por Sánchez Fornet
Desde que en 1992 se aprobó la “Ley Corcuera”, los derechos civiles de la ciudadanía en España dejaron de tener ningún valor, sometidos al ejercicio de la Autoridad de cualquier policía. El principio de autoridad, que Corcuera se empeñó tanto en que se inculcara a los policías en detrimento del principio de servir y proteger respetando los derechos de la ciudadanía, ha impregnado los criterios de selección de ingreso, buscando el perfil de personalidad y carácter adecuado, y la formación profesional posterior hasta traernos donde estamos.
España es el único país democrático donde un policía puede identificar a una o cien personas simplemente por su voluntad o capricho. Millones de identificaciones cada año, y decenas de miles de cacheos se producen en la vía pública sin ninguna justificación. En Argentina un policía no puede identificar a un ciudadano sin autorización de un superior. En Francia te entregan un justificante de la razón de la identificación. En Alemania la Policía tiene que anunciar las zonas, duración y la razón por la que se identifica. En Reino Unido, sin DNI es algo extraordinario. En España, un cónsul francés se dirigió al sindicato policial que yo representaba hace años para saber si existía alguna instrucción de identificar a franceses en la Costa del Sol. No entendía que pudieran hacerse tantas identificaciones sin razón objetiva. En España, una inspectora y un oficial entran de noche y se apuestan a ver quién hace más identificaciones y quien pierda paga el desayuno de las dos patrullas, acabando ambos a las seis de la mañana en una estación a pie de la salida de los autobuses de los pasajeros identificándolos. Extremo denunciado en su día que, como tantos otros, no sirvió para nada. Y cuyo mando policial ha sido ascendido recientemente a jefe superior de Policía.
En España, una inspectora y un oficial entran de noche y se apuestan a ver quién hace más identificaciones y quien pierda paga el desayuno de las dos patrullas, acabando ambos a las seis de la mañana en una estación a pie de la salida de los autobuses de los pasajeros identificándolos.
Mientras esto pasa, cada mes se quedan sin atender miles de llamadas al 091, con grave riesgo para quienes demandan ayuda en situación de riesgo y no la reciben. Las unidades dedicadas a esto han sido divididas y muchos de sus miembros se dedican solo a hacer identificaciones, con coches parados, lo que incrementa la inseguridad por falta de movilidad. Es posible llamar porque alguien con un cuchillo amenaza a personas en un bar, o porque tu pareja intenta derribar la puerta de tu casa y que no vaya ningún coche policial porque no hay disponibles, mientras en una calle cercana varios vehículos están identificando y cacheando a jóvenes a ver qué llevan. Los policías trabajan para sus mandos, y estos para los políticos, pero de espaldas a los intereses de la seguridad pública ciudadana.
Y España debería crear comités ciudadanos donde se pudieran denunciar estos asuntos, como existen en algunas policías europeas.
Lo decente, lo que manda la ley y es obligación del Estado es acudir a las demandas de ayuda de la ciudadanía, que puede encontrarse en situación de riesgo, y no vulnerar sus derechos con identificaciones y cacheos caprichosos para incautarle una dosis de droga que lleva encima para fumar en su domicilio, porque no se conoce que la droga aparezca allí por ciencia infusa. Promover este sistema operativo es un crimen contra los derechos de unos y la seguridad de otros, que se lleva cometiendo impunemente 25 años con gobiernos del PP y del PSOE.
Sánchez Fornet Policía Ex Secretario General del SUP Miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas
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