El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto por el que se crea y regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Este órgano consultivo y de participación, previsto en la legislación autonómica sobre la materia, canalizará las aportaciones de los sectores sociales y profesionales vinculados a las políticas de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
Entre otras funciones, el nuevo órgano consultivo informará con carácter preceptivo del proyecto del Plan Andaluz de Memoria Democrática, de las propuestas de disposiciones reglamentarias de desarrollo legislativo y de las solicitudes de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. Además, valorará el informe sobre las ayudas y apoyos de la Administración autonómica y elaborará recomendaciones para mejorar las políticas en este ámbito.
La norma aprobada se sumarán otras dos, actualmente en tramitación, que completarán el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, vigente desde 2017. Se trata del decreto sobre Símbolos y Actos Contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una norma pionera en España que establecerá el procedimiento para la retirada con garantías de la simbología franquista, y del relativo al Registro de Entidades de Memoria Democrática.
Junto con este trabajo normativo, la Junta está elaborando también el Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, cuya propuesta inicial ha sido consensuada con las consejerías involucradas y que detallará, con carácter cuatrienal, los objetivos, estrategias y acciones en la materia, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de lugares y senderos; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.
El texto del plan será enviado esta semana a las administraciones, entidades memorialistas y universidades andaluzas, además de someterse a información pública. Asimismo, próximamente se pondrá en marcha un proceso participativo reforzado con la celebración de jornadas, mesas de trabajo con expertos y un foro virtual en una página web específica.
De igual modo, ya está trabajando la Comisión Técnica nombrada por el Consejo de Gobierno para investigar la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período previsto en la ley, que abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia.
En relación con el apoyo económico a las políticas de Memoria Histórica, el vigente presupuesto de la comunidad autónoma incorpora un incremento del 73,1% respecto al del pasado año (de 668.000 euros a 1,16 millones).
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