Esta semana comienza el juicio del caso Bárcenas, relativo al pago de las obras de la reforma de la sede del partido en la calle Génova con dinero de la caja B del Partido Popular. De forma sorpresiva, Luis Barcenas ha comenzado a cantar y en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción confiesa que el partido se financió ilegalmente entre 1982 y 2009 y que algunas de las donaciones que recibió de empresarios eran a cambio de contratos de obra pública. Apunta a Rajoy de «perfecto conocedor». También propone al juez destapar la corrupción del gobierno de Aznar, la mayor de la historia.
Bárcenas rompe su pacto con el PP y señala a Rajoy por cohecho y tráfico de influencias, relatando cómo funcionaba el sistema de financiación del PP con percepciones en B. El extesorero afronta el juicio con un claro objetivo: colaborar con la Justicia a cambio de que él y, sobre todo, su mujer Rosalía Iglesias puedan adelantar su salida de prisión.
Hasta una veintena de constructores aparecen en la confesión de Bárcenas, quién que señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP. Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como «un sistema institucionalizado de financiación en B». Entre otros, quedan implicados el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia. Las pruebas determinarán si ha existido un delito de cohecho. También Bárcenas señala a la expresidenta madrileña en el caso Púnica. Esperanza Aguirre está en manos de Bárcenas, ya que el extesorero también se ha ofrecido a aportar información sobre la caja B del PP de Madrid.
Es corrupción el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito, no hubieran podido alcanzarse. Otras prácticas corruptas son el soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, la prevaricación, el cohecho, el contrabando, el blanqueo y la evasión de capitales o el delito fiscal. Se han acumulado grandes fortunas con el negocio inmobiliario y sus prácticas corruptas asimiladas. La financiación ilegal de los partidos políticos es otro delito y el caso Bárcenas un ejemplo.
Luis Bárcenas dice en su escrito a la Fiscalía, que en una reunión en 2009, en el despacho de Mariano Rajoy, le enseñó los papeles con la contabilidad B del PP, «espetándome que cómo podía seguir guardando esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación».
En la historia de España la corrupción ha sido una constante. La realeza se ha visto implicada en casos de corrupción para su enriquecimiento personal. Fue célebre la reina regente María Cristina de Borbón (la que «me quiere gobernar») y sus negocios especulativos con sal, ferrocarriles y trata de esclavos, llegando a amasar una gran fortuna por procedimientos poco claros. No había industria en España, en la que no llegó la mano real. Hoy hay que recordar el caso Urdangarín, cuñado del rey, que volvió a tocar a la realeza en su propia casa. De la presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón ya hemos hablado, tendremos ocasión de volver a hacerlo, esperando que con juicio de por medio.
Hubo un tiempo que en España, a la corrupción se la llamó «estraperlo», como una de las más extendidas y lucrativas actividades económicas ilegales. Durante la República, una denuncia de M. Daniel Strauss ante el presidente Alcalá Zamora, exigía una «indemnización», por los gastos que le había ocasionado la instalación de juegos en determinados casinos. El caso fue conocido popularmente como straperlo (por el nombre de sus promotores Strauss, Perle y Lowmann). Los gastos no eran sino sobornos (hoy diríamos comisiones ilegales), pagados a políticos, amigos y familiares del Partido Republicano Radical y de su líder Lerroux.
En los años 60, Adolfo Marsillach compuso una telecomedia, cuyo argumento reflexionaba sobre la censura, a la que no le valía, por insuficiente, el título de la obra «La honradez». En España la honradez tenia que ser recompensada, decían, pero no de forma puntual, sino siempre. De ahí que la obra pasó a titularse «La honradez recompensada» (siempre en España). En la realidad del momento, no solo no se recompensaba la honradez, sino que se premiaba lo contrario. La corrupción campaba a sus anchas desde los propios despachos ministeriales. Se compraban y vendían licencias de importación y exportación, para beneficio de jerarcas y allegados del régimen.
Hoy, los denunciantes de corrupción e irregularidades no son recompensados, sino que en algunos casos están perseguidos. Gente honesta que cumpliendo con un deber de buena ciudadanía, cuando denuncian ante la justicia la existencia de corrupción, en vez de ser reconocida su valentía y honestidad, son perseguidos, calumniados, expulsados de sus trabajos, incluso encarcelados y represaliados, como es el caso de Ana Garrido, Luis Gonzalo Segura, Marco Antonio Santos, Roberto Macías, entre otros muchos
En el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparency International, España mantiene la misma puntuación que en 2019, 62 puntos, pero baja dos puestos y se sitúa en el 32º de los 180 países analizados. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan el ranking con 88 puntos y son considerados los menos corruptos, mientras que Somalia, Sudán del Sur y Siria cierran la lista. La posición de España queda muy lejos de la de Dinamarca y Nueva Zelanda y de otros países europeos como Alemania, Bélgica, Irlanda o Francia (23ª) y evidencia que la corrupción sigue siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía española.
Mientras unos se lucran a nuestra costa, otros pagamos en su beneficio. Los corruptos abanderan las políticas de austeridad, desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones; son quienes propugnan que el Estado no preste servicios asistenciales, ni pague pensiones ni subsidios, mientras que ellos llenan sus arcas de una forma ilegal y sin mayor castigo. Tan corrupto es el que utiliza los bienes públicos en su propio beneficio, como quien no lo impide pudiendo. Las leyes han castigado siempre más el robo de una gallina para comer, que los fraudes y desfalcos de los poderosos. Los partidos políticos tienen expulsar a los indeseables de sus filas; ponerlos a disposición de la justicia y ésta actuar con contundencia.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia consideraba, que al Gobierno le interesa que la justicia, no tenga medios suficientes para luchar contra la corrupción, y que «no es admisible que un inmigrante, que coloca el top manta para poder sobrevivir, tenga penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones, solo tenga pena de multa». Como siempre ha ocurrido, se «criminaliza la pobreza», pero no los delitos cometidos por quienes tienen el poder.
El poder corrompe; sobre todo si los que asumen el poder lo quieren para corromper. Entre unos y otros, por acción u omisión, han corrompido la democracia y permitido que la corrupción y el nepotismo se instalen en el Sistema. Algunos pretenden desvirtuar la democracia, presentando la corrupción como algo consustancial; pero no es así. Contra corrupción, más democracia, más participación y transparencia.
Están esquilmando las arcas públicas del Estado y a la propia institución misma, con el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el pago de comisiones ilegales, para conseguir negocios y beneficios, que sin el delito no hubieran podido alcanzarse; sobornos, extorsión, fraude, malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, evasión de capitales o delitos fiscales. Nadie que se gane la vida trabajando honradamente, acumula tan grandes fortunas.
Los efectos de la confesión de Bárcenas se valorarán en la sentencia, pero el ex tesorero habla abiertamente de sobornos, financiación ilegal, pagos en B y contrataciones públicas amañadas. La ciudadanía merece explicaciones y que la corrupción no forme parte de nuestro paisaje. (Joaquim Boch de Juezas y Jueces para la Democracia). Veremos a ver que nos depara el juicio, que se prevé largo, hasta finales de Mayo.
«El Estado de Derecho no admite chantajes», dijo Rajoy, y efectivamente no admite chantajes, ni tampoco sinvergüenzas ni traidores ni vende patrias, ni corruptos ni a quienes reciben sobresueldos, mientras llaman a la austeridad de los pobres. Ni los que se cuelan en las filas de las vacunaciones, por su poder, en tiempos de pandemia.
No parece que la corrupción vaya a desaparecer, porque los que tienen el poder para evitarlo no quieren; y los instrumentos para luchar contra la corrupción existen, pero no se utilizan. La corrupción no va a desaparecer, mientras no exista voluntad política decidida que la evite. Hay que castigar con más dureza al político corrupto que engaña y roba las arcas públicas, perjudicando al conjunto de la sociedad.
No podemos legitimar las prácticas corruptas con el silencio, que sería un delito contra la democracia. Algunos quiere a la ciudadanía sierva, a los trabajadores esclavos, a los jóvenes rehenes ignorantes, a los enfermos y jubilados muertos vivientes y todos en silencio.
Víctor Arrogante, colaborador habitual de La Mar de Onuba, profesor retirado, ex sindicalista y veterano activista por las causas de las libertades y los Derechos Humanos. Crítico analista del presente y pasado reciente, en sus columnas vuelca su visión de republicano convencido. Sus primeros artículos en la primera etapa de Diario Progresista (recogidos en el libro Reflexiones Republicanas) le hicieron destacarse como columnista de referencia para los lectores de izquierda, y hoy sus columnas pueden leerse también cada semana en 14 destacados medios digitales, como Nueva Tribuna, El Plural, Cuarto Poder o Confidencial Andaluz.
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