PAGMAS recuerda que la normativa sobre manipulación de fibrocemento es muy exigente, debido a que el amianto es un material altamente nocivo para la salud.
La Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo que los Ayuntamientos están contratando a personas desempleadas para esta tarea con fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario.
Para trabajar con las tuberías de fibrocemento los trabajadores deben recibir formación específica en manipulado de amianto y prevención de riesgos laborales, así como poseer los conocimientos necesarios en labores de construcción (albañilería, fontanería…).
Martes, 9 de febrero de 2021. La Plataforma de Afectados de Giahsa y MAS (PAGMAS), colectivo de usuarios de los servicios de agua y recogida de residuos que ofrece la empresa pública Giahsa, ha denunciado este lunes ante la Inspección de Trabajo que los ayuntamientos adheridos a la Mancomunidad Giahsa – MAS están usando al personal contratado dentro de los planes del PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario, antiguo PER) para la retirada y manipulación de tuberías de fibrocemento en las obras municipales, sin que los trabajadores hayan recibido la formación sobre los protocolos de actuación ni equipos adecuados para el manejo de este tipo de material cancerígeno.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, PAGMAS destaca que la manipulación de materiales ricos en amianto, como son las tuberías de fibrocemento, es un “riesgo extremo” tanto para los trabajadores como para las personas que circulan cerca de las obras, ya que cualquier tipo de contacto que se mantenga ha de ser siempre bajo estrictas normas de seguridad y protocolos de actuación.
Para la Plataforma, la responsabilidad del mantenimiento y manipulado de estas redes debería recaer sobre la empresa pública Giahsa, entidad autorizada para manipular fibrocemento y amianto, por lo que “deberían ser sus trabajadores los que hagan la sustitución de este tipo de tuberías”.
TRABAJADORES DEL PFEA
Ya en Marzo del pasado año, la entonces candidata in pectore y hoy presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, explicaba en un vídeo publicado por PAGMAS que los ayuntamientos estaban cediendo trabajadores a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (FEA) como mano de obra para las obras de sustitución de las redes de fibrocemento que abastecen de aguas a buena parte de los ayuntamientos ligados a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), entidad supramunicipal propietaria de la empresa púbica Giahsa.
Limón aseguró que «todos los alcaldes estamos haciendo un esfuerzo por ayudar a quitar el fibrocemento con las diferentes ayudas que tenemos a través del PFEA». Según explicó la también alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, la renovación de las redes de fibrocemento se estaría realizando con ayuda económica de Giahsa, que aportaría los materiales, y de los ayuntamientos, «que aportamos la mano de obra». María Eugenia Limón también estimó que la renovación total de toda la red estaría finalizada «en un periodo de dos años».
Según han explicado este lunes fuentes de PAGMAS, la información ha sido ratificada por uno de los trabajadores del PFEA que ha estado trabajando en obras de renovación de tuberías de fibrocemento sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa. Así, al constatar el que consideran un uso indebido y temerario de una mano de obra que no está debidamente cualificada para una tarea de estas características, la plataforma ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se ha cursado una denuncia ante el SEPRONA de la Guardia Civil.
El Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido por PER, es un plan de subvenciones a los ayuntamientos de varias comunidades autónomas para realizar inversiones en el mundo rural. Fue establecido en 1986 por el Gobierno de España durante el mandato de Felipe González con el nombre de Plan de Empleo Rural, en sustitución del llamado «empleo comunitario». Los fondos del PEFEA están destinados a que los ayuntamientos contraten a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro, y facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo.
Los requisitos para retirar tuberías de fibrocemento son de obligado cumplimiento para cualquier empresa que desarrolle su actividad profesional en el campo de la retirada de amianto. La normativa es muy exigente en este aspecto, debido a que el amianto es un material altamente nocivo para la salud. Por lo tanto cualquier tipo de contacto que se mantenga con él, ha de ser siempre bajo estrictas normas de seguridad y protocolos de actuación.
Para retirar amianto de forma legal las empresas manipuladoras deben estar inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), ya que sin dicha inscripción es ilegal cualquier tipo de manipulación de amianto. Además, la empresa debe trazar un plan de trabajo, realizar mediciones ambientales y proporcionar una cabina de descontaminación, indispensable en cualquier retirada de amianto o de fibrocemento.
En lo que respecta a los trabajadores, también deben cumplir su propios requisitos. Deben recibir formación específica para retirar amianto, prevención de riesgos laborales, trabajos en altura, así como, poseer los conocimientos necesarios en labores de construcción (albañilería, fontanería…). También deben estar sometidos a un plan de salud específico de vigilancia de amianto, estar totalmente informados sobre los riesgos que entraña el amianto y deben estar incluidos en ficheros específicos.
También existen requisitos para la retirada del amianto, que delega en empresas especializadas la gestión de los residuos derivados de la misma. Los exigidos por la ley son poseer un código NIMA, el documento de aceptación de residuos emitido por la planta que se ocupará de destruir los mismos y sin el cual no podrá emprender el viaje en el transporte, documento de control y seguimiento que deberá ser presentado a petición de la autoridad de tráfico correspondiente y estar en posesión del transportista, y, por último, el certificado de tratamiento de residuos emitido por la planta de tratamiento y que certifica la destrucción de los mismos.
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