Lunes, 16 de agosto de 2021. El viernes empezaron las expulsiones ilegales, colectivas y masivas de niños orquestadas por los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores, ambos regentados por el PSOE. España ha devuelto 48 críos a Marruecos; esperaba repatriar a 700. La solicitud de medida cautelarísima interpuesta en los juzgados de Ceuta por parte de dos abogadas que representan a organizaciones sociales ha frenado la actuación del Gobierno de España. Patricia Fernández Vicens es una de las dos letradas que ha redactado la solicitud. “Habíamos visto deportaciones entre 2006 y 2008, pero nunca una violación tan fragante de los derechos de la infancia y tan masiva como la de estos días. Algo así es difícil de ver en un estado democrático, y aquí ha ocurrido”, alerta.
Fernández pertenece a la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, que ha trabajado junto con las organizaciones sociales Frontera Sur, Elin, Maakum y No Name Kitchen. En junio estuvo en Ceuta entrevistándose con varios menores.
“Nunca habíamos visto una violación tan fragante de los derechos de la infancia y tan masiva como la de estos días. Algo así es difícil de ver en un estado democrático, y aquí ha ocurrido”, alerta la abogada Patricia Fernández
A primera hora de la noche, la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, informó que las expulsiones se han paralizado durante 72 horas. Al parecer, esta es una decisión política, pero no quedó claro quién la tomaba, si Ceuta o la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma.
Paralelamente, desde que el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos), tuvo conocimiento del proceso, intentó frenar esta maniobra política que ha defendido en todo momento el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien esta misma mañana aseguraba en Cadena Ser que la operación era “legal”.
De las once condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas, en seis ocasiones los detenidos torturados dependían del actual ministro del Interior y exjuez de la Audiencia Nacional.
De las once condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas, en seis ocasiones los detenidos torturados dependían del actual ministro del Interior
Hasta el momento, cinco instituciones españolas piden al Gobierno que frenen las deportaciones ilegales: el auto del Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Ceuta, el Ministerio de Derechos Sociales, el Defensor del Pueblo, la petición de amparo del Área de Menores ante la Fiscalía general y el Comité del Derecho de los niños. A última hora de la tarde se ha añadido la ONU. El Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño ha solicitado al Gobierno español que suspenda la expulsión de diez niños, su transferencia a un centro de protección y ha requerido información de cada caso —pero contrariamente a derecho, no hay información de cada caso, tal y como indica el auto del juez de Ceuta—.
Cómo se repatrian menores de edad
El reglamento de la Ley de Extranjería establece cómo deben realizarse las repatriaciones de menores de edad. Debe ser un proceso muy garantista, tal y como estableció en sentencia el Tribunal Constitucional en 2008, que dio pie a la modificación del reglamento en 2009. El Servicio de Protección de Menores debe informar al menor la posibilidad de que sea repatriado. Si el menor manifiesta que no quiere, le debe designar un defensor judicial. Hay que informar al niño de este proceso, darle un periodo de alegaciones, luego un periodo de prueba y después escuchar personalmente al menor asistido por un tutor legal, en presencia del fiscal y con el defensor judicial si lo tuviera. Además, hay que solicitar un informe al Servicio de Protección de Menores, otro a la Secretaría de Estado de Seguridad y, finalmente, un tercero a la Secretaría de Estado de Migraciones, que garantizaría que le ocurrirá al niño si es devuelto. Todo esto forma un expediente individual. A continuación se dicta una resolución. Si es de repatriación, se le comunica al niño, que puede recurrirla. Nada de esto existe en las devoluciones de niños de Ceuta.
Si las expulsiones no se frenan política o jurídicamente, mediante la Fiscalía General, quien debiera actuar de oficio en la defensa de los menores sin tutores legales, las dos abogadas —Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, y Paloma García Viedma, de la Fundación Raíces— continuarán interponiendo solicitudes de medidsa cautelarísimas cada día.
La letrada Patricia Fernández califica de “medida política oportunista” las devoluciones “negociadas entre el Gobierno español y marroquí, situadas al margen de cualquier interés del menor y, desde luego, al margen de la legislación vigente”.
A la tercera
A las 9.50h del domingo, las abogadas solicitaron al juzgado de guardia de Ceuta que adoptara medidas cautelares decretando la paralización de las devoluciones, “pero nos dijeron que no habíamos llegado a tiempo y que ya se habían llevado a los niños”. Por lo que a la tarde interpusieron la solicitud para las expulsiones previstas para hoy y mañana. El juzgado no la atendió. Finalmente, hoy la han interpuesto una tercera ante el juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Ceuta, que ha emitido un duro auto: “En el supuesto enjuiciado, nada de lo ordenado en lo referido al Real Decreto [que regula las devoluciones] se ha cumplido”, resume el juez. Dicho de otro modo, estas expulsiones se han saltado todo el reglamento que dispone cómo deben realizarse —individualmente, comunicadas a los menores, con garantías al derecho a la tutela efectiva, es decir, los menores tienen derecho a negarse y a ser representados—.
De las once condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas, en seis ocasiones los detenidos torturados dependían del actual ministro del Interior
El ministro alegó que las devoluciones se acogían a un acuerdo entre Marruecos y España establecido en 2007. El juez subraya en el auto que dicho acuerdo debe “observar estrictamente la legislación española”, que se han saltado. Pero el punto más importante del auto es el que afirma que no existe expediente de repatriación de cada menor, tal y como la Policía Nacional ha confirmado al magistrado.
El Ministerio de Derechos Sociales ha vuelto a enviar esta tarde una carta a Interior en la que reitera su “rechazo al proceso de devolución de menores a Marruecos”, un proceso del que, tal y como han aseverado fuentes del ministerio a El Salto, no tenían constancia
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha vuelto a enviar esta tarde una carta al Ministerio del Interior en la que reitera su “rechazo al proceso de devolución de menores a Marruecos”, un proceso del que, tal y como han aseverado fuentes del ministerio a El Salto, no tenían constancia por ningún medio. El Ministerio solicita a Marlaska que “los niños y niñas que deseen volver con su familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad, y que los que no deseen regresar, se queden en España en condiciones de acogida dignas”.
Organizaciones en defensa de la infancia como Save The Children y Unicef han sido también muy críticas con este proceso ilegal. “Se ha vulnerado el derecho internacional y el nacional, incumpliendo con la Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla”, matiza Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia en Save The Children. “Esperemos que el auto de Ceuta motive a la Fiscalía general a que actúe de oficio para paralizar las devoluciones”, agrega.
Cuando Pedro Sánchez puso al mando del Ministerio del Interior a Fernando Grande-Marlaska avaló su trayectoria, esa que ponía por encima sus prejuicios frente a los Derechos Humanos. De las once condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas, en seis ocasiones los torturados dependían del actual ministro del Interior, el exjuez Grande-Marlaska.
Cuando la abogacía del Estado mostró públicamente que las multas del estado de alarma amparadas en la legislación de la Ley Mordaza no tenían encaje legal, el ministro Marlaska desoyó las quejas y los cuerpos policiales impusieron 1,2 millones de sanciones a la población. El Tribunal Constitucional falló a primeros de julio contra el estado de alarma y están multas han quedado en un limbo burocrático.
Al principio de su mandato, Marlaska descartó la posibilidad de que a las 630 personas rescatadas por el Aquarius, embarcación gestionada por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranee, se les diera el estatus de refugiadas como en un primer momento se indicó y subrayó que “cualquier petición de asilo conlleva un trámite”, cuyo procedimiento se rige por la Ley 2009. La ultraderecha alemana felicita dos meses después al PSOE por la macroexpulsión que se llevó a cabo en Ceuta: “España muestra el camino”.
El Confidencial escribió en julio, tras la remodelación de Pedro Sánchez de sus ministros, que a Marlaska le salvó un golpe de suerte. El presidente pretendía cesarle y unificar Interior con Justicia. Ese mismo diario publicó en marzo que las arcas públicas costearon una nueva cinta de correr para el exmagistrado. “Los ministros del Interior tienen dificultades para hacer ejercicio en la vida pública”, justificaron fuentes del gabinete. La nueva cinta costó 2.800 euros.
Contenido bajo Licencia Creative Commons
Amnistía pide el cese de las devoluciones de menores de España a Marruecos
Sea el primero en desahogarse, comentando