“Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal”
Kant, Immanuel. 1788. Crítica de la razón práctica
Martes, 17 de diciembre de 2024. Estos días atrás hemos asistido, un año más, al “espectáculo” de la bandera andaluza, personalmente como andalucista y federalista me resulta hiriente que quienes están detrás de una concepción centralista del estado hagan este ejercicio electoralista y de oposición con un símbolo de todas que está donde está, por un derecho conseguido por una mayoría social andaluza, donde no ha estado ni está lo que representa el Partido Popular en nuestra tierra. Estaban en contra en 1977 y lo siguen estando ahora como es fácil de comprobar, por el deterioro de los derechos básicos que estamos sufriendo los andaluces y las andaluzas.
Dicho esto, quiero llevar la cuestión al espacio de lo ético, al espacio de lo deontológico; ¿para cuándo una ley que afecte a la deontología de los partidos políticos y de los servidores públicos? Todo el mundo conoce que determinadas profesiones, que están involucradas con el bienestar universal de las personas, tienen unos criterios deontológicos, que les obligan a realizar determinadas acciones por encima de su voluntad porque ello supone un bien a las personas y además este bien se convierte en algo universal; Kant ya lo tenía en cuenta cuando propuso a través de sus críticas lo que él llamó imperativo categórico.
Los servidores públicos, entre los que coloco de manera primordial a las personas elegidas por la ciudadanía, deberían tener a la espera de esa ley deontológica, unos criterios mínimos de actuación que deben quedar al margen de la voluntad personal o ideológica de cada uno de ellos y de ellas y que están al servicio del bienestar de las personas y sus sociedades. Conozco los códigos éticos de los partidos, existen en la mayoría de ellos y, en líneas generales se cumplen, pero en muchos casos son de carácter punitivo en función de actuaciones contrarias a las leyes vigentes. Yo voy más allá, hay cuestiones que deben estar sometidas a esos criterios, aunque en ellas no haya un delito, son cuestiones que están al servicio del bien de las personas, aunque exista el riesgo de equivocarse.
Una de ellas debería ser la necesidad del respeto a los símbolos y principios constitucionales de un estado. En el caso del nuestro, sería muy loable respetarlos todos los que están recogidos por la Constitución y los estatutos de autonomía que constituyen una base legal mínima. Lógicamente, no va en contra de estos principios las propuestas de modificación de esas leyes básicas, pero mientras no se modifiquen a través de un proceso asumido por la ciudadanía, todas las instituciones y los dirigentes deben respetar y hacer respetar esos principios y esos símbolos.
La utilización de lo común para enfrentar a una parte con otra, es éticamente reprobable, lo común es el patrimonio de una comunidad y debe estar al margen del enfrentamiento político. Y esto vale para una parte y para la otra, no es una cuestión particular, es un asunto que afecta a todas las personas y, en consecuencia, a sus representantes.
Como digo en el título del artículo, el compromiso con nuestra tierra no es una ocurrencia, es un imperativo moral, político y social y como tal, nos podemos equivocar en ese compromiso, pero no podemos utilizarlo de manera impropia. Ese compromiso debe estar por encima de las cuestiones particulares y, por tanto, si hay una situación como la actual de pérdidas de derecho, que el propio Moreno Bonilla reconoce que en el caso de la sanidad es desesperante, no debe seguir con las acciones que son la causa de esta situación, este deber está por encima de cualquier otra consideración particular o sectorial.
Si la sociedad andaluza crece en pobreza no debe eliminar ayudas o subir el precio de los comedores o retirar personal para los que menos tienen. Si la educación pública tiene unos niveles de servicios que son más bajos que los que existían antes de su llegada al poder, no debe seguir cerrando unidades públicas o eliminando plazas de personal docente o no docente que atiende a un servicio público como es la educación básica.
Hay cuestiones, repito que son del común, que afectan a todas y a todos y que no deben olvidarse, ese es el tipo de imperativo moral, político y social al que me refiero.
Dicho esto, volvamos al principio, ¿con qué autoridad moral, política y social utiliza los símbolos de Andalucía para sus ocurrencias más propias de un populista, que de un presidente para todos y todas? Un servidor público está para servir a la ciudadanía y no para servirse del patrimonio común para su uso particular. Digamos una vez más que de Juanma ‘El Moderado’ solo queda el recuerdo, se ha convertido en un Bonilla al servicio de los que más tienen, despreciando los deberes que tiene como presidente de la Junta de Andalucía. Ya queda menos para que salga de esa presidencia que le queda grande y sobre todo que la está utilizando a favor de sus intereses particulares.
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