México: recomendaciones de Amnistía Internacional a López Obrador

Por Concha Moreno.

Amnistía Internacional (AI) se ha puesto en contacto con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el próximo mes de diciembre de 2018, para hacerle entrega de un memorándum con observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México, y una serie de recomendaciones concretas con la intención de influir en los planes y acciones del nuevo gobierno para resolver la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

“México y el mundo están a la expectativa de que este nuevo gobierno asuma el reto de acabar con la profunda crisis de derechos que vive el país”, ha asegurado la organización. “El cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales y revisen aquellas políticas públicas y leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de todas las personas”.

A pesar de algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos.

Las fuerzas armadas, un gran problema

Han pasado ya más de diez años desde que México encomendara a las fuerzas armadas aspectos esenciales de la seguridad pública en todo el país como una respuesta a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas ilícitas, autorizándoles a actuar como agentes encargados de hacer cumplir la ley, en clara contradicción con el derecho internacional. En todos estos años, las fuerzas armadas han podido actuar con gran autonomía y sin necesidad de coordinación ni subordinación directa a la autoridad civil.

Esta política pública, desde la perspectiva de Amnistía, no ha logrado reducir la delincuencia ni la violencia en el país. De hecho, al contrario, se ha registrado un aumento en los principales indicadores de violencia, y ha sido ese precisamente el marco en el que se han cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos: tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, opinan que en México los cuerpos de policía carecen en general de elementos técnicos y recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones de forma adecuada. Además, las detenciones arbitrarias son generalizadas y es común la violación de las garantías del debido proceso en el tratamiento de las personas y de la evidencia por parte de la policía. Para resumirlo, numerosos integrantes de los cuerpos de policías en el país han sido responsables de crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos. La consecuencia de ello ha sido, como norma, la impunidad de tales conductas.

Por todo ello, recomienda a las nuevas autoridades lo siguiente:

  • En relación a la política de control de drogas ilícitas:  Reorientar la política de control de drogas, pasando de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública, a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud, tomando en cuenta el devastador coste que en los derechos humanos tienen los métodos actuales.
  • En relación a las fuerzas armadas:
    • Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior.  
      Poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles.  
    • Solicitar al Congreso de la Unión modificar el marco legal para garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, independientemente del carácter civil o militar de la víctima, sean investigadas, procesadas y juzgadas adecuada y exclusivamente por las autoridades judiciales civiles.   
  • En relación a la policía:  
    • Someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
    • Establecer un registro de detenciones de ámbito nacional, unificado y consistente, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, con el objetivo de reducir las detenciones arbitrarias.
    • Reconocer la labor de la policía, y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales y, en consecuencia, presentar una iniciativa para la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política, que impide que policías indebidamente separados de su cargo puedan ser reincorporados al servicio.
    • Fortalecer las capacidades técnicas de los cuerpos de policía de todo el país, dotándoles de recursos financieros adecuados, herramientas, capacitación y condiciones laborales que garanticen el ejercicio de sus funciones.
  • En relación a los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos:
    • Proveer, sin demora, la suspensión con respeto a estándares internacionales de cualquier agente del estado —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en graves violaciones a los derechos humanos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente.
    • Garantizar que ningún funcionario público que sea hallado responsable de dichas violaciones sea empleado en otras instituciones de seguridad pública o de justicia.
    • Adoptar un registro de desapariciones con información pertinente y suficiente, que registre todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales — incluidos los de décadas pasadas— y que sirva como instrumento de supervisión, evaluación y diseño de estrategias y políticas públicas en materia de desaparición de personas.
    • Garantizar en la práctica la aplicación adecuada de las leyes generales sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sobre desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
    • Avanzar con diligencia en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Registro Nacional del Delito de Tortura previstos en la ley de la materia, teniendo en consideración el parecer de las organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecer la procuraduría de Justicia

Amnistía ha observado las importantes reformas del sistema de procesamiento penal que permitieron la instauración de un sistema penal acusatorio en México. Sin embargo, las frecuentes deficiencias en la investigación de los delitos, en especial de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, y la casi absoluta impunidad que persiste en el país, ponen en riesgo la capacidad de tales reformas de impactar positivamente en el disfrute de los derechos humanos de la población

Para revertir esta situación, la organización recomienda a las nuevas autoridades:

  • En relación a la lucha contra la impunidad:
    • Asegurar que cualquier ley de amnistía que llegue a adoptarse, si fuera el caso, se adecue al derecho internacional y, en particular, que no beneficie a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional –incluyendo crímenes de lesa humanidad– o graves violaciones de derechos humanos.  
    • Tipificar internamente todos los crímenes de derecho internacional que el estado mexicano se ha comprometido a reprimir a través de los instrumentos internacionales en los que es un estado parte, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra, los que deben ser juzgados siempre por tribunales ordinarios, con exclusión de los tribunales militares.
    • Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para derogar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política, que pretende limitar indebidamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
  • En relación al fortalecimiento de las instituciones:
    • Crear un mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México.  
    • Asegurar que la nueva Fiscalía General de la República sea verdaderamente independiente, y que cuente con facultades legales, personal idóneo, capacidades y recursos suficientes para llevar a cabo sus labores de forma adecuada.  
    • Asegurar que los servicios forenses oficiales sean independientes de las fiscalías o procuradurías, y que cuenten con los recursos materiales, financieros y operativos para realizar su labor. En relación a las detenciones arbitrarias:
    • Pedir al Congreso de la Unión que elimine de la Constitución y de las leyes las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre la adopción de ésta última medida cautelar en cada caso al arbitrio de las autoridades judiciales.
    • Eliminar del Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de flagrancia por señalamiento, que permite a la policía detener a personas, después de que se ha cometido un delito, solamente sobre la base de testimonios, sin que medie una orden judicial, ya que se presta a numerosos abusos. 
  • En relación a la investigación de graves violaciones de derechos humanos:
    • Proveer la investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva de los casos de crímenes de derecho internacional y violaciones y abusos de derechos humanos, incluyendo la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, e incluyendo también a las personas con responsabilidad de mando que pudieran tener que responder penalmente de conformidad con las obligaciones internacionales en la materia.  
    • Admitir sin ambages la participación de familiares de las personas desaparecidas en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre las mismas y permitiéndoles que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas. En ningún caso debe permitirse que las autoridades trasladen a la familia la carga de la investigación del caso.
    • Garantizar la independencia técnica y de gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y proporcionarle suficientes recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos.
    • Revisar el Protocolo Homologado para la Investigación de Tortura para garantizar que cumpla con el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos y que no sea más un obstáculo en las investigaciones sobre tortura y malos tratos.

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