El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien negó la gravedad de la pandemia de coronavirus y ridiculizó el distanciamiento social, dio positivo por el nuevo coronavirus el 7 de julio después de mostrar síntomas leves.
Bolsonaro es uno de los 1,9 millones de enfermos confirmados de COVID-19 en Brasil, un país destrozado por el virus. Pero como hombre blanco, rico y poderoso, no es miembro del grupo más afectado. Los datos muestran que los brasileños negros y los indígenas enferman y mueren mucho más.
Las comunidades indígenas enfrentan dificultades particularmente desalentadoras para la supervivencia durante la pandemia. La mayoría de los aproximadamente 896 000 indígenas de Brasil viven en la región amazónica, donde el hospital más cercano puede estar a días en barco y ofrece servicios limitados. Los brasileños indígenas también tienen tasas más altas de desnutrición, anemia y obesidad que la población general, factores de riesgo grave para COVID-19.
Hasta el 6 de julio, el Ministerio de Salud de Brasil reportó 7 958 infecciones por COVID-19 entre indígenas y 171 muertes. El Comité Nacional de Vida y Memoria Indígena, un grupo que apoya a los pueblos indígenas durante la pandemia, estima 12 000 infecciones y 400 muertes.
La situación es particularmente grave para el pueblo Yanomami amazónico. Si las tendencias actuales continúan, 5 600 yanomami, o el 40 % de toda su población, podrían infectarse con COVID-19, según un informe del Instituto Socioambiental de Brasil.
COVID-19 representa solo la última amenaza letal para los pueblos indígenas bajo Bolsonaro, cuyas políticas públicas y retórica son tan abiertamente hostiles que esencialmente constituyen una campaña de genocidio, según nuestras investigaciones.
¿Por qué genocidio?
Con Bolsonaro, quien asumió el cargo en enero de 2018, Brasil ha desmantelado las protecciones ambientales de la Amazonia, permitiendo un aumento dramático de la deforestación. También ha reducido los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, y ha hecho la vista gorda a la minería ilegal, explotación forestal y operaciones agrícolas en sus territorios.
A finales de 2019, esas políticas movilizaron a dos importantes organizaciones brasileñas de derechos humanos a denunciar a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional, alegando que el líder de derecha estaba “incitando al genocidio” contra los pueblos indígenas. El caso está todavía pendiente de resolución.
Según el derecho internacional, el delito de genocidio requiere “la intención de destruir, total o parcialmente” un grupo basada en su nacionalidad, etnia, raza o religión. Si bien el genocidio a menudo implica matanzas explícitas, también puede incluir causar daños graves a una población y destruir su forma de vida.
Como expertos en la prevención de atrocidades masivas y los derechos indígenas, hemos observado con alarma cómo Brasil mostraba señales de que este último tipo de genocidio estaba en marcha. Ahora la COVID-19, que está matando a cientos de personas indígenas, podría ser la puntilla.
Señales de advertencia
En teoría, muchos indígenas brasileños deberían estar preparados para evitar la exposición a COVID-19. Se estima que 10 000 viven en aislamiento voluntario en toda la Amazonía, separados de la sociedad brasileña en general. Muchos otros solo tienen contacto limitado con el mundo exterior.
Sus derechos de autodeterminación y aislamiento son confirmados por dos acuerdos internacionales sobre derechos indígenas, ambos firmados por Brasil. Sin embargo, en los últimos años, los madereros, mineros y agricultores han violado agresivamente estos derechos sobre la tierra y se han establecido en la Amazonía, a veces con el respaldo explícito del gobierno de Bolsonaro.
El acaparamiento ilegal de tierras ha empeorado durante la pandemia, ya que la atención mundial se alejó de la Amazonía. Por ejemplo, el número de mineros de oro no indígenas que trabajan en la tierra indígena Yanomami aumentó desde los 4 000 de 2018 a más de 20 000 este 2020. Tales incursiones corren el riesgo de llevar el coronavirus a las comunidades indígenas.
La violación sistemática de los derechos indígenas sobre la tierra también pone en peligro su propia supervivencia.
Los pueblos indígenas han vivido en la Amazonía durante siglos, protegiendo la selva tropical de una manera que no solo respaldaba su forma de vida tradicional sino que también protegía este recurso natural global. Históricamente, han contado con regulaciones gubernamentales mínimas destinadas a defender la selva amazónica, aunque la deforestación ha sido un desafío durante mucho tiempo.
Pero Bolsonaro no cree en la defensa de la Amazonía o sus habitantes. Uno de sus primeros actos como presidente fue revertir las protecciones ambientales. La deforestación de la Amazonía ha aumentado un 34 % desde 2018, según el programa de monitoreo de la Amazonía brasileña. La deforestación de las tierras indígenas aumentó casi un 80 %.
La confiscación ilegal de las tierras indígenas y las violaciones de los derechos, como las experimentadas por los indígenas brasileños bajo el gobierno Bolsonaro, son signos de advertencia conocidos de genocidio. También lo es la destrucción física de la patria de un grupo perseguido. Según la ONU, “el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” constituye un genocidio.
La historia muestra que negar la humanidad de un grupo es otro precursor frecuente del genocidio. Antes del Holocausto, por ejemplo, los nazis se referían a los judíos como ratas.
Bolsonaro no ha ido tan lejos como para caracterizar a los brasileños indígenas como alimañas. Pero se refiere a ellos usando un lenguaje peyorativo.
“Los indios no hablan nuestro idioma, no tienen dinero, no tienen cultura”, dijo al periódico Campo Grande en 2015, cuando todavía era congresista. A principios de este año, Bolsonaro dijo que las personas indígenas expuestas al mundo exterior “se están convirtiendo cada vez más en seres humanos como nosotros”.
La hora de la intervención
El acaparamiento de tierras, la atención médica insuficiente, la deforestación y la estigmatización ya amenazaban a los indígenas brasileños antes de la pandemia. Los genocidios pueden ser así. Las atrocidades masivas son procesos, no eventos repentinos y aislados.
Los factores de riesgo y las señales de advertencia pueden estar latentes durante años en un país. Luego, una “chispa” como COVID-19 los enciende, lo que desemboca en una mortandad masiva.
No somos los únicos que hacemos este pronóstico terrible. El 29 de junio, una organización brasileña de derechos indígenas y seis partidos políticos solicitaron conjuntamente de la Corte Suprema una orden de protección para los pueblos indígenas durante la pandemia de coronavirus para evitar que ocurriera un genocidio.
Los solicitantes insisten en que el gobierno debe proporcionar atención médica adecuada a todos los indígenas brasileños; asegurar físicamente la tierra indígena para evitar la entrada de mineros ilegales, madereros y otros; y expulsar a los que ocupan esas tierras. Al fallar estas medidas de emergencia, afirman, los pueblos indígenas de Brasil se enfrentan a la extinción.
Si el tribunal concede su solicitud, no hay garantía de que el gobierno cumpla. Pero podría salvar vidas. Para las comunidades indígenas, con solo unos pocos cientos de miembros, eso puede marcar la diferencia.
Nadia Rubaii, Co-Director, Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention, and Professor of Public Administration, Binghamton University, State University of New York y Julio José Araujo Junior, PhD student of law, Rio de Janeiro State University
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