El Área de la Mujer de IU exige «una intervención decisiva y contundente» de las administraciones para defender a las mujeres temporeras

Lejos de la cuestión sobre la generalidad o no de estos hechos, su veracidad, las “afrentas al honor” de la patronal del sector o de los cruces de acusaciones a cerca de las responsabilidades, lo cierto es que ésta es una situación de la que ya que se hablaba en multitud de espacios informales desde hacía tiempo; es decir, la sociedad onubense era conocedora de que algo ocurría, pero nunca terminaba de saltar al ámbito del debate público, bien porque nunca había pruebas y/o porque nadie lo denunciaba. Así las cosas, la primera cuestión que debemos plantear es que este debate no solo debería darse en Huelva, sino en el conjunto del estado, y en el que sin lugar a dudas estaremos siempre del lado de las trabajadoras que defienden sus derechos laborales y denuncian posibles abusos sexuales.

No vamos a hacer una retahíla cronológica de los ocurrido, los medios ya se han encargado de hacerlo, tampoco vamos a interferir con el trabajo de las asociaciones y organizaciones sindicales a la hora de poner fin a este tipo de abusos, ni a decirle a las instituciones lo que tienen que hacer, más allá de exigir que depuren las responsabilidades a las que den lugar las investigaciones en curso y otras que se puedan abrir. Pero si que queremos hacer un llamamiento a que todos y todas hagamos un ejercicio de responsabilidad, desde instituciones públicas hasta partidos políticos, pasando por sindicatos, empresas, etc… ya que la defensa de un sector tan importante para la economía y el empleo de la provincia no puede suponer que se tapen situaciones de abuso, ni ocultar unas relaciones laborales que, en no pocos casos, se mueven en los límites de la legalidad cuando no abiertamente al margen de ésta. No es admisible que echemos balones fuera, como muchos han hecho, por algo tan serio, porque al frivolizar sobre esta cuestión estamos mostrando síntomas de una enfermedad social crónica: anteponer la demagogia sobre la imagen de una provincia frente a los derechos laborales y sexuales más básicos de cualquier persona. Por tanto la segunda cuestión a plantear es la de la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y laborales frente a las estrategias comerciales de un sector económico ¿Cuál es la prioridad? ¿Está el beneficio individual por encima de la dignidad de los seres humanos?

Que la fiscalía investigue, que las instituciones y las organizaciones sociales pongan los medios para acabar de una vez por todas con esta lacra; es necesario proteger a las trabajadoras y trabajadores frente a estos abusos, con más inspecciones de trabajo y sanciones, con más fondos para proyectos de integración y asesoramiento, eliminando intermediarios privados en la contratación (como ETTs y manijeros en el origen), acercando a las trabajadoras a los núcleos urbanos para acabar con su aislamiento, con mejores convenios y salarios, etc… Se trata de medidas que solventarían la situación, pero nuevamente sería una posición cortoplacista, y cuando las administraciones relajaran su actitud volvería a ocurrir estos hechos, y es por eso por lo que tenemos que tener más miras. Por tanto, la tercera cuestión a plantear es que las soluciones a estos problemas deben pasar por una doble vía, dar una solución coyuntural al problema, en la que están trabajando camaradas desde distintos ámbitos, pero también establecer formas de terminar con el problema de raíz. Por eso buscamos las causas en el fondo del debate público, en todo aquello que está ahí pero que no se ve aparentemente y que se resume en que la ley del mercado no puede ser la ley que determine las relaciones sociales, ni en el campo ni en ningún otro lugar.

Los trabajos en España se han convertido en parodias a la española del salvaje oeste: porque los trabajadores y trabajadoras, sean del campo, o de cualquier otro ámbito, están sometidas a condiciones de explotación laboral y personal previas al siglo XX, sometidas en muchas ocasiones a coacciones, a ser contratadas en función de si una trabajadora o trabajador está dispuesto a acceder a favores sexuales, a dejar que le paguen una miseria por incontables horas de trabajo, o a no ejercer sus derechos adquiridos. A eso en nuestro país siempre se le ha llamado explotación y la ley lo permite porque los partidos que han gobernado se han vendido a la patronal a cambio de favores y de mirar para otro lado, amparados por un entramado de corrupción escandaloso: esto es una auténtica vergüenza para Huelva, Andalucía y España. Seamos claras, en el campo y en otros muchos sectores, la producción es ineficiente bajo la propiedad de quienes se niegan a mejorarla y a mejorar las condiciones de trabajo; recordemos que la situación era distinta cuando los trabajadores y trabajadoras teníamos unidad, éramos solidarias entre nosotras mismas, y la patronal y el gobierno se lo pensaban muy bien antes de tocar uno solo de los derechos que habíamos peleado. Y así, la cuarta cuestión a plantear es que es preciso acabar de una vez por todas con el discurso de que el trabajador y el empresario van de la mano, ya que en muchísimos casos el lujo de unos supone la miseria de la clase trabajadora. A muchos de estos señores solo les interesan dos cosas: ganar dinero rápido sin importar las consecuencias y dejar claro quiénes son los que mandan.

La clase trabajadora onubense, andaluza y española no puede esperar más, o el estado actual pone soluciones de raíz a estos problemas, o las pondrá el pueblo; es preciso blindar la agricultura andaluza frente a la explotación laboral y a la violencia patriarcal, pero también frente al monopolio de las multinacionales del sector, que secuestran nuestros campos y especulan con nuestra comida, gracias al control de los canales de distribución y comercialización. Pero sobre todo es preciso y urgente generar empleo digno y de calidad para todos y todas. Así las cosas, queremos concluir afirmando que en el Partido Comunista tenemos las cosas claras: o empezamos a tomarnos en serio los derechos y obligaciones laborales como parte fundamental de la dignidad de las personas, a planificar la economía y a hacer circular la riqueza hacia quienes la producen, que somos los trabajadores y trabajadoras, o este país se volverá a convertir en el coto privado de caza de unos cuantos oligarcas.