El desastre y la negligencia ante los mayores en los geriátricos ha marcado el mandato de Ayuso.
Jueves 11 de marzo de 2021. La gestión de la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se puede resumir en una incidencia por las nubes, negligencia en las residencias, tendencia hacia la privatización y una improvisación de medidas.
El día 9 de marzo, Sanidad registra los primeros indicios de transmisión comunitaria en la Comunidad. El Ejecutivo de la región liderado por Ayuso, la más afectada por la primera ola de covid por su alta movilidad, brilla por su inacción a la hora de afrontar el impacto de la enfermedad en las residencias de ancianos, que el día 7 de abril registra la muerte de 913 residentes.
Las residencias de mayores vieron como se negaba la derivación hospitalaria de sus residentes en función de criterios relacionados con su estado físico y cognitivo. infoLibre era el encargado de publicar un artículo en el que explicaba todo lo relacionado con los correos sobre el protocolo de las residencias de mayores que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ocultó a la Asamblea de Madrid y desvelaba que fueron cuatro correos los correos enviados desde la Consejería de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo con el protocolo de exclusión firmado por Carlos Mur.
Esta aplicación del protocolo fue demoledor. En los días posteriores a la aprobación del documento, los muertos en residencias aumentaron dramáticamente. Mientras tanto el Ejecutivo regional no activó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias. 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria.
Las instalaciones de IFEMA se convertían en un hospital de campaña con el objetivo de descongestionar las plantas y urgencias de los hospitales ante el aumento de contagios de coronavirus. Para la plantilla del centro la presidenta madrileña reclutó a personal voluntario entre centros de atención primaria y hospitales dejándolos a medio gas. Una vez las instalaciones cerraban sus puertas, los profesionales sanitarios contratados vieron rescindidos sus contratos de la noche a la mañana mientras Ayuso preparaba un festín con bocatas de calamares pero sin distancia de seguridad.
Ayuso: negligencias, privatizaciones e improvisación
El Gobierno central acaparó la mayoría de competencias y España pasó muchas semanas confinada. Pero una vez el Gobierno de Ayuso recuperó el pleno control sobre las medidas para contener la pandemia pidió pasar de fase a pesar de que la región no cumplía los requisitos establecidos, entre ellos, el número de rastreadores. La directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, dimitió tras asegurar que el Ejecutivo madrileño no hacía prevalecer «los criterios de salud».
A pesar de haber prometido contratar rastreadores para que Sanidad les dejara abrir la Comunidad de Madrid no contrató a los rastreadores necesarios para contener un posible rebrote y a finales de agosto los contagios empiezan a dispararse.
Durante varias semanas, Madrid fue la región con más incidencia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció restricciones por Zonas Básicas de Salud (ZBS). Se impidió la entrada o salida de los barrios más afectados salvo para trabajar o por razones de fuerza mayor. En cuanto a la hostelería, nunca se llegó a clausurar por completo ni tan siquiera el interior de los establecimientos.
Tras unas negociaciones se llegó a un acuerdo para toda España en el que se imponía el cierre de fronteras para todas las poblaciones que superaban determinados umbrales. Solo Madrid los superaba.
En el mes de septiembre, la vuelta al cole se convertía en una pesadilla y en una improvisación de medidas teniendo en cuenta que los colegios cerraron en marzo. Las medidas en líneas generales eran la contratación de casi 11.000 nuevos profesores y la realización de más de 100.000 tests a la comunidad educativa.
Ese mismo mes, la presidenta madrileña analizaba el aumento de contagios en la zona sur y los relacionaba con el modo de vida que tiene la inmigración en Madrid. La Comunidad de Madrid cerraba 37 zonas sanitarias, la mayoría de la zona sur, en donde los vecinos demandaban más frecuencia en buses y metros para no viajar hacinados y se quejaban de los centros de salud saturados.
Desde mediados de septiembre hasta principios de diciembre la incidencia comenzó a bajar a un ritmo muy lento aunque nunca se logró situar por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días que los especialistas consideran el baremo para empezar a controlar la transmisión.
En una tercera ola postnavidades, Madrid fue la única de entre las más afectadas que no cerró el interior de la hostelería, lo que hizo que ahora lidere el ranking de las comunidades con más incidencia, solo superada por Ceuta y Melilla.
La última de las polémicas ha sido la construcción del Hospital enfermera Zendal con un coste que triplicaba lo presupuestado y donde no han dejado de adjudicarse contratos a dedo a diferentes empresas. Aunque la presidenta madrileña alardeaba de haber construido en menos de 100 días un espacio de 80.000 metros cuadrados que albergaría 1.000 camas y 48 de cuidados intensivos, lo cierto es que se inauguraba solo un pabellón, sin plantilla propia, con 40 camas, 4 de UCI, sin quirófanos y sin laboratorios, mientras en el hospital Infanta Sofía hay 16 camas UCI cerradas.
Díaz Ayuso siempre ha defendido la libertad y la economía por encima de la salud. En los próximos días sabremos si la presidenta madrileña, que privatizó a dedo como nadie, es desbancada por la izquierda, con el apoyo de Cs, o si intentará ganar las elecciones.
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