El creador del sistema de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo, abordó la cuestión social como un asunto clave, precisamente, para justificar los pilares del régimen político que comenzaba a poner en marcha en 1875. Su preocupación procedía, lógicamente, del auge que el movimiento obrero español había alcanzado durante el Sexenio Democrático al calor del surgimiento de la Primera Internacional y de la Comuna de París, dos acontecimientos que tuvieron un profundo impacto en la España de Amadeo de Saboya y la Primera República.
El político malagueño era un defensor a ultranza del orden social. Para ello, la religión se convertía en un instrumento fundamental. Si cundían el laicismo y la secularización se estaba abriendo la puerta al socialismo. En este sentido, se había destacado por defender la condena de la AIT cuando se planteó la cuestión. La propiedad, pilar de la estabilidad social, debía ser defendida frente a sus enemigos. El Estado tenía un deber inexcusable: la garantía del derecho de propiedad y, por tanto, de los propietarios frente al socialismo. Para conseguir todo esto había que emplear cualquier medio, incluido el uso de la violencia institucionalizada.
Siempre se ha insistido en que Cánovas quería apartar al ejército de la política, evitar el recurso del pronunciamiento, que se había producido por la complicada, cuando no inexistente alternancia política, característica del régimen isabelino, por lo que habría que contar con dos partidos que debían aceptar el sistema y turnarse pacíficamente en el ejercicio del poder. Pero eso no era incompatible con el recurso de la fuerza militar para el mantenimiento del orden social, frente a las “tentativas ilegales del proletariado”.
Otros medios para evitar el acceso de las masas en la política tenían que ver con la no generalización de la enseñanza, lo que explica la escasa preocupación por la escuela pública durante la Restauración frente al desarrollo de la controlada por la Iglesia para las élites; y el freno al sufragio universal. Cuando éste, finalmente, fue aprobado por el esfuerzo del liberalismo de signo progresista, el sistema se readaptó hacia el falseamiento sistemático del mismo, a través de un fraude generalizado, una de las características del período.
En relación con las ideas políticas del momento es muy abordable la síntesis realizada por Antonio Elorza sobre las mismas, que se encuentra en el tomo tercero de la Enciclopedia de Historia de España, que en el año 1988 dirigió Miguel Artola.
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