Que no se sorprenda nadie con las decisiones del TC. Esto lo sabía todo el mundo, pero el tsunami a favor de Alaya era tan fuerte que optaron por taparse la nariz y tragar con todo el “fango” que repartió.
Lunes, 22 de julio de 2024. Con todos los expedientes aportados por la Junta, por la Agencia IDEA, por las mediadoras UNITER, Vitalia, las actas de los plenos, y todo el material documental posible solo faltaba construir el relato.
El método elegido fue el habitual de tiempos pretéritos cuando las delaciones eran la mejor fuente de información posible. En este caso, las delaciones provenían del propio partido socialista. El Psoe optó por la política de compartimentos estancos. Que caigan cuatro golfos, cerramos filas y salvamos al resto de la organización. La Sra. Susana Díaz abandonó a la anterior cúpula socialista y, como vil felona, se aupó sobre sus cenizas y cabalgó (en palabras suyas) sobre nueve millones de andaluces a sabiendas de haber sacrificado a personas inocentes o, al menos ignorantes, aunque posiblemente tolerantes de toda la tramoya que se había extendido por el tejido social y empresarial de la Andalucía post Expo92.
Con todo el aporte documental y las absurdas confesiones de algunos de los implicados, se inició en procedimiento incriminatorio. En condiciones normales, una investigación sea del tipo que sea tiene un iterim bastante bien definido: Hay unos indicios de criminalidad, se buscan las pruebas, se analizan, se solicitan medios para su comprobación, se determina la autoría y se procede a su incriminación.
En este caso, y siguiendo el tradicional método inquisitivo, se hizo del siguiente modo: tenemos el delito previamente determinado, tenemos a los autores ciertos o probables y ahora se trata de ir en sentido “retrógrado”, es decir de derecha a izquierda o de delante hacía atrás, buscando aquello que conviene a la instrucción, aquello que avala la incriminación, obviando cualquier otro aspecto que pudiera hacer dudar o, al menos cuestionar, dichas pruebas o indicios. Tenemos unos hechos que ellos mismos han calificado como fraude y tenemos unos autores a los que ellos mismos han señalado como culpables, ahora solo queda ir buscando todo aquello que los incrimine.
Para poder hacer eso, los abogados del Partido Popular sugirieron a la Instructora el cambio de unidad investigadora. Estos abogados estaban en posesión física de toda la documentación a la que venimos haciendo referencia y, con apoyo externo analizaron de modo torticero todo cuanto a sus intereses convenía y así se lo transmitían al nuevo operador de seguridad que nunca aportó nada a la causa, excepto la incautación de correos electrónicos, registros sin resultado alguno y detenciones, muchas detenciones. Para justificar estas detenciones se utilizó el método que ellos denominan “informaciones obtenidas por fuentes vivas”. Este curioso eufemismo significa sencillamente el recurso a chivatos, delatores, felones, que dan el dato y luego solo hay que retrotraerse hasta encontrar algo que vincule al sospechoso, ya predeterminado, con el hecho denunciado.
Este sistema de investigación fue tolerado por la fiscalía que bailó la jota, un pasito para adelante, un pasito para atrás, por la Audiencia Provincial que rechazó todos los recursos que, contra estas prácticas se formularon por las defensas, por los abogados defensores, que vendían humo a sus clientes y, con tal de no pasar una noche en los calabozos o no ser sometidos a prisión provisional, tragaron con las barbaridades que venía perpetrando la Sra. Alaya.
Fue tolerado por el propio Partido Socialista, que como hemos dicho, cerró las compuertas y dejó con el culo al aire a sus máximos dirigentes a cambio de proteger a la nueva hornada. Fue tolerado por esta empresa que miró para otro lado, no quiso saber nada de la investigación, dejando que la Sra. Alaya cambiase de operador de seguridad sin dar explicación alguna. Nadie quería ser señalado como cooperador de la instrucción, pero tampoco querían ser señalados como obstaculizadores. Quizá pensaban que el caso se extinguiría por falta de oxígeno.
A quién importaba la cantidad de personas sometidas a un proceso destructivo, predeterminado, inquisitorial, falsario y sumamente politizado. Cuantas personas inocentes han sido y están siendo víctimas de las argucias que los populares llevaron a cabo con el único propósito de acceder, por primera vez en su historia, al gobierno de las instituciones andaluzas. Arenas, el sempiterno aspirante, que casi le da un síncope cuando ganó las elecciones a la Presidencia de la Junta y temió verse sometido a tener que trabajar, cosa que no ha hecho ni hará en su vida. Zoido, que pasó de andar besuqueando a los gitanos del Vacie y las Tres mil buscando apoyos para su candidatura, a sentarse en el solio municipal, vinculando su victoria a un trampantojo de regeneración y honestidad.
Que no se sorprenda nadie con las decisiones del Tribunal Constitucional. Esto lo sabía todo el mundo, pero el tsunami a favor de Alaya era tan fuerte que optaron por taparse la nariz y tragar con todo el “fango” que repartió, sin importarle si en el camino caían inocentes, si arruinaba sus vidas y sus patrimonios, si los llevaba a estados de ansiedad y depresión e, incluso a la muerte. Que más daba, si el objetivo era claro.
Pero ahora el tsunami ha amainado, y llegará la resaca de la bajamar, y quedarán a la luz del día las golfadas y barbaridades llevadas a cabo, las falsedades, las medias verdades, las torturas psicológicas y los métodos arcaicos, pero, al parecer, plenamente vigentes para algunas agencias de seguridad de exprimir, extorsionar al investigado so pena de prisión provisional, embargos, difusión de falsas noticias y, en definitiva, como dijo el Sr. Chaves con ocasión de otro proceso al que se vió sometido, buscando la muerte civil del imputado.
Hay vivos que huelen a muerto y muertos que gozan de una envidiable salud de hierro.
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