El Gobierno español ha denegado cualquier tipo de ayuda «hasta que no haya una condena».
24 de febrero de 2019. Fue el 9 de diciembre de 2018, cuando tras pasar unos días de visita con su pareja, una chica griega a la que conoció tras recalar en el país de regreso de un viaje a India, los dos jóvenes circulaban su vehículo personal y avistaron a una familia que pedían ayuda en el arcén de la autopista a unos 50 kilómetros de su destino en Thessaloniki. «Era una noche de lluvia y frío y no dudé en detener mi vehículo y socorrerlos».
Se trataba de una pareja de palestinos «en un estado de salud lamentable que llevaban más de 40 kilómetros andando por el arcén, según e contaron ellos mismos. «Me pidieron ayuda y me ofrecieron dinero por llevarlos hasta Thessaloniki, cosa que me ofrecí a hacer de manera gratuita y altruista». Es más, Pablo, que había venido colaborando durante varios años en acciones de ayuda directa a personas refugiadas en caso de exclusión, sabía que en Thessaloniki había algunas ONG que podrían ofrecerles algún soporte y cubrir las necesidades de la pareja y su hijo y su intención fue a de acercarlas hasta alguna de esa organizaciones antes de volver su domicilio.
Cuando apenas faltaba unos 20 kilómetros para llegar a su destino, fueron interceptados por la Policía en un control rutinario. En ese momento dio comienzo la pesadilla. Allí mismo Pablo y su pareja fueron detenidos y acusados de transportar ilegalmente a refugiados, algo que el Estado griego considera un delito de tráfico ilegal de personas. «Me pareció extraño, ya que al haber estado trabajando con personas en la misma situación lo normal es que me hubiera enterado antes de tal ley, pero la desconocía totalmente».
Los agentes requisaron su móvil y el de su compañera y llevaron a ambos a unas dependencias policiales cercanas a un centro de internamiento para personas sin papeles. «Allí permanecí encerrado durante tres largos días sin que nadie me informara en mi idioma y sin que siquiera me informaran de mis derechos como detenido». Pasados los tres días, fueron trasladados un juzgado en el que, el 12 de diciembre de 2018, la Fiscalía griega les imputó el presunto delito de tráfico ilegal de seres humanos, para el que pide una condena de 40 años de prisión para e joven español.
«Una pesadilla de procesos que no ha parado aún». Primero, Pablo fue confinado durante casi dos semanas en un centro de internamiento. En una celda para cuatro personas en la que se hacinaban ya otras 15 personas «con las que tenia que compartir baño dentro de la propia celda. No veíamos la luz más que por una pequeña ventana que daba a un patio interior».
Finalmente, el día de nochebuena de aquel año, el juez le impuso una fianza y fue deportado «sin siquiera dejarme recoger mis objetos personales». Para entonces, Pablo llevaba 4 años viviendo en Grecia, «donde ya tenía un dominio total de la lengua, actividades económicas, amistades, pareja sentimental, casa y hasta un gato. «Todo eso se perdió sin que pudiera ni despedirme».
«Esto es un daño que, aunque lo explique con palabras, solo se puede comprender desde el alma», lamenta Pablo, quien asegura que los bienes materiales, como su vehículo u objetos personales «no tienen valor comparado con los lazos afectivos que perdí en ese momento».
«Persona peligrosa»
Tras ser deportado, «el Gobierno me consideró oficialmente persona peligrosa para el estado griego por tener el cargo de traficante de personas», algo que. como destaca e joven sevillano, ni siquiera ha sido establecido, al no haberse celebrado juicio. El Gobierno griego intentó, además, que ese marchamo de «persona peligrosa» se extendiera a toda el área de la Unión Europea, «cosa que no pudieron hacer puesto que interpuse un recurso con ayuda de unos amigos y mi abogado».
Desde este momento, Pablo ha presentado hasta 3 recursos para paralizar el proceso y poder regresar a Grecia, donde permanece Dimitra, «el amor de mi vida», ya que no hay pruebas, antecedentes o testimonios que le vinculen al delito que le imputa, lo que le ha supuesto un enorme gasto que, hasta ahora, ha podido sufragar de su bolsillo y con «alguna ayuda de donaciones privadas si no, no podría haberlo hecho». Al final, el pasado 12 de enero le fue notificado la fecha del juicio, que tendrá lugar hoy martes, y en el que se enfrenta a una condena de 40 años de cárcel.
Sin ayuda del Estado español
Pablo Campos se enfrentará al juicio sin contar, ni haber contado desde el momento en que fue detenido junto a su pareja, con apoyo o asesoramiento del Estado español. Preguntado al respecto por La Mar de Onuba, el joven sevillano asegura que desde el Gobierno no le ha sido facilitado ningún tipo de soporte jurídico o mediación. «Me han dicho que no pueden hacer nada, y que la única ayuda que me podrían ofrecer vendría en el caso de que hubiere a una condena para evitar ser internado en una cárcel griega».
Cuando aquel 9 de diciembre de 2018, Pablo y Dimitra decidieron parar su vehículo y no dejar bajo el frío y la lluvia y en medio de una autopista a aquella pareja de palestinos con un niño pequeño no pensaron que su buena acción iba a ser «recompensada» con esta pesadilla. Ante el drama de los refugiados, Grecia, Europa, persigue y castiga las buenas acciones. Mucha suerte Pablo.
Es complicado encontrar referencias que respalden la noticia. ¿Podrían desde La Mar de Onuba facilitar la información en la que se basan para que podamos contrastar la noticia de forma transparente? Gracias
Podemos, pero no es nuestro trabajo contar la «metodología», sino la noticia. Creerla o no, es una decisión del lector. Gracias por leernos. Un saludo.