Javier Caraballo , líder provincial de los socialistas onubenses se ha mostrado este martes “tranquilo” y «a disposición de la justicia» (sic) porque de los delitos que se le atribuían inicialmente, la Fiscalía «solo” le imputa el de cohecho, según ha avanzado él mismo en rueda de prensa. Así, si se sienta en el banqillo de los acusados, al también presidente de la Diputación sólo se le pedirán cuentas por su participación en un soborno pagado con recursos públicos para abortar una moción de censura propuesta al amparo de la Ley y de la Constitución. El otro era tráfico de influencias. La Fiscalía no considera oportuno ni necesario que Caraballo responda por este ante el Tribunal.
La tranquilidad de Caraballo contrasta con la posición, confirmada a La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz por fuentes de la propia Ejecutiva Federal del PSOE, que consideran que en casos como el del secretario provincial de Huelva es de aplicación, “sin excepciones”, el Código Ético del PSOE, que estipula que todos los cargos orgánicos e institucionales del partido están obligados a dimitir de sus responsabilidades en el momento en que se vean envueltos en un proceso judicial en calidad de acusados. Un modelo de actitud política ante la opinión pública que no cuestiona la presunción de inocencia, pero que antepone el buen nombre de las instituciones y del partido a las resoluciones judiciales.
La dirección federal del PSOE decidida a aplicar el Código Ético a Ignacio Caraballo
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