Épocas de crisis como la actual sirven para hacernos conscientes de las apremiantes necesidades de la sociedad. Los Estados están incrementando sus déficit a gran velocidad al tiempo que deben enfrentar la crisis generada por la paralización de las actividades económicas.
Desde estas líneas nos planteamos cómo se asume socialmente la necesidad de financiar el funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo ante el incremento de gastos que ha generado la pandemia. Las cuentas públicas se sufragan gracias a las contribuciones de los ciudadanos a través de los impuestos. El pago de los impuestos es la plasmación del deber de solidaridad social de cada uno para la cobertura de las necesidades de la sociedad en su conjunto.
¿Quiénes tienen obligación del pago de los impuestos en España?
La Constitución española establece que todos tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la forma más justa posible. Este precepto de carácter solidario establece el deber de pago de impuestos de acuerdo con la capacidad económica del individuo.
Frente a la claridad de ese todos, muchos, en base a su posición, opinan que los impuestos son una pesada carga, sostenida básicamente por ellos. Algunos piensan que el Estado se aprovecha de sus ganancias e intentan evadir su responsabilidad. En cambio, otros muchos ciudadanos pagan regularmente sus impuestos, sin cuestionar la necesidad de su contribución a las arcas públicas.
¿Cómo se tributa en España?
El contribuyente debe tributar por sus rentas mundiales en el país en el que tiene su residencia habitual. Esto es, en principio, donde permanece durante más de 183 días del año natural. Así, por ejemplo, si un sujeto reside en España es allí donde tributará el IRPF por todo lo que gane dentro y fuera del país, normalmente con independencia de cuál sea su nacionalidad. Se es residente en España a efectos fiscales bien por días de permanencia (183 del año natural) o porque es donde se tiene la base principal de los intereses o actividades económicas.
¿Por qué algunos prefieren cambiar su residencia?
Artistas, deportistas, youtubers e influencers, entre otros, pertenecen a un grupo de la población que puede ver aumentada su renta considerablemente en un breve periodo de tiempo, por su trabajo y/o su repercusión social. Este hecho da lugar a un aumento considerable en su porcentaje de contribución al IRPF y, a veces, a un cierto escepticismo en el momento de pagar, al considerarse inadecuada la aportación debida, lo que puede hacer buscar el modo de evadir el pago de los impuestos.
La solución más común suele ser abandonar el país y residenciarse en Estados donde la tributación sea más baja o el sistema fiscal menos transparente. Así, las rentas que han conseguido gracias a su trabajo y fama se escapan del país que les ha hecho crecer.
Estos Estados receptores suelen contar con sistemas tributarios que carecen de convenios internacionales y, por tanto, son poco colaboradores con otras administraciones, que necesitan saber qué rentas han obtenido o guardan sus residentes en el extranjero.
¿A dónde se van los que se marchan?
El sistema fiscal español tiene elevados porcentajes impositivos para las rentas más altas. Eso empuja a algunos a buscar países de impuestos bajos y opaca transparencia tributaria: los paraísos fiscales. Cuando eso pasa, el Estado deja de saber dónde tiene el contribuyente su dinero. También puede ser que algunos sujetos finjan cambiar su residencia para no tener que tributar formalmente en su Estado de residencia. Incluso llegan a utilizar sociedades instrumentales de las que resulta difícil saber qué socios las conforman.
El principal problema al respecto es que no existe una acción global decidida y firme que limite las operaciones en los paraísos fiscales y facilite el combate contra esas acciones evasivas e insolidarias. No obstante, a nivel global, la OCDE y la UE están impulsando medidas en este sentido.
Por su parte, España también lo está haciendo. Muestra de ello es la norma del ordenamiento tributario que obliga a que, si un sujeto de nacionalidad española traslada su residencia a un paraíso fiscal, durante ese año y los cuatro siguientes tenga que seguir tributando por sus rentas mundiales en España, como si no hubiese mudado su residencia.
¿Qué hacer al respecto?
Es claramente insolidario fijar el domicilio en paraísos fiscales en el momento en que se incrementa el patrimonio y se debe aportar un porcentaje mayor de los ingresos para el sostenimiento del gasto público de un país.
Este problema es global y su respuesta también debe serlo. Además, debe venir impulsada por organismos internacionales como la ONU, de forma que los paraísos fiscales, insolidarios con las necesidades de otros países, vean peligrar su protección internacional y reconduzcan su comportamiento para evitar el fraude y la evasión fiscal por parte de los ciudadanos de otros países.
Carlos María López Espadafor, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén y Vanesa Sánchez Ballesteros, Profesora Sustituta Interina del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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