Todos los años explico a mi alumnado los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución en la lección dedicada a las garantías de los derechos. De esa manera, pretendo dejarles claro que nuestra norma fundamental prevé la reacción ante situaciones extraordinarias de manera que, incluso en ellas y pese a ellas, se garantice su continuidad.
Es decir, y aunque pueda parecer una paradoja, el sistema constitucional prevé la suspensión de derechos y el refuerzo de poderes del ejecutivo, para que no haya quiebra de unas condiciones mínimas de bienestar y convivencia.
De esta manera, lo que se pretende es garantizar que durante la crisis, y una vez finalizada, el sistema se resienta lo menos posible, y que, a pesar de la situación extraordinaria, sea posible mantener la paz social.
Si bien nuestro ordenamiento regula de manera mínima los efectos que tiene la declaración de dichos estados, dejando un amplio margen de discrecionalidad política en manos del gobierno, siempre con el correspondiente control parlamentario, lo que no se prevé es lo que puede pasar el día después.
Medidas singulares pero en un período limitado
Es decir, lo que el sistema no establece es cómo reaccionar ante el estado no ya solo de nuestros derechos sino de la sociedad y de nuestro modelo de convivencia, una vez pasada la crisis.
Y muy especialmente si las medidas singulares adoptadas durante un período limitado de tiempo pueden seguir produciendo efectos más allá de las semanas o los meses para los que se decretó el estado excepcional. No me refiero, claro está, a los temporalmente tasados y que, como estamos viendo ahora, van siendo concretados por el Gobierno a medida que la situación evoluciona, sino a esas consecuencias que inevitablemente acabarán haciendo mella a medio y largo plazo en nuestras vidas.
Como ya podemos adivinar, tras la superación de la emergencia sanitaria, esta crisis se proyectará en un modelo económico ya de por sí quebradizo y que se verá sometido, de hecho ya lo está siendo, a una de esas crisis lamentablemente tan cíclicas que parecen creadas para garantizar su propia continuidad.
Cuando en este país todavía estábamos pendiente de revocar reformas legislativas que en la última década habían incidido de manera tan penosa, por ejemplo, en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tendremos que estar atentos a si el escenario post-virus no legitima de nuevo medidas que amparen más al mercado y a los mercaderes que a los sujetos que aportan la mano de obra.
Cuidado con los recortes de derechos sociales
Habrá que estar atentos también a que los derechos sociales, tan ninguneados desde nuestra propia Constitución, no vuelvan a sufrir un recorte que los deje todavía más erosionados.
Al contrario, en el contexto inestable que se avecina, deberían ser justamente los prioritarios si queremos evitar las fracturas sociales y ayudar a que una ciudadanía, también herida desde el punto de vista emocional, remonte el vuelo. En ningún otro momento será tan necesaria una inversión prioritaria en Sanidad, Educación y Cultura, los tres pilares sin los que es imposible el bienestar y la justicia social, y cuya concreción en políticas públicas debería responder siempre al principio de “no regresividad”.
Ningún resquicio al autoritarismo
Cuando pasen estos días en que hemos visto limitadas nuestra libertad de movimiento y nuestra capacidad para tomar decisiones y, por tanto, hemos visto reducido nuestro espacio vital, por más que lo sintamos amplificado gracias a la magia de las tecnologías, también deberíamos estar muy alerta ante los posibles usos y abusos que puedan realizarse del estado casi policial que se ha instalado en nuestras calles.
Aunque no sea con inmediatez, y aunque incluso emocionalmente nos cueste hacerlo, tendremos que, entre todas y todos, recuperar el espacio público como el propio de la expresión democrática y no dar pie a que en nombre de la seguridad se nos puedan poner más mordazas. No deberíamos dejar ningún resquicio libre para que el autoritarismo que estamos sufriendo en esta primavera detenida se prorrogue una vez que el virus nos permita recuperar nuestras las plazas.
De la misma manera, tendremos que seguir peleando para que la frágil intimidad de la que a estas alturas disponemos no se convierta en una moneda de cambio más en el mercado de los datos y las sospechas.
Se abre pues un escenario en el que, como ha sido tan habitual a lo largo de la historia, nuevas amenazas tratarán de reducir a la mínima expresión nuestros derechos fundamentales.
Por eso, una vez recuperada la salud física, tendremos que esforzarnos para hacer de los días que esperamos un tiempo de los derechos y, por tanto, de la política en su sentido más puro y hasta revolucionario. Un tiempo en el que tendremos que cambiar los aplausos en los balcones por un compromiso activo y crítico, vigilante y responsable, el propio de quien se sabe sujeto real de la soberanía.
Octavio Salazar Benítez, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba
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