2018 afianzó la precariedad laboral y el empobrecimiento de gran parte de los trabajadores andaluces

CC.OO.: «Desoladores datos que ponen a Huelva a la cola del empleo».

La FOE reclama un plan de reindustrialización e infraestructuras para acabar con el desempleo.

Los parados en Andalucía se reducen en 63.900 personas. Baja el paro y la tasa de desempleo (21,26%), pero continúa como una de las más altas de España. El paro sigue siendo el principal de los problemas socioeconómicos de Andalucía y nuestros dirigentes, tanto a nivel estatal como autonómico, no han hecho los esfuerzos necesarios para comenzar a poner fin a la dramática situación por la que atraviesan cientos de miles de familias trabajadoras andaluzas.

Así se desprende del análisis realizado por UGT Andalucía tras conocerse los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según esta, a lo largo del último año se ha creado empleo (3,99%). Aunque el porcentaje se incrementa con respecto al trimestre pasado (2,72%), no es suficiente para paliar las dificultades que atraviesa el conjunto de la clase trabajadora. Desde el final de la crisis son 146.200 los empleos sin recuperar.

El empleo público ha crecido, durante el cuarto trimestre del año, un 1,37%, muy por encima del descenso experimentado en el sector privado (-0,04%). En el último año, las cifras son igualmente positivas: el empleo privado creció un 2,70% a nivel estatal y el público lo hizo en un 4,43%.

La juventud andaluza ha sido la que en mayor medida ha visto agravada su situación laboral durante el pasado año. La tasa de paro juvenil es del 45,09% por lo que, se reduce casi un punto con respecto a la registrada el pasado trimestre (46,00%). La tasa de desempleo juvenil andaluza supera en 11,5 puntos la obtenida para el conjunto del Estado (33,54%) que, sin embargo, ha incrementado.

Por su parte, la tasa de paro femenino (25,39%) se ha visto reducida en 1,7 puntos y reduce, levemente, la brecha con respecto a la obtenida en el caso de los trabajadores andaluces hombres (17,92%), que también se reduce. La llegada de la ultraderecha al Parlamento de Andalucía supone una nueva amenaza para los derechos, ya no solo laborales, sino sociales, de una mujer andaluza que, ahora más que nunca, tiene que dar un paso al frente en la defensa de sus intereses legítimos.

La cifra de parados de larga o muy larga duración, se reduce hasta situarse en  los 388.300, pasando a representar el 46,54% del conjunto de parados, menos que en el trimestre pasado.

Desde UGT-A se ha valorado que el Gobierno finalmente prorrogue de manera indefinida el subsidio extraordinario de desempleo (SED) de 430 euros, medida que ha sido reclamada reiteradamente por el sindicato, «pero no es suficiente para resolver el déficit de protección que padecen los desempleados. Exigimos una reforma integral del Sistema de Prestaciones Públicas por Desempleo que mejora la cuantía de las mismas y, especialmente, su grado de cobertura».

El sindicato valora positivamente el descenso del paro y la creación de empleo registrada durante el año, «pero no por ello podemos dejar de denunciar la insuficiencia de los mismos, así como la nueva reducción de la población activa. En multitud de ocasiones hemos exigido una estrategia integral de empleo que haga frente a todos y cada uno de los principales problemas que tiene nuestro mercado laboral y que hemos puesto de manifiesto en nuestro Plan Empleo 10, con sus 210 medidas».

La recién conocida dotación presupuestaria del anunciado Plan Especial de Empleo de Andalucía que pondrá en marcha el Ejecutivo Central, en colaboración con la Junta de Andalucía, «es del todo insuficiente, incluso irrisoria si su objetivo es el de dar respuesta a las necesidades de empleo que tienen los parados andaluces», afirma el sindicato.

El paro de larga y muy larga duración, la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo en el periodo en el que se dispone de prestaciones por desempleo y, por consiguiente, el agotamiento de las misma se ha convertido en un auténtico drama, cuyo efecto inmediato ha sido recogido por una inasumible tasa de pobreza y exclusión social. Hay que afrontar una Reforma Integral del Sistema de Prestaciones Públicas por Desempleo que asegure una vida digna para el conjunto de los desempleados.

En lo relativo al desempleo juvenil, nuestros jóvenes, «la generación más formada de la historia de Andalucía», siguen teniendo en la emigración la única vía posible de labrarse un futuro profesional digno y adecuado a sus niveles formativos. Hacemos una importante inversión económica en la formación de los jóvenes andaluces, del orden unos 5.000 euros al año por estudiante. Si eso lo multiplicamos por los 12 años de media de duración de los ciclos formativos terminados y por los casi 8.000 jóvenes que dejan Andalucía cada año por motivos laborales, el coste de la emigración juvenil se dispara hasta los 480 millones de Euros, es decir, entre un 3,5 y un 4% del PIB andaluz invertidos para beneficio de economías como las centro europeas.

En un sentido similar, UGT plantea que la erradicación de todo tipo de discriminación laboral debe ser «una máxima absoluta que marque el día a día de la política sociolaboral autonómica y de nuestro mercado laboral». Hay que apostar por que todas las empresas andaluzas cuenten con planes de igualdad perfectamente integrados en la gestión diaria de la empresa como forma de garantizar, no solo el acceso a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad, sino también un trato justo en cuanto las retribuciones percibidas, las condiciones laborales o las posibilidades de ascenso y de carrera profesional en el seno de la empresa.

«Desgraciadamente, 2018 no ha cumplido con las expectativas generadas en materia laboral», destaca UGT-A. Es cierto que ha descendido el paro en más de un 13%, pero «no es menos cierto que no se ha visto acompañado de un similar proceso de generación de empleo (3,99%), apenas 118.600 puestos de trabajo que, además, lo fueron de una dudosa calidad, así como un continuo descenso de nuestra población activa (-0,19%)».

UGT Andalucía defiende que la apuesta por el empleo, por la generación de riqueza, por un reparto justo de la misma y por el avance en términos de igualdad, sostenibilidad ambiental, cohesión social y equilibrio territorial pasa por un objetivo clave: el fomento de la industria innovadora convirtiendo, las características de nuestro tejido empresarial basado en pymes, no en una debilidad de la economía andaluza, sino en una oportunidad de desarrollo.

Desoladores datos que ponen a Huelva a la cola del empleo
Julia Perea y Emilio Fernández

La responsable del Área de Empleo, Juventud y Acción Sindical, Julia Perea, ha declarado que “desde el sindicato nos satisface que 8200 personas hayan encontrado empleo en la provincia de Huelva en los últimos tres meses. Estos datos vienen acompañados por otros negativos como el elevado volumen de personas desempleadas, 54000 personas en Huelva quieren trabajar y no pueden”.

Perea lamenta que “el panorama onubense es desolador, tenemos la segunda tasa más alta de desempleo en Andalucía y la tercera de España, como hemos denunciado otras veces los segundos salarios más bajo de la clase trabajadora de nuestro país”.

La sindicalista recuerda que “el mercado de trabajo onubense está marcado por la estacionalidad, la temporalidad y la precariedad. Los sectores en los que pivota este escenario laboral, son los tradicionales, el sector servicios y el agrícola. Mientras no se establezcan elementos correctores que reviertan esta situación y se apueste por un modelo productivo que genere riqueza y un empleo estable, seguiremos aumentando la tasa de desempleo dependiendo de las campañas”.

Desde CCOO denuncian que la situación de la mujer onubense se agrava mucho más “soportamos la mayor tasa de desempleo y una menor tasa de ocupación, el 43% frente al 53% de los hombres. Sufrimos la brecha salarial y una situación de desigualdad laboral constante. Tenemos más difícil la inserción en el mercado laboral y cuando lo hacemos las condiciones no son muy buenas”.

La responsable finaliza afirmando que “volvemos a insistirle y demandarle al gobierno andaluz, la puesta en marcha de un plan contra la precariedad laboral, el desempleo, el fraude y la calidad en el empleo. Esperamos que se establezcan medidas para que los colectivos más perjudicados como somos las mujeres y la juventud se vean protegidos”.


La FOE reclama un plan de reindustrialización e infraestructuras para acabar con el desempleo

Preocupa en la FOE que Huelva siga siendo líder en Andalucía como la provincia donde  la tasa de desempleo es la más elevada, alcanzando un 22,79, convirtiéndose además en la tercera de España en ese mismo ranking, sólo superada por Cádiz y Badajoz.  Y todo ello a pesar de que el paro bajó en Huelva en 1.800 personas, cerrándose el año con 53.900 desempleado, según los últimos datos que registra la EPA.

La Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del 2018,  pone de manifiesto la elevada  tasa de paro que se da en nuestra provincia, por lo que la FOE ha insistido en "seguir ahondando en reformas estructurales que impulsen la actividad económica, y ayuden a la competitividad de las empresas, reforzando su capacidad de adaptación y de creación de empleo. Dichas reformas deben nacer en el marco del diálogo y la concertación social con el fin de facilitar su eficacia y puesta en marcha", dicen los empresarios onubenses..

La FOE asegura que "urge en Huelva la puesta en marcha de un plan de reindustrialización que devuelva al mercado laboral los miles de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos años como consecuencia de la crisis, especialmente en el sector naval e industrial y que debería estar acompañado con la dotación presupuestaria adecuada para acabar con las carencias en infraestructuras que desde todos los ámbitos se reclama".

Además, según la FOE, los esfuerzos deben centrarse en "dotar a las empresas de un marco normativo adecuado y estable. De esta forma, deben impulsarse medidas de flexibilidad que mejoren la competitividad y su capacidad de adaptación al ciclo económico, evitando, por un lado, las cargas administrativas y fiscales, y por otro, los incrementos de los costes laborales que no deriven de la dinámica de la negociación colectiva".

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