Para el movimiento por el derecho al aborto encabezado por el feminismo argentino, la toma de posesión del nuevo presidente del país, en noviembre de 2019, marcó el punto álgido de una década de lucha.
Tras su victoria electoral, el presidente electo, Alberto Fernández, se comprometió públicamente a despenalizar el aborto en Argentina. Esta promesa es el fruto de un amplio despliegue de movilizaciones sociales, como las convocadas cuando se presentó ante el congreso el proyecto de ley del aborto, a principios de año. Las protestas multitudinarias ayudaron a poner de relieve que los bien financiados y organizados grupos religiosos conservadores, firmemente opuestos al aborto, no representaban a muchos votantes argentinos. Lo que unos años antes era un tema casi tabú, se convirtió en una de las principales bazas durante la campaña electoral.
Este éxito llega en un contexto de aumento de las violaciones de los derechos humanos, impulsadas por un preocupante auge de grupos antiderechos, no estatales, en América Latina y el resto del mundo. Un reciente informe de CIVICUS, una alianza internacional de organizaciones sociales, destaca la proliferación, prominencia y poder que están adquiriendo los grupos antiderechos humanos y las organizaciones que los defienden. Estos grupos se posicionan dentro del espacio de la sociedad civil, pero arremeten contra los derechos humanos. Su autoestima y visibilidad están en alza, respaldadas por la abundancia de sus recursos y sus interconexiones, incluso internacionales.
Esta combatividad global del activismo conservador antiderechos, que está erosionando derechos humanos logrados en todo el mundo con mucho esfuerzo, está recibiendo, como hemos visto en Argentina, una respuesta imponente de la sociedad civil, que no duda en forjar cada vez más coaliciones, en llegar a un abanico cada vez más amplio de personas y en colaborar con quienes antes no tenían trato.
El movimiento argentino por los derechos reproductivos y de género logró el apoyo de cientos de miles de personas, sobre todo mujeres, gracias a los vínculos más sólidos que estableció con los ciudadanos y las comunidades, y a la creatividad y eficacia de sus comunicaciones. Esta es sólo una de las múltiples respuestas que la sociedad civil puede y está ya ofreciendo para luchar contra la ola antiderechos.
Debido a que gran parte de los ataques a los derechos están siendo perpetrados por grupos confesionales ultraconservadores, que ofrecen una interpretación limitada y sesgada de las tradiciones y de los textos religiosos, muchas organizaciones sociales están tendiendo puentes con los grupos religiosos más moderados, para ofrecer un frente común contra el extremismo y presentar argumentos favorables a los derechos humanos desde la fe.
En América Latina se está forjando una alianza de los grupos religiosos más progresistas para defender los derechos de las mujeres. En Malasia, la sociedad civil está contactando con las organizaciones islámicas que participan en el sistema de las Naciones Unidas, para intentar que reconozcan la discriminación que padecen las personas LGBTQI. En Uganda, una organización social está esgrimiendo el lenguaje bíblico para lograr que se acepte el derecho a acceder a unos servicios básicos de educación sexual y VIH/SIDA. Los activistas LGBTQI en Botsuana están contactando con los grupos confesionales moderados, tras la histórica sentencia judicial que el año pasado despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo y la reacción que esta provocó entre los grupos ultraconservadores.
La respuesta conjunta de la sociedad civil puede también atraer a los partidos políticos y animarles a que defiendan unas normas mínimas de respeto a los derechos, como han hecho las organizaciones LGBTQI en Letonia.
La sociedad civil está poniendo más énfasis en las redes de apoyo internacionales, para contrarrestar los recursos, las habilidades y las estrategias transnacionales que están acumulando las fuerzas contrarias a los derechos, como lo demuestra la financiación que grupos evangélicos con sede en los Estados Unidos ofrecieron a las fuerzas ultraconservadoras de Botsuana.
En definitiva, las alianzas de la sociedad civil deben ser amplias y congregar a todos los que apoyan los derechos fundamentales y a quienes alarma la deliberada y calculada siembra de odio, división y conflicto que observamos hoy en tantos lugares del mundo.
Nuestros esfuerzos como sociedad civil tendrán más efecto si están respaldados por movilizaciones multitudinarias, que demuestren el apoyo popular a los derechos y el rechazo a quienes intentan negarlos –en especial la convocatoria de contramanifestaciones cuando las fuerzas antiderechos intenten reclamar el espacio público y dominar el discurso público–. Tales movilizaciones fueron una de las claves que permitieron a los grupos argentinos ganar el debate.
En Polonia, han fracasado una y otra vez los intentos de los grupos religiosos más extremistas de limitar aún más la ya restrictiva legislación del aborto en el país –inicialmente apoyada por el partido gobernante–, gracias a las repetidas protestas de las mujeres, cuya afluencia multitudinaria dejó patente su fuerza y obligó al Gobierno a replantearse su posición. En Irlanda, los derechos al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo lograron imponerse a la acérrima oposición, gracias a una combinación de activismo comunitario, campañas en línea y manifestaciones masivas.
En todo el mundo, estamos siendo testigos de cómo la sociedad civil, lejos de caer en el desaliento, se compromete a luchar por los derechos fundamentales. Las organizaciones sociales tienen muchas herramientas a su disposición, pero todas ellas incluyen la labor de sensibilización, el establecimiento de nuevas alianzas, la capacidad de escuchar y de mantener conversaciones inusuales y la creatividad en las comunicaciones. Con dichas herramientas seremos capaces, por un lado, de demostrar que, en tanto que sociedad civil, somos la corriente dominante; y, por otro, de arrinconar a las fuerzas del odio a los confines que les corresponden.
Andrew Firmin is editor-in-chief of global civil society alliance, CIVICUS.
Todo es verdad y castigan a los trabajadores son discriminados y humillados y tratado a voces por los manijeros y amenazados soy un trabajador que coji depresión por tratarme mal cumpliendo mi trabajo bien y ni fui escuchado cuando fui a hablar con el jefe de mi situación no eres nada te pisotean y se ríen de ti y más cosas…