones, la movilidad o los residuos.
Aumentar el compromiso de los distintos grupos de interés con los que se relacionan las instituciones académicas requiere cuidar tres aspectos principales:
- Transmitir un mensaje de conservación claro.
- Mejorar la participación de los grupos en los esquemas de reducción de consumo y de emisiones.
- Proporcionar información sobre el uso de la energía y otros recursos.
La Universidad es el lugar ideal para la búsqueda de alianzas y para probar acciones y políticas innovadoras que contribuyan a encarar, con medidas concretas, las causas que están detrás del cambio climático.
Líneas de actuación
Las universidades españolas se han subido a este tren en los vagones de cabecera. Son muchas las que tienen estrategias de sostenibilidad ambiental y muy numerosas las que se esfuerzan en reducir su impacto con medidas de eficiencia.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ocupa de la sostenibilidad en una comisión específica creada en 2002. Desde 2009, un grupo especial trabaja en la calidad ambiental, el desarrollo sostenible y la prevención de riesgos. Entre otras iniciativas, promueve seminarios para compartir experiencias, fomentar buenas prácticas y desarrollar proyectos conjuntos.
Prácticamente todas las universidades han implementado programas de sostenibilidad y hay casos de éxito como la gestión de residuos y materiales en la Universidad Politécnica de Cataluña, la huella ecológica que estima la Universidad de Santiago desde 2005 o el liderazgo de la Universidad de Valencia a la hora de introducir la sostenibilidad en el currículo.
Los anteriores no son casos aislados. El ranking de sostenibilidad de las universidades en el mundo, GreenMetric, elaborado por la Universidad de Indonesia es una prueba más de los avances que las universidades españolas han conseguido en este terreno. En 2010 se publicó por primera vez y fueron evaluadas 95 universidades en todo el mundo. Cinco universidades españolas ya estaban en este grupo.
Bien podría pensarse que solo se someten a evaluación aquellas universidades que saben que pasarán bien el examen, pero los datos contradicen esta hipótesis. Son cada vez más las universidades evaluadas: 719 en todo el mundo en 2018 y, de ellas, 28 de nuestro país. Siete instituciones españolas figuran entre las 100 primeras, con la Universidad de Alcalá a la cabeza.
¿Cómo se explican estos resultados?
Estos datos positivos son consecuencia, en primer lugar, del firme convencimiento de la comunidad universitaria de la necesidad de desarrollar comportamientos más sostenibles. En segundo lugar, influye el efecto impulsor que tiene el compromiso de la juventud (nuestro estudiantado mayoritario) por abordar esta problemática y contribuir con sus acciones a reducir el impacto de nuestras actividades.
Las oficinas verdes o Ecocampus de las universidades son los gérmenes de iniciativas en diversos campos de la sostenibilidad que crean conciencia y movilizan a nuestra comunidad. Pero es imposible entender este avance sin el compromiso de los equipos directivos.
El convencimiento de que las cosas se pueden hacer de otra forma ha permitido el desarrollo de estrategias de sostenibilidad y la implantación de políticas concretas de eficiencia energética. Estas no solo son motivo de orgullo por los avances obtenidos en términos de impacto –huella de carbono–, sino que configuran estrategias rentables. Permiten optimizar el gasto corriente y estirar los escasos recursos universitarios, especialmente menguados por la crisis económica.
El caso de la Universidad de Alcalá es especialmente relevante y es el resultado de una estrategia que tiene su referente inicial en 2003. Comenzó su desarrollo en 2010 gracias a la voluntad de la administración universitaria para implementar una política ambiciosa de mejora de la eficiencia energética y de introducción de energías renovables.
Encontramos tres elementos clave que ayuda a entender por qué una universidad española lidera hoy el ranking mundial de acciones contra el cambio climático.
- La medición de la sostenibilidad con auditorías energéticas y estudios de huella de carbono.
- El propósito por alcanzar los estándares de gestión con certificaciones como las ISO 14000 y la ISO 50000.
- Las alianzas público-privadas para conseguir efectos de demostración
y la introducción de nuevas tecnologías.
Algunos hitos conseguidos en los últimos años son la utilización progresiva de los coches eléctricos para los servicios de mantenimiento, la instalación en 2011 de la primera fotolinera de España o poseer la instalación más grande de energía geotérmica realizada en un edificio público en la Comunidad de Madrid.
Estabilizar los consumos energéticos pese a tener tres campus en crecimiento, conseguir certificar su energía como procedente al 100 por 100 de energías renovables o compensar completamente las emisiones producidas por su consumo de gas son aspectos sobresalientes que no pueden entenderse si no se ve a la Universidad como el lugar para probar medidas y buscar alianzas exitosas con la industria.
En 2014 iniciamos una actuación en términos de sostenibilidad utilizando elementos innovadores de la contratación pública como el diálogo competitivo. Esta permitió perfeccionar una estrategia de eficiencia energética sostenida en cuatro pilares:
- La mejora y renovación de la red y la sustitución de dispositivos por otros de máxima eficiencia.
- Una gestión integral y centralizada de la energía desde la contratación, los consumos y la monitorización de instalaciones.
- La puesta en marcha de un parque completo de energías renovables en funcionamiento (geotermia, cogeneración, solar y eólica).
- La necesidad de certificar esta gestión con las normalizaciones internacionales al uso (ISO 50001).
Todos estos datos ejemplifican el liderazgo que puede ejercer la Universidad como agente de cambio social, más allá de su función docente e investigadora. Los resultados muestran el efecto multiplicador que se puede conseguir a la hora de diseñar políticas públicas, favorecer alianzas y tejer redes. La Universidad puede ser el campo de pruebas ideal.
Rubén Garrido-Yserte, Profesor Titular de Política Económica y miembro del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Sus líneas de investigación son la economía regional y urbana y el papel de las políticas públicas en el desarrollo regional. Además es experto en gestión universitaria. Ha sido gerente de la Universidad entre 2010 y 2018
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