La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reformar la política de asilo y migración que aparca la idea de cuotas obligatorias para el reparto de la acogida de refugiados, pero plantea un sistema voluntario con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria y apuesta por reforzar la frontera exterior de la Unión Europea y agilizar las expulsiones de los migrantes que lo logren estatus de refugiado.
Las grandes diferencias entre los Estados miembro respecto a cómo gestionar la llegada de refugiados a la Unión Europea siguen enfrentando a las capitales, por lo que Bruselas se ha tomado más de un año de contactos bilaterales para tratar de superar las tensiones entre quienes reclaman un mecanismo de cuotas obligatorias para la acogida de los llegados, como España, y quienes rechazan de plano esta posibilidad, como Hungría, Polonia o Austria.
El resultado es una propuesta que defiende la necesidad de una política “solidaria” pero que se sustenta en el refuerzo de la frontera exterior –con más peso para la guardia de fronteras Frontex– y en dar un impulso a la cooperación con países terceros y mejorar los procedimientos europeos para agilizar las expulsiones de los inmigrantes que no obtengan el estatus de refugiado.
Así las cosas, la reforma que defenderá la Comisión en las negociaciones con los Veintisiete apela a una solidaridad “sin excepciones” entre los Estados miembro, pero para ello ofrece un mecanismo con base voluntaria que permitirá a los países elegir entre un catálogo de “contribuciones flexibles”.
De este modo, cuando un país se enfrente a una presión migratoria que no pueda soportar se esperará de sus socios que respondan ofreciéndose a realojar en su territorio a parte de los demandantes de asilo, pero podrán también optar por otras formas de apoyo como “asumir la responsabilidad del retorno” de los que sean deportados, algo que Bruselas define como “retornos patrocinados”.
A pesar de que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, aseguró hace una semana que la propuesta serviría para “abolir” el reglamento de Dublín, por el que toda la responsabilidad de la tramitación y acogida del inmigrante recae sobre el país de entrada, este principio finalmente se mantiene en el proyecto que defiende Bruselas.
“Ningún Estado miembro vive la migración del mismo modo y afrontan retos diferentes y únicos que deben ser reconocidos, entendidos y afrontados”, ha considerado el vicepresidente comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas, para defender que la propuesta logra el equilibrio entre la “solidaridad” que reclaman los países en primera línea y la “responsabilidad” que evocan aquellos que están en segunda.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha afirmado que la reforma asegurará procedimientos “más claros, justos y rápidos” en frontera, de modo que las personas que tratan de alcanzar la UE “no tengan que esperar en un limbo”.
Para ello, ha explicado la socialista sueca, será necesario reforzar la cooperación con los países terceros desde los que llegan de manera irregular los migrantes para que éstos puedan ser deportados de manera más ágil, pero también para ofrecer vías legales de entrada y luchar con más firmeza contra las mafias que trafican con personas.
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