Los abusos de poder en la Policía española

Los abusos de poder policiales no son una realidad ajena a España, de hecho, son más habituales de lo que popularmente se cree. Aunque a menudo existe en el imaginario como una circunstancia muy minoritaria y más propia de países con deficiencias democráticas, en lo últimos tiempos se ha podido apreciar como, de manera aparentemente cada vez más habitual, se dan escándalos policiales que como mínimo plantean la necesidad de reflexionar acerca del papel y de la actuación de las fuerzas de seguridad del estado y sobre las legislaciones que se le aplican.

Miércoles, 17 de febrero de 2021. Casos como el de Dani Jiménez, joven de Algeciras que falleció el pasado mes de junio encerrado en un calabozo presuntamente como resultado de supuestos abusos policiales, forman parte de una larga lista de excesos del poder policial que consiguen salir a la luz gracias al trabajos de organizaciones en favor de los derechos humanos, organismos internacionales y la propia labor documental ciudadana. Todos tienen en común el objetivo de denunciar las prácticas abusivas de los cuerpos policiales españoles.

Plataformas como SOS Racismo han registrado hasta 571 casos de brutalidad policial en España durante los últimos 20 años; y no es raro encontrarse de manera periódica con algún video o documento que denuncie actuaciones abusivas realizadas por agentes de policía, en el ejercicio (o no) de sus funciones.

Estas actuaciones a menudo quedan amparadas por una serie de mecanismos jurídicos y legales, protocolos ambiguos, por la nula transparencia de los cuerpos con el exterior, o incluso por la mera conformidad social respecto a los abusos.

En ocasiones tienen que ser los propios agentes los que aceptan públicamente esta realidad ante la falta de claridad o transparencia, como cuando el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent i Peña, reconocía en TV3 que efectivamente existe un “sesgo étnico” en el campo de las identificaciones policiales, o como cuando la propia Policía Nacional reconoce que ha utilizado por “error” fuego real a la hora de disolver manifestaciones pacíficas.

La cuestión es dilucidar si estos abusos son, como efectivamente se suele defender, simples casos aislados o “manzanas podridas”, o si responden a problemas sistemáticos más profundos: la falta de transparencia y democratización dentro de los cuerpos policiales, la abusiva relación de poder que separa a los agentes respecto a los ciudadanos y/o una legislación que facilita que se den estos abusos de poder de la policía.

Recopilación de casos recientes de abusos de poder de la policía

Solo en las últimas semanas se han producido una serie de abusos policiales que merece la pena denunciar y tener presentes. A continuación, se exponen algunos de que más repercusión han tenido durante esta primera mitad de mes, periodo muy corto de tiempo, pero en el que se han dado varios casos, todos ellos documentados.

Día 6 de febrero

Un grupo de policías nacionales agreden a 3 jóvenes en mitad de una calle de Madrid, reduciendo violentamente y de manera grupal a uno de ellos a base de golpes.

La justificación de esta actuación parece deberse a la apariencia “punk” de los jóvenes, y la actuación se llevó a cabo bajo la creencia de que estos iban camino de una manifestación cercana, y convocada de manera legal, en favor de la libertad de Pablo Hasél.

Es importante señalar que, al mismo tiempo, y cerca del lugar de la agresión, se producía una manifestación fascista (esta sí, convocada de manera ilegal) y que no fue disuelta por los efectivos policiales.

Además, estos agentes amenazaron a los jóvenes amigos de la víctima, que habían grabado la agresión policial, con denunciarles si hacían públicas las imágenes de los abusos.

Día 8 de febrero

Dos policías municipales agreden a dos personas que grababan cómo se realizaba una detención en el municipio de Arrecife.

Los agentes utilizaron la violencia de manera no proporcional y redujeron a golpes a ambos, imposibilitando por tanto que estos pudieran continuar documentando la detención.

Los agentes aplican un uso excesivo de la fuerza contra personas que realizaban un derecho fundamental como es el de la información.

Día 9 de febrero

Los Mossos reprimen a un grupo de vecinos que trataban de impedir un desahucio en Cataluña. Un desahucio que se produce en medio de una crisis sanitaria global y que la policía trató de llevar a cabo cargando violentamente contra los vecinos que se solidarizaron con la familia y trataban de detener el desalojo.

Dia 12 de febrero

Dos policías locales agreden a un grupo de amigos, tres de ellos canarios y otro argentino, y a otro hombre de ascendencia nepalí porque “no llevaban las mascarillas puestas”.

Los agentes lanzaron insultos racistas como “sudaca de mierda” y “moro” y posteriormente les agredieron físicamente, mostrándoles sus respectivas placas de manera amenazante a la vez que afirman que “nosotros somos la autoridad”.

Día 13 de febrero

Dos policías nacionales fuera de servicio agreden en Linares a un padre y a su hija menor de 14 años. Los policías, conocidos localmente por sus malos tratos y abusos, se encontraban fuera de servicio y aparentemente bajo los efectos de las drogas y del alcohol.

Estos atacaron violentamente al hombre, el cual, según su propio testimonio, trataba de defender a su hija del acoso de uno de los policías. Los agentes, lejos de arrepentirse, se regodearon e increparon a los ciudadanos que les insultaban y que señalaban su mala conducta.

Del mismo modo, uno de ellos reconoce que agredió a la menor “por meterse donde no la llamaban”. En uno de los vídeos que se difundieron por redes sociales se puede ver incluso a uno de ellos bailando ante las palabras de los demás.

Uno de esos mismos agentes ha sido denunciado por otro joven del municipio, Álvaro Simarro, el cual narra como en 2018 fue amenazado por el agente tras verse involucrado en una pelea similar a la de este año.

Según el joven, el agente incurrió en amenazas e intimidación mientras que él se encontraba arrestado, diciéndole el agente textualmente que “te vas a tener que ir de Linares”, “te vas a quedar sin dientes”, o “tu hijo cuando salgas de la cárcel no te va a reconocer”, entre muchas otras amenazas.

En este caso, los abusos de poder y la mala praxis de estos agentes provocaron una respuesta inmediata de los vecinos en forma de protestas que, irónicamente, se saldaron con más abusos, por ejemplo, con el disparo de un arma de fuego a uno de los manifestantes.

Aunque los dos agresores han sido encarcelados de forma preventiva, pareciendo que esta vez la justicia actúa de manera consecuente, varios sindicatos policiales han salido en su defensa, señalando que esta medida es desproporcionada o que no se miden todos los casos de manera justa.

Día 14 de febrero

En Jerez, un agente de policía agrede a un hombre en la puerta de su casa tras solicitarle este el número de placa.

El policía, lejos de identificarse, agredió al hombre al mismo tiempo que le insultaba bajo la mirada pasiva del resto de sus compañeros; una pasividad que se traduce en normalización y amparo del abuso.

Día 16 de febrero

En este caso, el abuso de poder de la policía se produce en Barreiro, Lugo.

Un vídeo difundido por redes sociales muestra como un joven discute cara a cara con un agente de policía, y según se recrudece el conflicto, el agente agarra del cuello al joven y lo arrincona contra una pared, donde en cuestión de segundos es rodeado y golpeado por al menos cuatro policías más.

Posteriormente es lanzado al suelo donde es detenido por tres de ellos.

Día 17 de febrero

Tras el encarcelamiento de Pablo Hasél, se convocaron varias concentración de protesta por toda España que, en general, han transcurrido sin incidentes.

Sin embargo, en Valencia se sucedieron cargas policiales para disolver una protesta que estaba siendo pacífica. En las grabaciones difundidas se aprecia que los agentes persiguen a los manifestantes y golpean de manera reiterada.

En uno de los vídeos, un agente de las UIP golpea repetidamente una bicicleta sostenida por un chico que lo único que hace es retirarse hacia atrás para evitar ser golpeado.

Tras este breve recopilatorio de abusos actuales, la cuestión que es, ¿cómo puede ser posible que en una “democracia plena” con “normalidad democrática” como España ocurran estos hechos?

Esa pregunta tiene múltiples respuestas, pues hay muchos factores que dan como resultado estos hechos, algunas legales, otras jurídicas, otras psicológicas y otras sociales.

Indudablemente, que España haya atravesado hace relativamente poco casi 40 años de dictadura militar, con toda la represión que ello conlleva, y que el sistema y la infraestructura policial haya sido heredada por la actual monarquía parlamentaria sin depuración de cargos y de responsabilidades, tiene mucho que ver.

Sin embargo, existen también hechos más concretos que han generado o al menos han facilitado la expansión y normalización de estos abusos de poder de la policía.

Ley de Seguridad Ciudadana o ‘Ley Mordaza’: amparo legal de los abusos de poder

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) de 1 de julio de 2015, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy (PP) como respuesta al clima de inestabilidad social posterior a la crisis económica y social del 2008, con el objetivo implícito y no reconocido de frenar las continuas y masivas movilizaciones sociales organizadas en las calles como forma de protesta ante la desigualdad creciente, la corrupción institucional y la bajada general de calidad de vida, en lo que popularmente se llamó Movimiento 15-M.

Desde el principio de su tramitación el proyecto contó con el rechazo total de todos los grupos políticos, agentes sociales, y organizaciones defensoras de los derechos humanos y las libertades civiles.

La norma introdujo una cantidad importante de restricciones a derechos fundamentales a la vez que otorgó de facto una enorme discrecionalidad y capacidad coercitiva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno del Partido Popular (PP) la retirada de la norma antes incluso de su aprobación, ya que, según el cuerpo de expertos en derechos humanos, “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”.

Del mismo modo, señalaron que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”

Según fuentes del Ministerio del Interior, en sus dos primeros años de vida, desde 2015 hasta 2017, se aplicaron unas 80 multas diarias de media. Unas 73.187 sanciones totales en ese corto periodo de tiempo; siendo los artículos más utilizados de la legislación el número 37.3 y 36.6.

El artículo 37.3 tipifica las infracciones leves y en concreto “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”.

Por su parte, el artículo 36.6 tipifica las infracciones graves, y concretamente “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”

Según Amnistía Internacional, estos artículos han sido aplicados reiteradamente en contextos sociales de protestas o manifestaciones donde no ocurrieron incidentes violentos o altercados graves, en múltiples actos de ejercicio de la libertad de expresión, o directamente contra personas que ejercían el derecho de información. Las penas que establecen van desde los 601 hasta los 30000 euros.

A los artículos anteriormente señalados habría que sumar otros ejemplos como el artículo 37.4 que trata las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”; el artículo 37.1 que castiga a los promotores u organizadores de manifestaciones no autorizadas (lo que limita la espontaneidad de la acción y organización social); o el famoso artículo 36.23 que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de los agentes durante sus acciones cuando estas puedan poner en peligro las operaciones policiales o su integridad.

Son cientos los ejemplos de los abusos de poder de la policía española que se han llevado a cabo bajo el amparo de estos artículos y de la enorme discrecionalidad que otorgan a las autoridades.

Otro aspecto fundamental que introdujo la “Ley Mordaza” fue el de dar cabida legal a las devoluciones en caliente, amparándolas a través de la disposición adicional Décima de la LOSC.

Las devoluciones en caliente son prácticas denunciada por múltiples ONGs pro derechos humanos que comenzó a aplicarse en el Estado español tras la construcción de la Valla de Ceuta y Melilla en la década de los 90.

En un principio, estos abusos de poder de la policía se realizaron de manera encubierta, y no fue sino gracias al trabajo y la acción de periodistas y organizaciones activistas que la práctica fue expuesta públicamente a comienzos de la década de los 2000.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, señala que “esta legislación (en referencia a la Ley Mordaza) ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social”.

De hecho, la propia ONU volvió a pedir a España el año pasado a través de su Examen Periódico Universal (EPU) (mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa el cumplimiento de los Estados respecto a los DDHH cada 5 años) poner freno a las restricciones introducidas mediante dicha Ley Mordaza.

“A por ellos”: la crisis en Cataluña

Además de la reducción de libertades civiles y la restricción de derechos fundamentales que conllevó la entrada en vigor de la Ley Mordaza, otros dos acontecimientos han sido cruciales para el aumento y la aparente normalización de los abusos de poder de la policía española.

El primero de ellos fue la respuesta política y policial al conjunto de la crisis en Cataluña.

Por parte del Gobierno de España, entonces todavía en manos de Mariano Rajoy, y el conjunto de los Cuerpos Policiales estatales reprimieron de manera desproporcionada el referéndum de autodeterminación del día 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Las imágenes y vídeos de los múltiples abusos policiales durante la jornada dieron la vuelta al mundo, y estos abusos contaron con el respaldo de la mayor parte de los actores políticos del país y de amplios sectores de la sociedad española.

Human Rights Watch, observatorio internacional en defensa de los derechos humanos, afirma que “nuestra detallada investigación de tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en Cataluña”. Kartik Rak, investigador del observatorio, remarca que “puede que la policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial, pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes pacíficos”.

Múltiples organizaciones en favor de los derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional, criticaron los abusos policiales durante el intento de referéndum. El propio Consejo de Europa pidió una “investigación independiente” para las denuncias de abusos de poder de la policía española, pero tanto la fiscalía como el Ministerio de Interior han obstaculizado sistemáticamente las investigaciones.

El Departamento de Salud de Cataluña estimó que fueron unas 893 personas heridas como consecuencia de las actuaciones policiales. Aunque las imágenes y videos son más que claros, y la comunidad internacional condenó a España por ello, el Gobierno popular de Mariano Rajoy defendió (al igual que muchos actores políticos siguen manteniendo actualmente) que los agentes policiales actuaron “prudente, apropiada y proporcionalmente”.

El blanqueamiento mayoritario de los medios de comunicación tradicionales, el respaldo del gobierno, partidos e instituciones estatales, así como el apoyo popular a los policías que marcharon y volvieron de la región bajo gritos de “a por ellos, oé”, tuvieron la consecuencia de normalizar y empoderar las actuaciones abusivas de los cuerpos policiales españoles, los cuáles han estado sintiendo que cuentan con el respaldo legal, popular y moral en el ejercicio de sus actuaciones.

Estado de alarma: escenario de abusos de poder de la policía

Sumado a lo anterior, el momento de mayor auge de los abusos de poder de la policía española se dio durante el periodo de confinamiento domiciliario como consecuencia de la instauración del Estado de alarma a nivel estatal.

Entre el 15 de marzo al 2 de mayo de 2020, los diferentes cuerpos de policía a nivel estatal interpusieron “más de un millón de multas” y arrestaron a más de 8.500 personas en todo el país.

El ejecutivo de coalición ha sido hasta la fecha, y a pesar de sus múltiples críticas y promesas de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, el gobierno que más veces ha visto aplicada la “Ley Mordaza”.

La plataforma Defender a quién defiende, compuesta por 10 organizaciones defensoras de los derechos humanos, registró al menos 87 posibles casos de violencia policial y de abusos por parte de las autoridades durante el breve periodo de tiempo que supuso el confinamiento domiciliario. Amnistía Internacional también lanzó múltiples investigaciones y reafirmó la tendencia hacia los abusos de poder de la policía producidos durante el confinamiento.

A lo largo de todo este periodo de limitaciones civiles y sociales, uno de los cuerpos que más poder y reconocimiento han obtenido (junto al conjunto del personal sanitario) ha sido el cuerpo policial. Su labor de control social durante el último año (sumada a la ya menciona legitimidad y amparo legal que han recibido durante la última década) ha propiciado que muchos de los integrantes de los cuerpos policiales comiencen a presentar conductas autoritarias y abusivas que ya estaban presentes en muchos otros extractos policiales.

Por supuesto, esto no es un alegato en contra de las restricciones impuestas para frenar los contagios del coronavirus, sino a que se aprovechen estas circunstancias para ejercer un abusos de autoridad por parte de los cuerpos policiales.

La policía, el abuso institucional y la extrema derecha

Sería un error imperdonable realizar un análisis simplista decir que todos los agentes de policía son de extrema derecha. Tampoco sería correcto señalar que los cuerpos policiales son organizaciones “fascistas”, “nazis” o propias de extrema derecha, incluso como institución y como autoridad.

Con esta previa, no se puede negar que, a pesar de que existan muchos agentes u asociaciones policiales de carácter democrático, el conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado presentan un sesgo ultraderechista más que evidente.

Sesgo que afecta profundamente a sus concepciones sobre la democracia, al valor de las libertades civiles en el sistema democrático, a la interpretación que tienen sobre el orden social y político, y al modelo de autoridad que deben de ejercer.

En primer lugar, un factor fundamental para afirmar esto es la evidencia que supuso la pervivencia de muchos cuadros franquistas en los cuerpos policiales del periodo democrático como resultado de la falta de depuración durante la Transición.

El ejemplo más claro de ello fue el trasvase hacia los nuevos cuerpos policiales democráticos de muchos de los integrantes de la Brigada Político Social (BPS): la conocida “policía política” del régimen franquista. Lo mismo sucedió con la Policía Armada, cuerpo encargado de reprimir con dureza cualquier atisbo de disidencia, conocido popularmente como “los grises” por el color de su uniforme.

La lista de nombres propios de esta policía criminal franquista que pasaron de desempeñar grandes cargos de poder en el régimen franquista a desempeñarlos directamente en el régimen democrático es enorme.

El investigador, Pablo Alcántara Pérez, muestra en un trabajo como los métodos y crímenes de estos policías se trasladaron a la policía de la democracia sin ser juzgados como consecuencia de la Ley de Amnistía: “no hubo ningún tipo de depuración de los policías”, afirmó en una entrevista para el periódico Publico.

Como ejemplos: Billy el Niño, seguramente el nombre más conocido de la larga lista; Pascual Honrado de la Fuente, admitido en 1977 en el Cuerpo General de Policía, y conocido por ser el torturador de Gerardo Iglesias, quien fuera líder del Partido Comunista entre 1982 y 1988 y de Izquierda Unida entre 1986 y 1989; Benjamín Solsona, alias “El Galleta”, torturador de trabajadores y estudiantes, nombrado en 1980 Jefe Superior de Policía de Bilbao; Atilano del Valle, galardonado con la Cruz al Mérito Policial en 1975; Jesús González Reglero, Roberto Conesa, entre un largo etcétera.

La persistencia de estos personajes en grandes puestos de poder ha condicionado las decisiones, actuaciones y rutinas de la nueva policía democrática española. Prueba de ello son las múltiples denuncias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha presentado contra España denunciando torturas y abusos de poder de la policía.

Según Pablo Alcántara Pérez, “claramente hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no investigar de manera real y efectiva las denuncias de torturas”.

De igual forma, la predisposición de los Cuerpos de Seguridad del Estado para funcionar como arma arrojadiza contra rivales políticos es otra línea de continuidad entre las tácticas de la policía franquista y la actual policía democrática.

No son pocos los casos de brigadas y grupos policiales que se han creado desde el poder, y que comúnmente han sido liderados por miembros provenientes o vinculados con el franquismo o ideologías cercanas, contra grupos y partidos directamente considerados como “enemigos de España”, como los GRAPO, la banda terrorista ETA o no hace mucho tiempo, Podemos y el independentismo catalán; cabe añadir que los objetivos de estos grupos policiales represivos han sido los que normalmente la extrema derecha suele considerar como sus enemigos (izquierda, nacionalistas, independentistas…) y no han existido casos de grupos policiales que funcionaran como arma contra grupos o partidos de derecha o extrema derecha. El sesgo ideológico se muestra bastante evidente.

La historiografía, de hecho, define como “guerra sucia” a los abusos de poder en forma de violencia y represión utilizada por los aparatos policiales con la connivencia del Gobierno de España para luchar contra el terrorismo y que durante los años 80 tomó forma de “terrorismo de Estado” con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), conformado a su vez a partir de grupos violentos ultraderechistas como el Batallón Vasco Español, culpable por ejemplo del asesinato de la activista de izquierdas Yolanda González.

A día de hoy, se ha denunciado en múltiples ocasiones que para la justicia y las fuerzas policiales españolas no exista el terrorismo fascista.

El segundo ejemplo de esta vinculación con la extrema derecha lo ofrecen los datos agregados. En este caso, la relación que existe entre porcentaje de voto a Vox, máximo representante actual de la ultraderecha española, y distritos electorales en los que se ubican cuarteles y bases militares.

Siendo Vox es el partido número uno entre los militares, tampoco resulta sorprendente observar cómo ha conseguido adelantar al PP, arrebatándole su hegemonía, dentro de los cuartes de la Guardia Civil. En las elecciones de abril de 2019, el partido de ultraderecha ya consiguió de media un 16,7% de voto en las zonas donde se situaban cuartes de la Guardia Civil, consiguiendo el primer puesto en muchas de ellas como en la Dirección General del cuerpo en Madrid.

A primera vista podría parecer que los datos no muestran un gran predominio, pero hay que tener en cuenta otros factores. Primero, que son datos de abril de 2019, momento en el que Vox se situaba como quinta fuerza electoral, por lo que actualmente el porcentaje de voto debe de ser mucho más elevado como resultado del desplome de apoyo electoral de Ciudadanos (el cual era en esas elecciones segunda fuerza política en los cuarteles). Segundo, los resultados electorales deben complementarse con otras formas de apoyo político.

En este sentido, la tercera línea de vinculación se encontraría en la radicalización de los sindicatos policiales y la vinculación de estos con el partido ultraderechista. La demostración más clara de ello es el auge y hegemonía actual del sindicato Jupol, surgido de la plataforma Jusapol.

Jusapol fue creada en el año 2017 como una asociación “apolítica y asindical” cuyo objetivo residía, cómo su propio nombre sugiere, en la equiparación salarial con las policías autonómicas. Justicia Salarial Policial. Debido a su enorme vinculación y simpatía con Vox, es conocido popularmente como el “Vox policial”.

Desde sus inicios, diferentes partidos políticos han intentado utilizarlos políticamente. El ejemplo más claro de ello fue Ciudadanos, pero con el partido que mejor relación y conexión han logrado ha sido con Vox.

No es de extrañar puesto que, bajo la capa superficial de reivindicaciones salariales, el sindicato esconde un evidente ultranacionalismo español, e incluso ciertos rasgos xenófobos.

Jusapol fue la única plataforma policial que no condenó la represión del 1 de octubre en Cataluña y, además, rindieron homenaje a los antidisturbios que participaron en la misma.

De igual forma, el sindicato apoyó abiertamente la candidatura de Vox para las elecciones andaluzas de 2018, dirigentes del partido ultra participan activamente en sus manifestaciones y dan voz a sus reivindicaciones, y muchos de sus miembros son abiertamente del partido o de partidos de extrema derecha como el subinspector Alfredo Perdiguero o el youtuber Jandro Lion, por ejemplo.

El sindicato presenta una tendencia clara hacia posiciones de ultraderecha. Más concretamente, presenta una simpatía más que evidente hacia Vox. El motivo de por qué es un ejemplo de la vinculación de la ultraderecha y de los cuerpos policiales es que este sindicato posee actualmente 8 de los 14 puestos del Consejo de la Policía, ganando las elecciones al Consejo con un 58,4% de los votos en 2019. Porcentaje que se evidencia aún más al añadirlos numerosos casos de chats, imágenes o declaraciones ultraderechistas de muchos de sus miembros.

Conclusiones

Al tenor de lo expuesto en el artículo, podría concluirse que los abusos de poder de la policía española son un problema persistente, importante y preocupante que, además, está en alza.

La ingente cantidad de casos, la impunidad de los agresores y la pasividad o complicidad del resto de integrantes de los cuerpos son elementos habituales a pesar de los esfuerzos individuales o grupales de muchos sectores de los mismos que tienen como objetivo un correcto funcionamiento de las actuaciones policiales.

Solo a través de la derogación de la Ley Mordaza, de una depuración y control de los elementos más radicales dentro de los cuerpos, de la formación de los agentes en torno a valores democráticos y cívicos, y de mecanismos de protección ciudadana contra los abusos, se podrán conseguir mitigar y reducir la triste realidad que representa actualmente la violencia policial.

Valentín Pozo. Articulista. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y apasionado de la investigación. Experiencia en movimientos estudiantiles y sociales. En mis artículos intento ofrecer un enfoque analítico más orientado a las ideologías y teoría política.

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