Las patronales Asaja y Freshuelva y el lobby interprofesional Interfresa aseguran a La Mar de Onuba que siguen “indicaciones” de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
Contratación en origen de temporeras marroquíes: ¿FRAUDE MASIVO O CAOS ADMINISTRATIVO?
Huelva, 13 febrero de 2020. ¿Hay lagunas en la denominada orden GECCO? Es lo que parecen inferir los diferentes portavoces del sector empresarial de los frutos rojos en sus valoraciones sobre la información exclusiva desvelada este martes por La Mar de Onuba. En una supuesta imprecisión de la Orden Ministerial que regula anualmente la “gestión colectiva de contrataciones en origen” radicaría el motivo por el que, sin incumplir la Ley, según su versión, los productores de fresas y otros berries han registrado durante años de forma irregular millares de contratos de mujeres marroquíes. Con menoscabo de sus derechos sociolaborales y salariales (como algunas de ellas han denunciado), y también para la propia Hacienda Pública y la Seguridad Social españolas. Sin que por esta práctica hayan sido expedientados o sancionados.
Así, ninguna de las fuentes patronales consultadas durante todo el día de ayer han cuestionado los datos difundidos por esta revista, pero todas ellas sostienen haber actuado dentro de lo establecido en las diferentes normativas que regulan la contratación de «trabajadores extranjeros no residentes en España por circunstancias excepcionales de producción». Los empresarios afirman haber actuado, en todo momento, al dictado de las instrucciones dadas por el propio Gobierno (el actual y los anteriores) a través de su Subdelegación en Huelva.
La orden GECCO
Y es que, efectivamente, como sostienen las organizaciones patronales, la “orden GECCO” describe dos modalidades de contratos temporales para las contrataciones en origen: de “temporada o campaña”, o de “obra y servicio”. Esta última modalidad es la misma que se aplica (mayoritariamente, según reconocen fuentes del propio sector de los frutos rojos), a los jornaleros españoles, aunque para la contratación en origen se especifica el obra y servicio será de aplicación a, “entre otros», trabajos excepcionales, como «el montaje de plantas industriales o eléctricas, la construcción de infraestructuras, edificaciones y redes de suministro eléctrico, telefónico, de gas o de ferrocarriles; la instalación y mantenimiento de equipos productivos, así como su puesta en marcha y reparaciones”. El sector de los frutos rojos entiende que a las mujeres marroquíes les puede ser de aplicación esta modalidad, en lugar de la de “temporada o campaña”.
A efectos prácticos, y como han venido denunciando a lo largo de años no pocas de las propias temporeras, el contrato de obra y servicio permite a los empresarios disponer a su voluntad de las mujeres marroquíes, abonando sus salarios sólo los días que “salen” a recoger fresas, moras o arándanos, y negándoles otros beneficios del Convenio Colectivo de Campo. Es algo de lo que se quejan también los propios jornaleros onubenses. Sea mayor o menor su intensidad cada temporada, las campañas agrícolas no pueden equipararse a montajes de plantas o construcciones de infraestructuras. Estas son obras efímeras, sin solución de continuidad, mientras que la plantación y cosecha de frutos rojos es una «actividad continuada», en la que, como sostienen fuentes jurídicas consultadas por La Mar de Onuba, no debería caber el “obra y servicio”. Ni para las temporeras marroquíes, ni para las jornaleras y jornaleros españoles.
Así lo ha defendido este martes, en conversación con esta revista, Luciano Gómez, secretario provincial de FICA UGT, quien reclama que se aplique, con carácter universal, la figura del “fijo discontinuo” en el campo onubense. Implantar como norma este tipo de contratación serviría, según la visión del ugetista, para crear mejores vínculos entre empresas y trabajadores, y reforzar los derechos de estos últimos contenidos en el Convenio Colectivo del Campo y otras normativas. Entre ellos, poder disfrutar de días de descanso remunerados, vacaciones, bajas por enfermedad y otros derechos que UGT comparte que no están respetando en todos los tajos de Huelva. Gómez coincide con otros sindicatos en que la precariedad implícita en el contrato por obra y servicio es la principal vía de entrada para los abusos laborales, pero defiende el funcionamiento de la contratación en origen y la actuación, en general, del empresariado onubense. Es por ello que Luciano Gómez entiende que la información ofrecida por esta revista es “interpretable”.
¿Indicaciones del Gobierno o contratación fraudulenta?
La cuestión es si aplicar las condiciones de los trabajadores contratados por “obra y servicio” es acorde a la orden GECCO, como sostienen los empresarios. Para salir de dudas, nada mejor que acudir a lo que textualmente puede leerse en la propia orden ministerial. El Artículo 3, titulado Garantías para los trabajadores, dice: «los empleadores deberán garantizar a los trabajadores la actividad continuada durante la vigencia de la autorización solicitada. En el sector agrario se considerará continuada la actividad que no sea inferior a un 75% del tiempo de trabajo habitual en el sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas en relación con un trabajador se corresponderá con este límite mínimo».
Las fuentes gubernamentales consultadas por esta revista confirman que esta es la lectura que debe aplicarse en el caso de la contratación en origen de mujeres marroquíes, y admiten que en la gestión infórmatica de la orden GECCO, en la que son los propios empresarios los que optan por las casillas “obra y servicio” o “temporal”, se encuentra la explicación de los datos publicados ayer en estas páginas. También aseguran que el Gobierno está estudiando las posibles reformas que la Orden pueda necesitar.
Lo cierto es que los datos desvelan una práctica generalizada y, por motivos inexplicables, tolerada hasta ahora por la Administración Pública. El 99,9 % de los contratos suscritos en 2019 al amparo de la orden GECCO con mujeres marroquíes fueron de «obra y servicio». Sólo 243 de las 14.411 temporeras disfrutaron de un contrato “eventual por tiempo determinado”, modalidad que fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva reconocen, sin género de duda, como la que procede para las denominadas marroquinas.
La patronal fresera niega irregularidades
Desde la gran patronal agrícola, todas las fuentes consultadas (Federación Onubense de Empresarios, Freshuelva, Asaja y el lobby Interfresa) coinciden: sus actuaciones, sostienen al unísono, responden a las indicaciones precisas del propio Gobierno a través de su Subdelegación en Huelva.
La FOE defiende que “el sector se ajusta a la legalidad vigente, adaptando fielmente la normativa”, y señala que “ante cualquier incumplimiento, tenemos la seguridad de que intervendría la Inspección de Trabajo”. Desde Freshuelva se asegura que el sector “acata de forma estricta lo que establece la administración para el proceso de contratación en origen” y en términos exactos se pronuncian Asaja e Interfresa. Desde el lobby interprofesional se añade que el sector actúa por “indicación” de la Subdelegación del Gobierno, y destacan que «no constan denuncias, quejas o sentencias de las trabajadoras marroquíes». (Ante esta última aseveración, no parece probable que la interprofesional agrícola haya seguido la actualidad laboral de su propio sector en las páginas de La Mar de Onuba).
No lo ve de la misma forma el sindicato CC.OO., que ayer mismo recordaba a esta redacción que “nosotros venimos denunciando desde hace años, no sólo en el campo, sino en todos los sectores, un uso abusivo de la contratación temporal (99%). Además se abusa de la contratación más precaria obra y servicio y eventual por circunstancias de la producción. Se utiliza esta contratación de forma fraudulenta, desvirtuándose su esencia principal, cubrir puestos temporales cuando realmente son puestos fijos o discontinuos».
CCOO denuncia la “falta de medios de la Inspección de Trabajo, que es la herramienta clave para corregir y revertir esta situación que provoca inseguridad, precariedad y falta de derechos para los trabajadores y un fraude para la Seguridad Social”. El sindicato reclama de las empresas “respeto” a las normas que rigen las relaciones laborales, y “ser responsables con sus trabajadores”. Pero, “en la mayoría de los casos”, sostiene el sindicato, “miran más por el beneficio que por su principal activo, que son sus trabajadores/as”. Por último, CCOO afirma que “las administraciones deben de ejercer un control de vigilancia y ser intransigentes con los empresarios que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores para explotarlos”.
Algo en lo que coincide el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, quien ha recordado este miércoles que corresponde a la Administración “velar” por el cumplimiento de las condiciones laborales que “en origen se acuerden con las temporeras marroquíes». A este respecto, Sánchez Rufo no ha pasado por alto las responsabilidades que su formación acaba de asumir en el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez, en el que IU ostenta la cartera de Trabajo de la mano de la ministra Yolanda Díaz. El coordinador provincial de IU ha expresado “el compromiso de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y por los derechos de los/as trabajadores/as del campo, incluidas las personas que vienen con contratos en origen”.
Antonio Alvarado, durante una mesa redonda organizada por Sevilla Acoge (ver intervención completa)
Y es que corresponde al Gobierno tomar decisiones ante las aparentes (o no) incongruencias de la orden GECCO. Si, como sostienen los empresarios, las contrataciones de mujeres marroquíes pueden gestionarse (y cotizarse) como «obra y servicio», es una información que debe trasladarse a la propia Oferta Pública de Empleo que promocionan los empresarios a través de Anapec (Agencia Nacional de Empleo de Marruecos) para no crear falsas expectativas a las temporeras. Si no es el caso, el Gobierno debe investigar por qué se ha venido haciendo de esa forma, con menoscabo de los derechos sociolaborales y salariales de miles de mujeres marroquíes, y con una merma de los ingresos que corresponde percibir al Estado español por las retenciones y cotizaciones de las temporeras.
Al cierre de esta edición, La Mar de Onuba no ha podido recabar una valoración de la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. Tanto el lunes, antes de publicar los datos del Ministerio de Trabajo, como este miércoles, cuando se le ha transmitido que los empresarios señalan a su Subdelegación como responsable última de la gestión de la contratación en origen, Parralo ha declinado hacer una valoración sobre la información publicada. En cualquier caso, sobre el carácter temporal de tres meses de los contratos en origen, con «garantía de actividad continuada», sí se pronunció el pasado mes de enero, en una mesa redonda celebrada en Sevilla y organizada por la Fundación Sevilla Acoge el responsable de la Dependencia de Empleo de la propia Subdelegación, Antonio Alvarado, quién como se puede ver en el vídeo de la derecha, se refirió expresamente a este aspecto.
En un comunicado remitido a esta redacción, el PSOE ha asegurado que "la provincia de Huelva ha sido siempre un ejemplo de flujo migratorio vinculado al trabajo". En esta línea, asegura que "hace tiempo que se tomaron medidas para garantizar la contratación en origen, la vivienda y las condiciones laborales de los trabajadores".
Los socialistas sostienen que "en Huelva, este tema se ha realizado siempre con lupa y entendiendo que en nuestra tierra hay que acudir a la contratación en origen porque no hay demanda de empleo local para trabajar en el campo. Siendo conscientes de este gran flujo migratorio, se ha tratado siempre meticulosamente y con mucho rigor".
"Por eso, apelamos siempre a la prudencia para no dañar la imagen de una provincia que es modelo en contratación en origen, que ha sido copiado incluso por la UE. Eso no quita que incidamos en la importancia del diálogo entre empresarios, organizaciones agrarias, sindicatos y organizaciones humanitarias para garantizar siempre las mejores condiciones laborales y viabilidad en nuestros campos agrícolas".
Preguntados por las irregularidades que se infieren de los datos del Ministerio de Trabajo publicados por La Mar de Onuba, el PSOE ha asegurado que ”confiamos en la labor que han realizado los distintos gobiernos, aunque pediremos que se vigile y se estudie el proceso”.
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