El agresor, José Manuel López Pastor, permanece detenido acusado de un delito de «robo con violencia».
No es la primera vez que el agresor muestra su rechazo por su orientación sexual a la víctima, a la que conocía por haber mantenido una relación sentimental con su madre que terminó tras una denuncia por maltrato.
López Pastor tuvo una orden de alejamiento durante un año y medio y fue condenado a cumplir varios meses de servicios comunitarios.
El 24% de las víctimas europeas LGTBIQ no denuncia los delitos de odio porque no confía en la policía
Jueves, 8 de julio de 2021. Durante meses, Diego J. Fernández, un joven onubense 24 años, ha tratado de mantener las distancias con José Manuel López Pastor, el hombre que ayer le agredió en plena calle causándole lesiones que fueron tratadas en el Hospital Juan Ramón Jiménez, cuyo rechazo a su orientación sexual ya había manifestado, con insultos, amenazas y desprecios, con anterioridad.
No era la primera vez que, como ayer, Diego y José, que este jueves permanecía detenido en dependencias policiales, mantenían un enfrentamiento en el que el agresor se dirigía al joven con términos despectivos por su orientación sexual: “maricón”, “sidoso” y otras lindezas similares. El detenido y la madre de Diego habían sido pareja. Una relación que terminó cuando ella le denunció por Violencia de Género. José fue condenado a prestar servicios sociales a la comunidad durante varios meses, además de tener que cumplir una orden de alejamiento de un año y medio, vencida hace unos meses.
La última vez que discutieron tras ver cómo maltrataba a su madre, Diego obligó a José a abandonar el domicilio familiar, «como muchísimas otras veces». En aquellas discusiones, era habitual que José reprochara a su madre la homosexualidad de Diego, creyendo que así la dañaba. José se despidió con más insultos y amenazas. Desde entonces, Diego había logrado no coincidir con él por la ciudad.
Hasta ayer. Cuando en torno a las tres y media de la tarde escuchó su voz gritándole amenazante cuando avanzaba por la calle tras salir de su casa. “¡Maricón! ¡Poco hombre!”. Diego supo que era José quien le gritaba. “Ven pacá…” decía, añadiendo -atentas- “…ahora que estás solo». Cuando Diego salió ayer del hospital, llevaba varios puntos de sutura en la región occipital de su cabeza, así como varias heridas y contusiones. Además de la paliza, José aprovechó para romper el teléfono del joven pisándolo con saña, y para robarle la cartera con toda la documentación y algo de dinero.
Tras ser atendido en el Hospital Juan Ramón Jiménez e interponer la correspondiente denuncia, José fue detenido y este jueves permanecía en dependencias policiales a la espera de su traslado al Juzgado, acusado de un presunto delito de “robo con violencia”.
Delito de «robo con violencia»
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía consultadas por La Mar de Onuba, precisan que la imputación se realiza con la información aportada por el propio Diego (quien hizo constar los insultos recibidos mientas era agredido, de los que fueron testigos varias personas que se han ofrecido a declarar), y rechazan que el caso pueda ser catalogado como un Delito de Odio. Aunque admiten que la mala relación anterior existente entre las dos personas pueda ser la causante de la agresión, consideran que el caso no reúne los elementos necesarios. En cualquier, puntualizan las mismas fuentes, la imputación final de los delitos que puedan concurrir en la agresión deberán ser concretados por el Juzgado tras escuchar a todas las partes implicadas.
Diego, por su parte, está convencido de que sí concurren circunstancias y antecedentes que acreditarían la comisión de un delito de odio en su caso, que describe además, de «violencia vicaria», ya que además del rechazo expreso manifestado siempre por José hacia su orientación sexual, las expresiones de odio habrían tenido como objetivo último dañar a su madre. En este sentido, el joven se ha mostrado dispuesto a lograr que su agresor sea acusado de tales delitos, y a que su caso no pase desapercibido para la sociedad onubense.
«Soy gay y ese es el principal motivo de todo lo sucedido hoy», contaba ayer a través de sus perfiles en redes sociales, en las que tras ofrecer detalles de la agresión sufrida, aseguraba sufrir un «sensación desgarradora por personajes como estos que no entienden de respeto ni de la palabra amor». Tras dar las gracias a los agentes de Policía que le asistieron en el lugar de los hechos y que le recomendaron que acudiera de forma inmediata al hospital para ser tratado de las lesiones sufridas, el joven ha pedido difundir lo sucedido y que se sepa que «esto ha pasado en Huelva capital».
«No me da la gana que sigan pasando estas cosas, y nunca pensé que podía pasarme a mí. Por ti, por mí y por todes. Siempre Unidos». añade el joven agredido.
Siete de cada diez víctimas de delitos de odio en Europa no denuncian su caso. España tiene unidades especializadas pero la prevalencia de esta clase de crímenes y situaciones de acoso ha aumentado en los últimos años.
Con el impacto por el asesinato homofóbico de Samuel Luiz el pasado 1 de julio en A Coruña, y menos de un mes después del asesinato racista de Younes Bilal en Mazarrón (Huelva), aun presentes en gran parte de la sociedad española, un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) aporta orientaciones para superar la falta de información sobre los delitos de odio, que atentan contra derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que corresponde por obligación protegerlos a todos los estados miembros.
Lo paradójico es que el incremento de las notificaciones por delito de odio dentro de los países de la Unión Europea no es necesariamente una mala noticia. Es una de las conclusiones más chocantes del informe Fomentar la denuncia de delitos de odio: el papel de las fuerzas del orden y otras autoridades, publicado ayer 7 de julio por la Agencia de los Derechos Fundamentales.
El problema principal es la baja relación que la FRA ha detectado entre los casos de acoso y de crímenes de odio y las denuncias de esos mismos casos. Siete de cada diez personas no reportaron haber sufrido uno de estos ataques. La cifra aumenta espectacularmente en el caso de la población roma, gitanos e itinerantes, que solo denunciaron a alguna institución y organización en un 12% de los casos.
En el caso de las personas no heterosexuales, la media es también alta: un 79% de las víctimas de acoso y de delitos de odio no acudieron a explicar su caso a la policía o a otros organismos.
La falta de información preocupa a la Agencia de los Derechos Fundamentales, como expresa su director, el irlandés Michael O'Flaherty, que recuerda que los delitos de odio no denunciados, “no pueden ser investigados y procesados, lo que genera impunidad para los perpetradores”.
Los motivos de esta infrarrepresentación de los casos detectados son previsibles: la mayoría piensa que hacerlo no cambiará nada, pero también se detecta un elemento fundamental como es la falta de confianza en la policía. Otro de los argumentos esgrimidos es la complejidad burocrática de una denuncia de este tipo. Junto con la población judía, el colectivo LGTBIQ es el que declara con más frecuencia que no denuncia porque no confía en la policía.
El informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales insta a los Gobiernos europeos a garantizar la justicia para todas las personas, a proteger y apoyar a las víctimas y a investigar y sancionar los delitos motivados por prejuicios. Plagado de cautela, el informe reconoce que un “requisito importante” es conseguir que las víctimas confíen en las autoridades y nos los perciban como “indiferentes a su sufrimiento”. Esto, explican hace necesario que esos policías eviten “cualquier conducta que pueda sugerir que comparten las actitudes discriminatorias de los infractores”.
El caso español
En el caso español, los últimos datos publicados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, correspondientes a 2019, ascienden a 1.706 hechos, un 6,8% más que en 2018. El Ministerio de Interior confirma que existe una tendencia alcista en la prevalencia de este tipo de actos: en el año 19 aumentaron más de un 20% los delitos e incidentes basados en motivaciones racistas o xenófobas y también se incremento un 8,9% los relacionados con orientación sexual e identidad de género.
Los victimarios obedecen a un patrón claro: “El perfil del responsable detenido/investigado por 'delitos de odio', indica que es principalmente de sexo masculino (83%). La mayoría de los autores de estos hechos se encuadran dentro del rango de “18 a 40 años”, en concreto, el 54,7%”, indica el Ministerio en su informe anual. Por supuesto, y pese a las campañas que han tratado de señalar lo contrario, la gran mayoría de los responsables de estos delitos son de nacionalidad española (un 84%).
El 72% del total de victimizaciones registradas fue de personas de nacionalidad española, mientras que el porcentaje de víctimas extranjeras estuvo en 2019 en torno al 27%.
El proyecto Crímenes de Odio, dirigido por los periodistas Miquel Ramos y David Bou, contabiliza 103 crímenes de odio con resultado de muerte cometidos desde el año 1990. En octubre, coincidiendo con la actualización del proyecto, Ramos valoraba en El Salto cómo “se ha avanzado en la concienciación sobre delitos de odio, pero nos hemos encontrado con mala praxis por parte de distintos actores en la medida en la que la interpretación de algunos sucesos no se corresponde con la definición de crímenes de odio”.
Este periodista resaltaba ayer, 7 de julio en Twitter cómo la Policía aun no ha querido pronunciarse sobre el componente homofóbico en el asesinato de Samuel Luiz y, al mismo tiempo, hoy comenzará el juicio en Valencia Fran Pardo, acusado de un delito de odio por manifestarse en contra del autobús transfóbico de la organización ultraconservadora Hazte Oír.
Los casos de Luiz y de Bilal, ocurridos en menos de un mes, son la expresión más trágica de un tipo de delitos que aparece infrarrepresentado incluso en países que, como España, tienen actuaciones especializadas en sus cuerpos policiales. El informe del FRA publicado ayer incide en que tanto el Plan de acción contra el racismo de la UE 2020-2025 como la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas 2020-2025 “destacan la necesidad de una estrategia integral, holística y enfoque coordinado de los esfuerzos nacionales”. Hasta ahora parecen que esos planes no están siendo suficientes.
Contenido bajo Licencia Creative Commons
Sea el primero en desahogarse, comentando