Las trabajadoras exigen que se les apliquen los protocolos de protección de identidad con los que la Ley ampara a las victimas de Violencia de Genero y delitos de Trata.
Viernes, 20 de noviembre de 2019. Si no se va a proteger su identidad en las grabaciones que registran en vídeo las declaraciones y sesiones de juicios, prefieren desistir de reclamar sus derechos y renunciar a que sus casos sean juzgados.
Es la drástica decisión tomada por la conocidas como Temporeras contra la esclavitud, el grupo de diez mujeres marroquíes que lograron «escapar» y denunciaron (junto a otro centenar de trabajadoras de la misma empresa que no corrieron la misma suerte) haber sido víctimas de explotación laboral y, en algunos casos, acoso y agresión sexual en la finca Doñana 1998, empresa para la que fueron contratadas en origen durante la campaña de los frutos rojos del año 2018. Una de ellas, además, refiere haber sido violada por uno de los propietarios de la finca, testimonio que la psicóloga que actúa como perito judicial en el caso Doñana 1998 considera «totalmente veraz».
Para este viernes, 29 de noviembre, estaba prevista la celebración de la segunda tanda de tres (de diez) juicios por vulneración de Derechos Fundamentales en el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva, habiendo sido citadas las denunciantes para declarar a través de videoconferencia desde Albacete, ciudad en la que residen en la actualidad a la espera de poder regresar a Marruecos cuando finalicen los diferentes procesos judiciales abiertos en torno a su caso.
Lo que reclaman es que los vídeos que registren sus declaraciones no puedan desvelar ante la opinión pública su identidad. Dicho de otra forma, no quieren aparecer en un vídeo que pueda ser visionado y en el que se las vea y escuche confesar que han sido abusadas por hombres españoles que, además, eran sus patrones. Que una vez dentro de la Sala del Juzgado, donde para comparecer ante Sus Señorías han sido previa y debidamente identificadas, sus declaraciones (registradas en vídeo) no puedan ser reproducidas en su país de origen, en el que una mujer violenta y sexualmente abusada, no pocas veces es considerada, además, «culpable», acaso inductoras, del propio delito del que han sido víctimas.
En el caso de las Temporeras contra la esclavitud consta, y se reproduce -una vez más- en esta página, un vídeo en el que se ve y escucha a Antonio Mato, el presunto violador, amenazar a las denunciantes con hacer llegar presuntos vídeos de índole sexual «a las familias».
En esa tesitura, las Temporeras contra la esclavitud reclaman poder declarar con las mismas garantías que otras mujeres víctimas de delitos de agresión sexual. Recientemente, han tenido gran repercusión mediática y social casos de violencia sexual (manadas varias), en los que se han podido constatar que las víctimas, mujeres españolas, han contado con medidas establecidas por la Ley como las que han solicitado, sin éxito, las mujeres marroquíes. No solo se ha preservado su identidad ante la opinión pública, sino que se han establecido medidas que impidan el contacto visual entre agresores (presuntos unos, condenados otros) y agredidas.
Medidas que, empero, han sido denegadas reiteradamente por varios juzgados onubenses para las mujeres marroquíes del caso Doñana 1998. Motivo por el que han decidido renunciar a la Justicia que pudiera corresponderles. En el escrito registrado en los Juzgados de Huelva, afirman que ante la ausencia de medidas de protección de su identidad, se han visto obligadas «a desistir de sus derechos legítimos, dado que el riesgo de divulgación de su identidad, junto con los hechos de los que han sido objeto, le ocasionan un daño muy superior al de los propios abusos sufridos».
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