Domingo, 23 de abril de 2023. Con la proclamación de la República y la celebración de elecciones legislativas, se inició un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones y la Constitución. Se abría un proceso de modernización de las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales. Bien es cierto que los intereses creados de la derecha no permitieron a la República su desarrollo, primero con las contrarreformas abordadas, después con un golpe de estado, la guerra y la dictadura criminal.
La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo. Representaba una oportunidad histórica para abordar las reformas necesarias. No pudo desarrollarse en su totalidad. Se pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron. Los republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una sociedad nueva de igualdad, justicia y libertad, y daban prioridad a las reformas sociales.
Decía Ortega y Gasset que «para definir una época no basta con saber lo que en ella se ha hecho; es menester además que sepamos lo que no ha hecho, lo que en ella es imposible«. Cruzar la puerta del tiempo de abril de 1931 supone volver la vista atrás hacia una época compleja, marcada por la dictadura de Primo de Rivera apoyada por Alfonso de Borbón. De hecho, los comicios tuvieron carácter plebiscitario.
La República pasó por una etapa de transición hasta el mes de diciembre. Se iniciaron las primeras reformas que pondrían a la atrasada España a la altura del progreso en materia política y económica, porque aunque Primo de Rivera había modernizado algunos sectores económicos, no fue suficiente y la vida pública seguía en manos de los que tradicionalmente la habían controlado.
El programa de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas (primer bienio social o reformista, 1931 a 1933, con Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros), se comprometía a cambiar el sistema de tenencia de la tierra; reformar el marco de relaciones laborales en el campo, la industria y los servicios; la recuperación de la hegemonía ideológica en manos de la iglesia y órdenes religiosas, y reformar el sistema educativo; reformar un ejército sobredimensionado e ineficaz, para adaptar su estructura a la Constitución, que renunciaba a la guerra para la solución de conflictos.
La reforma agraria era imprescindible si se quería acabar con el hambre y el atraso histórico. Los campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de vida, escasa alimentación, y jornadas de sol a sol. Los dueños de la tierra, grandes latifundistas, además de caciques señoritos, no entendían ni de gastos, ni de inversiones y no eran partidarios de la modernización del campo.
El gobierno, con la pretensión de asentar a los campesinos en las tierras sin cultivar, realizó un reparto, decretando el laboreo forzoso, bajo amenaza de confiscación. Los «decretos agrarios» de Largo Caballero, implantaron la jornada de 8 horas, que ya tenían los obreros industriales. La Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932 (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca), creó el Instituto de Reforma Agraria, que gestionaría el inventario de tierras expropiables, pero careció de recursos los recursos necesarios, por la falta de dinero del Estado y por el boicot de los bancos, vinculados a los terratenientes.
La reforma agraria, que representaba una verdadera revolución, fue rechazada por los patronos y los partidos de derecha, resistiéndose a su aplicación, lo que significó el fracaso de la reforma. A finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas entre 4.339 campesinos. Otro de los motivos del fracaso, fue la oposición de los socialistas y la CNT, al considerar que la reforma era moderada, al no contemplar la expropiación de los latifundios y el traspaso de la propiedad a los nuevos colonos.
Largo Caballero, como ministro de Trabajo, promovió la reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos.
Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, se organizó la negociación colectiva, y los Jurados Mixtos, con facultad de arbitraje vinculante. Se estableció la Inspección de Trabajo, se impulsaron los seguros sociales, se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero (que llegó a beneficiar a más de cinco millones de trabajadores). Se estableció el Seguro de Maternidad, y el Seguro de Accidentes de Trabajo. La CNT fue crítica y continuó con la convocatoria de huelgas, al entender que las reformas, no solo no beneficiaban a la clase trabajadora, sino que expresamente beneficiaban a UGT.
El primer gobierno de la República, pretendió modernizar el país y promover la justicia social. No se lo puso fácil la CNT, la FAI y un sector del socialismo vinculado a UGT. Más tarde, los sucesos de Casas Viejas, no hicieron más que agravar la conflictividad social y derribar al gobierno del primer bienio republicano. La proclamación del comunismo libertario apenas tuvo repercusión en 1933, salvo en la aldea gaditana, que vivió una brutal represión. Las movilizaciones, de espíritu anarquista, habían sido convocadas por CNT y FAI. Las fuerzas del orden público ejecutaron a 22 campesinos, e incendiaron la choza de Seisdedos con la familia y siete braceros dentro. La masacre hizo tambalear el primer Gobierno de la República y al presidente, Manuel Azaña.
El Gobierno reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la Constitución establecía, basado en la escuela única, pública, obligatoria y gratuita, y estableció la enseñanza mixta. La eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. La iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.
Entre 1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros, con mejores salarios. El experimento más notable, fue la creación de las misiones pedagógicas, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que llevó «el aliento del progreso» a los pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura, que era patrimonio de una minoría, al pueblo, y promover la alfabetización, principalmente entre las mujeres.
La reforma del ejército fue iniciada por Azaña. Se trataba de reducir el número de unidades militares, modernizar la dotación de material y la mejor formación de sus mandos. Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia Militar de Zaragoza, cuya enseñanza se consideraba anticuada y tradicionalista. Se derogó la ley de jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la patria, bajo la jurisdicción militar.
El presupuesto militar fue recortado y se redujo el número de generales y oficiales. Azaña intentó reformar el sistema y exigir formación para los ascensos, lo que provocó la oposición de no pocos oficiales. La prioridad dada por el gobierno a los gastos sociales, impidió mejorar la capacidad técnica y el armamento, como estaba previsto. Años después, determinados mandos militares sediciosos, se le cobraron con creces.
El 1 de octubre de 1931, las Cortes españolas aprobaron el sufragio femenino; no fue hasta las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, cuando pudieron ejercerlo. Ocurrió lo que algunos habían vaticinado: la izquierda perdió las elecciones; las mujeres ganaron en derechos y la sociedad en dignidad. Hoy como ayer, algunos pretenden, de forma oportunista, utilizar los derechos de la mujer, como moneda de cambio, para beneficio de sus intereses políticos.
Unas de las primeras medidas estuvieron encaminadas a la secularización del Estado. La nueva Constitución estableció la libertad de cultos en España, la separación de la Iglesia y el Estado, la limitación de las congregaciones religiosas y, en definitiva, la creación de una nación aconfesional que es lo que se estaba llevando en Europa. Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo parecidos, ejerciendo el poder para beneficio propio, muy alejado de los intereses de la mayoría trabajadora.
La cuestión catalana actual viene de lejos. Desde un principio se abordó lo que se venía en llamar «la cuestión regional», dotando a Cataluña de un estatuto que respondía a una visión unitaria de España y no federal, como los independentistas pretendían. Se subordinó el poder militar al poder civil, con escaso éxito, como luego se vio.
El enemigo político de la República, mantenía sus posiciones de poder intactas y no permitió más reformas, hasta conseguir su eliminación total. Las dificultades económicas tenían una raíz interna tradicional: el paro agrícola y desigualdad en el reparto de la tierra; descapitalización industrial con escasa competitividad internacional. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Como siempre ocurre, mejorar las condiciones para la clase trabajadora, provocan descenso en las inversiones empresariales.
Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo contrarreformitas, ejerciendo el poder para beneficio de sus propios intereses, muy alejados de los de la mayoría trabajadora.
Víctor Arrogante, colaborador habitual de La Mar de Onuba, profesor retirado, ex sindicalista y veterano activista por las causas de la libertades y los Derechos Humanos. Crítico analista del presente y pasado reciente, en sus columnas vuelca su visión de republicano convencido. Sus primeros artículos en la primera etapa de Diario Progresista (recogidos en el libro Reflexiones Republicanas) le hicieron destacarse como columnista de referencia para los lectores de izquierda, y hoy sus columnas pueden leerse también cada semana en 14 destacados medios digitales, como Nueva Tribuna, El Plural, Cuarto Poder o Confidencial Andaluz.
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