Según publica La Razón este 25 de octubre, colectivos en Marruecos advierten sobre la persistencia de abusos en las campañas agrícolas onubenses, donde miles de mujeres afrontan condiciones de vulnerabilidad y precariedad.
Domingo, 27 de octubre de 2024. Según daba a conocer el diario La Razón este pasado viernes, 25 de octubre, diversos colectivos de derechos humanos en Marruecos han emitido un llamamiento para que se revisen y mejoren las condiciones laborales de las temporeras marroquíes en España, especialmente en las campañas de recolección de fresa en Huelva. Organizaciones como la Fédération des Ligues des Droits des Femmes (FLDF) han manifestado su preocupación por los abusos a los que están expuestas estas trabajadoras, incluyendo el hacinamiento, la falta de acceso a servicios médicos y las dificultades que enfrentan para hacer valer sus derechos laborales en un entorno que, según indican, adolece de la vigilancia suficiente.
Desde hace años, tanto colectivos feministas como sindicatos y asociaciones de derechos laborales reportan situaciones que afectan a estas trabajadoras migrantes, muchas de las cuales llegan a España a través del sistema de contratación en origen. Este modelo, gestionado por la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Habilidades (ANAPEC) en Marruecos, se centra en seleccionar a mujeres en situaciones vulnerables, como madres solteras o viudas, con el objetivo de asegurar su retorno al país una vez terminada la campaña. Esta estructura, que excluye a los hombres y a mujeres emancipadas, y según advierten activistas de ambos países, limita la capacidad de las temporeras para defender sus derechos y las expone a condiciones de precariedad laboral y personal.
Organizaciones en España han denunciado, además, que en ocasiones se obliga a las temporeras a firmar contratos en español sin traducción, lo que dificulta aún más su comprensión de los términos laborales. Asimismo, numerosas investigaciones de testimonios recogidos medos como El País, El Salto Diario o esta misma revista, entre otros de carácter nacional e internacional, describen reiteradamente y desde hace años cómo en algunos casos se retiene el pasaporte de las trabajadoras o se les exige pagar por conceptos que deberían estar cubiertos -como el alojamiento- generando una situación de dependencia hacia sus empleadores. El control sobre sus desplazamientos y la falta de una inspección laboral estricta también han sido destacados como puntos críticos que perpetúan un sistema de explotación en el sector agrícola del sur de Europa.
Ante este escenario, activistas y colectivos han propuesto varias medidas que podrían contribuir a mejorar las condiciones de las temporeras, como reforzar la presencia de la Inspección de Trabajo en las zonas agrícolas, garantizar el acceso a servicios médicos, y desarrollar campañas informativas que familiaricen a las trabajadoras con sus derechos. Estas recomendaciones buscan que las próximas campañas de recolección en Huelva se desarrollen en condiciones más justas, evitando abusos y fomentando un entorno laboral seguro para las miles de mujeres migrantes que forman parte del sector.
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