Fue el propio PSOE de Andalucía el que destapó y denunció todo este tinglado de los Eres.
Miércoles, 17 de julio de 2024. Norton Live, Personal Live y Caja Hipotecaria eran empresas catalanas afincadas en Andalucía a la que llegaron de la mano de A. Albarracín. Como todas las surgidas del entramado de J.M Ruiz Mateos, estas eran empresas piramidales. El funcionamiento muy básico. Unas aseguradoras ( Personal Live) ofrecían pólizas de seguros privadas para cubrir accidentes a trabajadores de distintos sectores. Las cuotas percibidas de estos asegurados se canalizaban a través de una entidad financiera (Caja Hipotecaria). El dinero obtenido se invertía en la compra de inmuebles a lo largo de la geografía española y en el extranjero. Estos inmuebles se hacían constar en el balance económico de estas aseguradoras por un valor infinitamente superior al real. Así que, una gran parte del dinero obtenido con las cuotas se perdía inexorablemente, mientras que en el balance total de las empresas constaban activos por un valor engañoso y engordado artificialmente. Es decir, el fondo de garantías que la Dirección General de Seguros imponía a estas aseguradoras estaba formado por activos que no respondían de forma real a su valor nominal.
Cuando la Dirección General de Seguros detectaba este fraude, inmediatamente abría expediente sancionador y expulsaba a las aseguradoras y sus directivos del ramo vida, al tiempo que los inhabilitaba. Es el caso de Jordi Conejo, María Vaqué, Eduardo Pascual. Antonio Albarracín, y otros. Pero inmediatamente estos tipos se reorganizaban y volvían a montar el mismo tinglado con otro nombre, de ahí el cambio de Norton Live a Personal Live y luego a Apra Leven, Luxba 2000, etc.
Estas eran las aseguradoras que, a través de Vitalia, confeccionaron las pólizas de seguro para garantizar las prestaciones por prejubilación que se negociaron entre empresas, sindicatos y la administración autonómica. Al ser inhabilitada Personal Live, que había sucedido a Norton Live, Vitalia ofreció a los asegurados el traspaso de sus pólizas a Apra Leven, o bien se quedaban en Personal Live, con lo que debería hacerse cargo del pago de las mismas el Consorcio de Compensación de Seguros. Casi todos optaron por esta segunda modalidad que les garantizaba el cobro de las pensiones, en cambio otros decidieron subrogarse en Apra Leven residenciada en Amberes (Bélgica) y subsidiaria de Luxba 2000 que tenía el domicilio fiscal en Luxemburgo.
Estas son las pólizas a las ya hemos hecho referencia y que fueron rescatadas de la sede de Apra Leven en Amberes. Por eso el resto de las pólizas estaban en manos del C.C.S que las gestionaba para seguir con el pago de las prestaciones y que solo facilitó al proceso copias escaneadas de las mismas.
Una vez explicado esto y como paso previo a un posterior desarrollo, nos remontaremos a los comienzos. Como quiera que este engendro tiene muchos padres, al menos muchos se han arrogado la iniciativa y la sagacidad de haber “destapado” en caso ERE, incluso con libro de por medio, daremos otra versión, en este caso vivida mucho más de cerca.
El conocido como caso Mercasevilla, que, según sus adeptos, destapó la Sra. Alaya ayudada por un periodista de un diario de tirada nacional y que acabó como jefe del gabinete de prensa de J.I Zoido, tuvo su triste y poco glamuroso origen en un CD que la entonces Fiscal Jefe de la A.P de Sevilla, la Sra. María José Segarra entregó, en mano, al Jefe de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Sevilla.
Una vez descifrado y puesto por escrito, el contenido de la grabación de la conversación entre los empresarios de la Raza y los directores de Mercasevilla se entregó a la Fiscalía que abrió Diligencias de Investigación.
Aunque pueda parecer sorprendente, este disco compacto sólo había sido abierto y escuchado por el Ayuntamiento de Sevilla en pleno, no obstante, ninguna de las defensas en aplicación de la protección de la cadena de custodia impugnó dicho aporte documental.
Para subsanar este error que hubiese dado al traste con toda la investigación, hubo que recabar el aparato grabador con el archivo original y enviarlo a Policía Científica para su análisis y constatación de que las voces que aparecían en el mismo se correspondían con las personas identificadas. He de decir que esta unidad especializada dijo que no era posible tal certificación debido a la mala calidad de la grabación. Previo paso por un técnico de sonido de una cadena de televisión local, que con solo un pequeño fragmento del audio dijo lo contrario y, para descanso de la Instructora, este archivo junto con el aparato grabador fue enviado al otro operador de seguridad, que sí certificó los datos que se pretendían.
Tras unos meses de trabajo, toma de declaraciones y detenciones, se elaboró un informe preliminar que también fue entregado a la Fiscalía. En esas, algún alma caritativa filtró los datos a los agentes del partido popular que, de la mano de J. Ignacio Zoido pasaron a formular querella que fue a recaer, casualmente, en manos del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, cuya titular en esos días era la Sra. Alaya.
Al judicializarse el asunto, la fiscalía debía inhibirse, y aquí entramos en la esquizofrenia conspiranoica, que comienza por la primera recusación de la Instructora al Jefe de la Unidad investigadora porque, según ella, le unía una amistad con el abogado de uno de los implicados. Aclarado este primer incidente, llegaría una sucesión interminable de oficios judiciales en los que se requería a los investigadores toda clase de datos, informes, documentos, etc. Ninguno de ellos con valor significativo para lo que se investigaba.
Llega entonces la recusación a la propia Instructora por parte de uno de los abogados de la defensa y, durante un mes, deja de agobiar con oficios absurdos, lo que nos permitió realizar nuestra labor siguiendo el método de investigación propio de estos delitos, en principio estafa, tráfico de influencias, etc.
En un documento aportado por el entonces nuevo director de Mercasevilla comprobamos que esta mercantil había obtenido donaciones de varias empresas, entre ellas la inmobiliaria OSUNA. Esto dio origen a una pieza separada sobre la futura venta de los terrenos que ocupaba en esos momentos Mercasevilla, pues se preveía su traslado al centro logístico de Majaravique en la localidad de San José de la Rinconada. El concurso público que se elaboró para esta venta y que acabó con la adjudicación de los terrenos a esta inmobiliaria, estuvo plagado de “incidentes”, entre ellas una segunda recusación de la Instructora al Jefe de la Unidad.
Siguiendo con el caso, una tarde los mayoristas de la lonja del pescado de Merca denuncian en el Juzgado que en el Ere de Mercasevilla de 2005 había una persona que no trabajaba allí y era beneficiaria de una póliza de seguros. Se trataba de Carmen Fontela. Y empezamos a trabajar.
Se piden expedientes a la Junta, se examinan (se ojean más bien porque venían, lo que se dice, capados). Es desde el Consorcio donde nos informan que esta Sra. no estaba en ese expediente, pero sí que estaba en otra empresa. También nos informan que Lanzas, su mujer y su cuñado están en otro expediente, el de HYTEMASA.
Por cierto, lo de Lanzas lo sabíamos por la confidencia de una chica afiliada al PP que había trabajado en Vitalia y nos dijo que Lanzas estaba cobrando una pensión de otra empresa, aunque no supo decir con exactitud el nombre de la misma. Esta chica fue recompensada colocándola como secretaria en Mercasevilla.
Y este es el origen del caso de los EREs de Andalucía, fruto de la labor investigadora de algún periodista y de la incansable tenacidad de la Instructora, sin olvidar que fue el propio P.S.O.E de Andalucía el que destapó y denunció todo este tinglado.
La verdad sólo tiene un camino, lo difícil es encontrarlo.
es Inspector Cuerpo Nacional de Policía. Últimos años UDEF. Jubilado y Abogado.
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