Por su parte, el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha aportado los informes de la Intervención que detallan las infracciones en la contratación. Ante esto, el presidente andaluz ha recurrido al ‘y tú más’, recordando los contratos menores adjudicados durante los gobiernos del PSOE.
Moreno ha aprovechado la sesión del Parlamento andaluz para anunciar una medida populista: la gratuidad de las guarderías para niños de 2 a 3 años, buscando desviar la atención del escándalo. Fuentes del gobierno aseguran no estar preocupadas por la investigación judicial ni por los informes de la Intervención, minimizando las acusaciones como procedimientos administrativos comunes.
Pero las denuncias vienen de lejos, en un artículo de junio de 2021, escrito por Luis Escribano para El Libre, ya se explicaba que el Consejo de Transparencia de Andalucía había resuelto a favor de la Asociación Justicia por la Sanidad, que había solicitado informes sobre el control de gasto sanitario al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). Y es que ambas instituciones habían denegado previamente el acceso a estos documentos, bajo la administración del Gobierno andaluz de PP, Cs y con el apoyo de Vox.
Escribano detalla cómo se eliminó el control previo sobre el gasto en los centros sanitarios andaluces, sustituyéndolo por un sistema de control posterior, lo que facilita la corrupción. Esta medida se implementó bajo la excusa de agilizar los procesos de gasto. Sin embargo, la falta de transparencia y la negativa de SAS e IGJA a proporcionar la información requerida fue criticada por el Consejo de Transparencia, que consideró que ambas instituciones incumplieron la normativa legal de acceso a la información pública. Finalmente, se ordenó a ambas entidades que entregasen los documentos solicitados a Justicia por la Sanidad.
En ese sentido, Férriz se pregunta “a saber luego quién acaba en la farmacéutica, claro, a saber, en todas esas empresas a las que han forrado, quién está trabajando en esas empresas, a saber los hilos de conexión que tiene con el Partido Popular, conociendo como conocemos el modus operandi que han tenido con familiares y ex cargos de la Junta de Andalucía”. Manuela Villena, mujer del presidente Moreno, trabaja en la farmacéutica Bidafarma.
Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía
Inma Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, le ha pedido explicaciones al presidente Moreno (AQUÍ), ya que “le puedo garantizar que a la inmensa mayoría de la población le preocupa mucho la corrupción, y le preocupa mucho que de su dinero haya cientos de millones que se han utilizado para hacer contratos que se han alejado de la legalidad”.
De esta manera le ha solicitado que aclare “qué ha pasado con los cientos de millones de euros que los informes de intervención general de la Cámara de Cuentas, de Fiscalía y las diligencias judiciales que se han abierto, dicen que se han aplicado a contratos con total desprecio de la legalidad vigente. Díganoslo y avanzamos un poco, porque la respuesta que han dado hasta ahora ha sido que todo está correcto”.
Lamentablemente, el presidente Moreno Bonilla ha esquivado la pregunta: “Mire señora Nieto, usted tiene la información y por tanto tiene toda la información que usted necesite, así que usted tiene la información, y a usted lo que puede hacer con esa información son dos cosas, una, intentar hacer política, intentar pues, no sé, intentar ensuciar, intentar buscar una fórmula, desgastar al Gobierno, que es legítimo y que es razonable, que entra dentro del juego político. O dedicarse a algún tema que realmente le interese a los ciudadanos”.
La portavoz de Por Andalucía le ha recordado al presidente que “hay cientos de millones de euros del Servicio Andaluz de Salud que se han ido a pagar contratos que se han hecho con total desprecio de la legalidad vigente, que se hicieron primero con un procedimiento COVID que ya estaba caducado, que se han hecho luego fraccionándolos para eludir controles, y que se siguen haciendo. Porque ya no es que hablemos del 21, del 20 o del 22, o del 23, es que en febrero y en marzo de este año ustedes han iniciado expedientes de contratos a dedos con siete provincias andaluzas del Servicio Andaluz de Salud por 120 millones de euros”.
De esta manera, Nieto considera que “no cuelan sus excusas, es que esto efectivamente es corrupción, corrupción política. Ya sabremos si corrupción de más cosas. Pero lo más grave de esto, porque usted decía que es que esto a la gente no le interesa. A la gente le interesa y mucho. Tanto como que los cientos de millones que se han ido ahí son los que faltan para que cuando intentas coger una cita en tu centro de salud no te salga la agenda cerrada o te la den para 15 o para 20 días. Tanto como que es el dinero que hace falta para que una persona no esté en una lista de espera, un millón, más de un millón en Andalucía, a ver cuándo le hacen una prueba diagnóstica o a ver cuándo le operan”.
Además, Nieto sostiene que “esos cientos millones de euros son los que usted después, con un cinismo político impropio, le reclama a otras administraciones. El mismo dinero que debiera estar a disposición de las competencias que usted tiene en exclusiva, toda la energía de este Gobierno nefasto en la gestión, y distraído en el cumplimiento de las leyes, nos da lecciones a los demás de lo que tenemos y no tenemos que hacer y nos explica a los demás lo que le preocupa y lo que no le preocupa a la gente”.
La parlamentaria asegura que “a la gente le preocupa muchísimo, por ejemplo, el precio de la vivienda en Andalucía, y usted qué hace usted no hace absolutamente nada y luego resulta que todo lo que pasa en Andalucía de vivienda es culpa de una ley estatal que usted no aplica. Han estado años diciéndonos que bajaban los impuestos y que recaudaban más. Ya por fin han tenido que reconocer, porque los datos ya estaban publicados y era un escándalo, que bajándole los impuestos a los ricos se recauda menos, se recauda menos. Y ahora resulta que nos han dicho que es que el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos. En el bolsillo de los ciudadanos para pagar la subida del comedor escolar, para pagar las plantillas, para pagar una cita con un especialista porque no te atienden en el Servicio Andaluz de Salud”.
Nieto mantiene que “el dinero está en muy poquitos bolsillos, los que están resultando beneficiarios de sus políticas, y ustedes dedicados en conjunto a fabricar excusas, a contar mentiras y a buscar culpables fuera del ámbito de sus responsabilidades, distrayendo a la población, y eso sí que no le interesa a nadie, lo que a la gente le interesa es la resolución de los problemas que usted tiene la encomienda de resolver porque es el presidente de la Junta de Andaluz, y no las mentiras ni la arenga de falsos agravios”.
Para Nieto el presidente andaluz “no tiene manera de defender sus argumentos que no sea mintiendo con descaro, usted va a decir que los cientos de millones de euros que faltan en las arcas públicas, porque ustedes no han hecho las cosas decentemente no le interesan a nadie, le interesan muchísimo porque faltan en las arcas públicas. Igual que el boquete que han abierto con sus rebajas fiscales, sí, a la gente que más tiene, sí, un boquete que no puede usted decir que es dinero que está en el bolsillo de los ciudadanos, se lo repito, porque del bolsillo de los ciudadanos sale cada vez a mayor velocidad para pagar todos los servicios que ustedes no proveen, a pesar de tener recursos para ello”.
Viernes, 4 de octubre de 2024. Un juzgado, el 13 de Sevilla, abre diligencias por los millonarios contratos a dedo del Gobierno de Juanma Moreno, admitiendo la demanda presentada por el PSOE, que se ha personado en la causa. La oposición, en la última sesión de control al ejecutivo andaluz ha acusado al gobierno de Moreno Bonilla de corrupción y fraude de ley en la adjudicación de contratos públicos. Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha denunciado la continuidad de adjudicaciones a dedo y criticado la falta de transparencia. Aunque el presidente andaluz ha negado las acusaciones, si que ha admitido problemas en algunos contratos menores, defendiendo que las irregularidades no alcanzan los 458 millones denunciados por la Intervención.
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