La Federación Andaluza ENLACE, en nombre y representación de las entidades andaluzas del ámbito de las adicciones también representadas por otras Federaciones como REDES, FAAR, FAJER y AL-ANDALUS, compareció ayer ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento Andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021. Estas federaciones representan a 180 entidades que atienden anualmente a más de 90.000 personas en programas de acompañamiento, tratamiento, incorporación social y prevención de adicciones.
Auxiliadora Fernández, tesorera de ENLACE, explicó en la comparecencia que, “aunque el Presupuesto total para la Comunidad Autónoma aumenta un 4,28%, el Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aumenta solo un 2,57%. Consideramos que, en estos momentos de crisis, las políticas sociales merecen un esfuerzo presupuestario mucho mayor (al menos proporcional al incremento general), ya que las necesidades más básicas y el número de personas y familias que las están sufriendo se han disparado con la aparición de esta pandemia y el panorama a corto plazo no tiene visos de mejorar. Las entidades sociales estamos desbordadas, atendiendo a más personas que antes con menos ayudas que antes, cubriendo la función de muchos recursos públicos que se encuentran a medio gas e incluso sin atención presencial (servicios sociales, centros de salud, oficinas del sae, del sepe, de la seguridad social, etc.)”.
Pasando al presupuesto destinado a Adicciones, que se encuentra dentro de la Consejería de Salud y Familias, las entidades consideran que la bajada es grave e injustificada, ya que el Plan Andaluz sobre Drogas y otras disminuye un 6,5% respecto a 2020. En palabras de Auxiliadora Fernández, “no le encontramos justificación alguna a esta bajada ante la realidad que vivimos día a día. Los problemas de adicciones no han disminuido, y además nos encontramos con nuevas demandas que nos desbordan a las que estamos intentado darle nuevas respuestas, con el esfuerzo que eso supone, sobre todo de adicciones sin sustancia (apuestas, juego on-line, móviles) y casos de patología dual muy difíciles de abordar y que necesitan de recursos extras con los que no contamos actualmente. También estamos detectando un aumento en consumos que se encuentran muy invisibilizados, como son los que se realizan en casa, a escondidas, mayoritariamente de mujeres y de sustancias legales, como fármacos o alcohol”.
La partida destinada a subvenciones a entidades privadas que ejecutan proyectos de prevención e intervención sufre una bajada del 23,5%, casi una cuarta parte del presupuesto de 2020. En cuanto a las transferencias de capital, dirigidas a proyectos de reforma y construcción, directamente desaparecen: de 614.208 € en 2020, pasan a 0 en 2021.
Los conciertos con instituciones del sector privado sí aumentan respecto a 2020, un 12%, pero, las entidades de adicciones consideran que “esa subida no es suficiente para cubrir los planes previstos para 2021. A corto plazo, todos los recursos asistenciales actualmente conveniados con entidades del Tercer Sector (comunidades terapéuticas, viviendas de apoyo al tratamiento, viviendas de apoyo a la reinserción, centros de encuentro y acogida, centros de tratamiento ambulatorio y centros de día) tienen que pasar a concierto social, pero con unos precios/plaza ajustados a los costes reales. El precio/plaza de los recursos de adicciones lleva congelado desde hace más de 10 años. En la anterior crisis económica se bajaron y nunca han sido actualizados ni siquiera con la subida del IPC. Mientras tanto, las exigencias técnicas y administrativas por parte de la Administración han ido aumentado, los costes de personal han ido subiendo año tras año y, en las nuevas circunstancias marcadas por la Covid19, han surgido nuevos costes no previstos (de EPIs, test, etc.) y menos ingresos (por ejemplo, en los recursos residenciales, los protocolos impiden que se ocupen todas las plazas porque hay que aislar a las personas que ingresan)”.
Auxiliadora Fernández finalizó su intervención solicitando “a todos los grupos que estudien la posibilidad de aumentar las partidas de las Consejerías de Igualdad y Salud señaladas, disminuyendo otras menos prioritarias para la ciudadanía andaluza, como pueden ser, por ejemplo, algunas partidas del Programa de Comunicación Social de Presidencia”.
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