Por Juan Calixto.
Algo así ocurre con la Hacienda española, cuando la gente de a pie le debemos una pequeña cantidad, por exigua que ésta sea, la Agencia tributaria descarga sobre nosotros todo el poderío que el estado de derecho se reserva para los débiles. Sin embargo, cuando las deudas con Hacienda son cientos de miles de euros éstas se eternizan hasta hacerse crónicas y los deudores siguen viviendo su lujosa vida como si la película no fuese con ellos: veranean, en su verano eterno, en Ibiza o Miami; siguen disfrutando de sus mansiones en la ciudad, en el campo o en la playa; viajan en sus coches de lujo y mantienen sus fincas de recreo; siguen trabajando en las televisiones, públicas o privadas, como si tal cosa. Ahí están los casos de Miguel Bosé, que encima se las viene dando de moderno y progre; Dani Alves, que debe ganar varios miles de euros al día, algo que debería resultar, cuando menos, obsceno; Patricia Conde, otra moderna; el inefable Rodrigo Rato, hasta no hace mucho una de las voces más autorizadas en la economía española; Mario Conde, con quien soñaban ser casi todos los estudiantes de empresariales de los noventa, etc.
No entendemos que la Agencia Tributaria no tenga mecanismos para hacer que estos personajes salden sus deudas con todos nosotros. Es obvio que estas situaciones escandalosas vienen a debilitar, aún más, el ya mermado prestigio de nuestras instituciones. La gente de a pie, por el contrario, respondemos con todo nuestro exiguo patrimonio ante cualquier procedimiento de apremio, que el Servicio de Gestión Tributaria, nos haya incoado, sea por aparcamiento en zona restringida o por no haber atendido el recibo del IBI en el periodo voluntario. Cosas del estado de derecho.
La misma sensación tiene uno con la Justicia. Es conocido por todos que en el estado de derecho todos somos iguales ante la Ley, lo que no está tan claro es si todos somos iguales antes los responsables de aplicar la ley. En los abundantes procedimientos judiciales por corrupción que se desarrollan en nuestro país uno tiene la sensación de que los señores acusados le toman el pelo a la Justicia, y con ello a todos nosotros. Procedimientos que se eternizan en el tiempo, y o bien prescriben o bien transcurren decenas de años desde que ocurrieron los hechos, de manera que en el caso de los políticos corruptos, por ejemplo, éstos ya han dejado de serlo, y por tanto una sentencia de inhabilitación es un sinsentido. Pero ocurre además, que en caso de sentencias condenatorias, éstas pueden quedar invalidadas por motivos de salud o por el abuso del indulto por parte del gobierno de turno. En ese sentido, no tienen nada que echarse en cara el PP o el PSOE: la última gran hazaña del gobierno Zapatero fue indultar a un banquero.
Por si todo ello fuera poco, luego tenemos la casta de los intocables. Algunos absolutamente inmunes ante la Ley, como el Rey, figura decimonónica que debiera chirriar al hablar de estado de derecho, y cuyo cuñado cumple sentencia, a mesa y mantel , en una cárcel de mujeres con un módulo entero a su entera disposición; otros, un peldaño más abajo, como el difunto Botín, cuya famosa sentencia, creó una doctrina a base de retorcer los principios jurídicos y hacer tambalear los cimientos de nuestro ordenamiento para evitar que el famoso banquero terminara con sus huesos en la cárcel.
