Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un comunicado en el que señala que «seis meses después de la sórdida ejecución del periodista Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, donde entró para buscar un documento que necesitaba para contraer matrimonio, es evidente que las autoridades saudíes intentan barrer el asunto».
A lo largo de todo el tiempo transcurrido desde entonces, «en ningún momento se ha apreciado, a nivel internacional, el más mínimo gesto real de pedir justicia o recordar la obligación de rendir cuentas» por el asesinato de Khashoggi: «la cooperación comercial, especialmente en lo relativo a la venta de armas, que los distintos gobiernos extranjeros mantienen con Arabia Saudí parece más importante que hacer justicia» sostiene la ONG.
Amnistía afirma que el proceso que las autoridades saudíes han abierto contra once sospechosos de haber participado, de una manera u otra, en el asesinato de Khashoggi, «carece de credibilidad y transparencia. Es escandaloso saber que algunos países, cuyos representantes diplomáticos están asistiendo al juicio de esos presuntos responsables, para algunos de los cuales la fiscalía ha pedido pena de muerte, han preferido callar sus preocupaciones acerca de la equidad del procedimiento».
Al contrario de lo que ocurre con esos representantes extranjeros, ni los organismos independientes de vigilancia, ni las ONG ni los medios de comunicación, están autorizados a asistir a un proceso que se celebra a puerta cerrada. Y, « en esas condiciones –subraya AI- la presencia de los diplomáticos corre el peligro de ser utilizada para legitimarlo ».
Para AI, la única forma de evitar que el caso acabe «ahogado», es poner en marcha «una investigación internacional, independiente e imparcial» que, al menos de momento, ningún país parece dispuesto a protagonizar.
La organización humanitaria termina recordando que Arabia Saudí tiene un balance «deplorable» en materia de derechos humanos y que en ese país nadie pude expresar libremente sus opiniones «sin temor a ser víctima de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias u otras flagrantes violaciones de sus derechos fundamentales».
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