La ratio establece un límite de 24 menores en este centro. Actualmente hay 46, casi el doble de lo estipulado en la normativa. La plantilla se mantiene igual a pesar del aumento, lo que está derivando en problemas de asistencia.
Con el buen tiempo, la llegada de migrantes a las costas andaluzas se multiplica y, con ello, la afluencia de menores al centro también se incrementa.
CSIF destaca los problemas con el idioma ante la falta de traductores y el aumento de las agresiones verbales y físicas.
El sindicato CSIF ha denunciado la sobreocupación del Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva que, a día de hoy, está al 190% de su capacidad con un total de 37 menores sobrepasando en 12 las plazas límite que establece la normativa. La ratio se sitúa en un máximo de 24 menores en este centro por lo que, ante este incremento, se están produciendo numerosos problemas de atención a los menores por la saturación de trabajo ya que la plantilla se mantiene igual, con un total de 55 trabajadores incluyendo todas las funciones del centro.
Además, el sindicato adelanta que con el buen tiempo la llegada de migrantes a las costas andaluzas se multiplica y, con ello, la afluencia de menores al centro también se incrementa.
Esta sobrecarga está agravando los problemas de convivencia dándose situaciones de tensión e incluso agresiones verbales y físicas a los trabajadores del centro que se ven desbordados por la falta de ayuda, medios técnicos y recursos humanos además de la ausencia de asistencia jurídica por parte de la Administración. Esta problemática, que se deriva de la relación de agresor y agredido, se acentúa por la ausencia de centros específicos donde poder derivar a estos menores para trabajar la conducta o, en algunos casos, tratar los casos de drogadicción.
Por otra parte, ante la falta de traductores, CSIF alerta de que “con algunos menores es imposible poder comunicarse porque sólo hablan sus idiomas nativos, sobre todo los que proceden de África”. Además, se hace necesario un protocolo de salud a través del cual el menor reciba asistencia médica antes de su ingreso en el centro, incluyendo analíticas específicas que permitan evaluar su salud de forma precoz y preventiva y, por otra parte, realizar la prueba ósea para poder determinar la edad en aquellos casos que sea necesario.
Esta falta de información de los menores “dificulta enormemente el trato y la convivencia con ellos a lo que se suma, por otra parte, la escasez de personal y de recursos por el abandono de la Junta de Andalucía”, lamenta la central sindical. Todos estos condicionantes suponen además un riesgo añadido en el Centro de Protección de Menores, una peligrosidad que no es reconocida por la Administración. “La atención a los menores se ha convertido en una labor de asistencialismo, control y vigilancia, mezclando los programas de Acogida Inmediata y Residencial Básico, así como los tramos de edad en un mismo centro distorsionando de esta forma la labor socioeducativa”, explica CSIF.
Campaña de CSIF
En este contexto, la central sindical ha recordado que en octubre de 2017 inició la campaña de acción sindical Por una intervención psicosocial, Educativa e Integradora en los Centros de Protección de Menores con el objetivo de “restablecer la intervención psicosocial y educativa recuperando un entorno normalizador e integrador y defender al colectivo de trabajadores, su dignidad profesional y sus derechos laborales. También se piden modificaciones en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros para adecuar las plantillas a las necesidades reales de personal contemplando, entre otras cuestiones, la figura de un intérprete.
Finalmente, ante la situación de emergencia que se está viviendo en estos momentos, y que previsiblemente se mantendrá durante todo el periodo estival, CSIF pide a la Administración un plan de choque en los centros dotándolos de más personal mientras se mantengan los altos índices de ocupación. La central sindical indica que “ciertamente están obligados a acoger a los menores pero para este sindicato no vale todo, puesto que defendemos que la dignidad laboral no pasa por las situaciones de estrés y ansiedad por la que estos trabajadores están pasando y que, junto a la falta de medios, impide prestar una atención adecuada a los menores”.
